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La Administración autonómica catalana ha decidido poner luz y taquígrafos a las cuentas de todos los partidos y asociaciones políticas con representación en el Parlamento catalán y a los que se presenten a las elecciones aunque no obtengan diputados. Según ha podido confirmar El Confidencial de fuentes de la Consejería de Economía, que dirige el socialista Antoni Castells, la Sindicatura de Cuentas –el tribunal de cuentas autonómico- “fiscalizará anualmente las cuentas de los partidos políticos, federaciones y asociaciones políticas, por lo que cada ejercicio estas agrupaciones deberán entregarle las cuentas de ingresos y gastos para ser sometidos al análisis de la Sindicatura”.

El gobierno catalán tramitará esta misma tarde el anteproyecto de ley de reforma y ampliación de atribuciones de la Sindicatura, que será discutido en el Parlamento autonómico con carácter de urgencia. Ésta es la primera vez que, en toda España, un tribunal de cuentas autonómico entrará a verificar si los ingresos y los gastos de los partidos se ajustan a la legalidad. La institución emitirá un informe anualmente relatando cada una de las partidas en las que incurren, a nivel presupuestario, las asociaciones políticas.

Hasta el anteproyecto de ley que aprobará hoy el Tripartito catalán, la Sindicatura de Cuentas tenía el mandato legal de fiscalizar las cuentas del Ejecutivo autonómico, el Parlamento catalán, las diputaciones provinciales y todas las empresas y organismos de competencia autonómica. La institución, sin embargo, sólo podía fiscalizar los recursos presupuestados por las organizaciones políticas en las campañas electorales de las autonómicas, quedando fuera de sus competencias las cuentas de los partidos y cómo se financian otras campañas electorales, como las municipales.

Con la ampliación de atribuciones, al control y fiscalización de las cuentas de los partidos, el ejecutivo que preside José Montilla pretende acabar con el “oscurantismo” en el detalle de las cuentas de las organizaciones políticas. Con esta reforma competencial, CiU, PSC, ERC, ICV-EUiA, PP y Ciudadanos, así como las asociaciones políticas y federaciones, deberán someterse al dictamen de los jueces para explicar y detallarles con qué recursos se financian.

Fuentes de la Generalitat también aseguran que con esta modificación legal también podrán evitarse, porque se aclararán de forma pública, las “filtraciones interesadas” y polémicas como la que protagonizaron hace cuatro años el PSC y La Caixa sobre los créditos pendientes de pago destinados a la financiación de una formación política.