Camps encubrió el pago a Urdangarín porque era un "contrato confidencial"

Era un "contrato confidencial". Ese fue el argumento empleado por Francisco Camps para justificar su negativa a revelar la cantidad que la Generalitat pagó a Iñaki Urdangarín para promocionar la candidatura de Valencia como sede de los I Juegos Europeos. El Instituto Nóos, una entidad dedicada al marketing deportivo presidida entonces por el yerno del Rey, cobró más de tres millones de euros del Ejecutivo autonómico a cambio de su mediación. Pero el esposo de la infanta Cristina de Borbón fue fichado por Telefónica, se desentendió del proyecto y éste cayó en el olvido.

Camps recurrió a la empresa pública CACSA -Ciudad de las Artes y las Ciencias S. A.- para suscribir en 2005 un contrato con el Instituto Nóos cuyo objeto era la "preparación de la candidatura de la Comunidad Valenciana como sede de la primera edición de los Juegos Europeos". CACSA es una firma controlada por la Generalitat -el presidente de su consejo de administración es Gerardo Camps, vicepresidente del Gobierno autonómico y conseller de Economía- que gestiona el complejo arquitectónico y cultural diseñado en Valencia por Santiago Calatrava.

Tras la firma del contrato, Camps y Urdangarín presentaron públicamente la candidatura de Valencia durante un acto oficial celebrado en el Palau de la Generalitat el 21 de octubre de 2005. "La celebración de unos Juegos Europeos en Valencia es para mí un reto personal que me voy a tomar con el máximo interés", aseguró entonces el duque de Palma. Pero éste abandonó seis meses después la presidencia del Instituto Nóos y en junio de 2006 fue contratado por el presidente de Telefónica, César Alierta, como consejero de la filial Telefónica Internacional.

La renuncia de Urdangarín se produjo justo después de que el caso Palma Arena salpicase al propio yerno del Rey, al trascender que el entonces presidente de Baleares, Jaume Matas, le pagó 1,2 millones de euros por la organización de un foro internacional en Palma de Mallorca sobre deporte y turismo. El juez instructor del caso, José Castro, que investiga el presunto desvío de fondos públicos en la construcción de un velódromo en la capital balear y el supuesto incremento irregular del patrimonio de Matas, reclamó el pasado mes de julio al Instituto Nóos que acredite documentalmente "haber rendido cuentas de los fondos recibidos".

Vulneración del contrato

Tras la salida de Urdangarín del Instituto Nóos y la paralización de la candidatura de los Juegos Europeos, el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento valenciano preguntó por escrito al Ejecutivo de Camps todos los detalles del contrato firmado por CACSA y la entidad presidida por el duque de Palma. Pero el presidente de la Generalitat se escudó en que se trataba de un "contrato confidencial" y el Gobierno autonómico se negó a facilitar información al PSOE, argumentando que si lo hiciera "vulneraría lo acordado con el proveedor del servicio", según señalaron ayer a El Confidencial fuentes del PSOE valenciano.

Dos años después, en 2008, los socialistas volvieron a preguntar a Camps en las Cortes valencianas por el proyecto que éste encargó a Urdangarín. La respuesta del Gobierno regional, el 25 de noviembre de ese año, certificó el rotundo fracaso de la candidatura: "El proyecto de Juegos Europeos fue tratado en comité en el seno de la 37ª Asamblea General de los comités olímpicos europeos celebrada en noviembre de 2007, y después de un debate por parte de todos los comités representados en dicha reunión fue desestimada su puesta en marcha", fue la escueta respuesta por escrito de la consellera de Cultura y Deporte de la Generalitat, Trinidad Miró.