Blanco logra el respaldo del Congreso para su decreto sobre los controladores

El ministro de Fomento, José Blanco, ha obtenido hoy, en el pleno del Congreso, un apoyo mayoritario para su decreto-ley, que regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, en vigor desde el pasado viernes, a pesar de ciertas críticas que han manifestado prácticamente todos los portavoces parlamentarios.

No obstante, el ministro ha manifestado también hoy que está dispuesto a mejorar la reforma realizada por el decreto-ley que regula el control de navegación aérea mediante la tramitación en la Cámara como un proyecto de ley.

Blanco, que defendió en el Congreso la convalidación del real decreto-ley, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, relativo al servicio público de control de la navegación aérea, indicó que con esta reforma "queremos garantizar tanto la continuidad en la prestación del servicio de tránsito aéreo como su sostenibilidad".

Asimismo.el ministro justificó la promulgación de este decreto por considerar la navegación aérea como un servicio público y añadió que el Gobierno tiene la obligación de hacer que el servicio se preste en condiciones de continuidad. En ese sentido, todos los partidos, a excepción de Izquierda Unida (IU), han respaldado, no libres de dudas, el decreto, pero han pedido que se tramite como un Proyecto de Ley.

Todos los portavoces han manifestado sus dudas respecto al sistema de información de vuelo Afis, cuya implantación en aeropuertos con menos tráfico contempla el decreto, en Canarias hay dos aeródromos sensibles a su incorporación, Gomera y El Hierro, por lo que CC ha pedido "responsabilidad, rigor y garantías absolutas de seguridad" a la hora de tomar decisiones al respecto.

"Queremos garantizar la continuidad del servicio"

A juicio de Blanco, el Gobierno ha decidido aprobar esta norma al comprobar que en la situación actual no estaba garantizada la prestación del servicio con continuidad , y dijo que no puede renunciar a sus obligaciones (el Gobierno) como garante del interés público". En su justificación, el ministro de Fomento recordó que el actual convenio de los controladores con AENA expiró el 31 de diciembre de 2004 y destacó que durante todo este tiempo, cinco años, ha sido imposible alcanzar un acuerdo para un nuevo convenio.

Durante este tiempo se han celebrado 65 reuniones entre AENA y los representantes de los controladores y desde el ente público se han presentado hasta 10 propuestas diferentes que no han sido aceptadas.

Negociación tras negociación, dijo Blanco, el resultado siempre ha sido el mismo, "forzar un acuerdo extraestatutario en condiciones leoninas, bajo la amenaza de colapsar los aeropuertos en los periodos de mayor tráfico aéreo".

El ministro afirmó que este año "se pretendía repetir el mismo escenario", ya que a 31 de marzo finalizaba el pacto en el que se fijaba la ampliación de jornada y las retribuciones, y a partir del 1 de abril AENA "no hubiera podido garantizar la continuidad en la prestación del servicio".

Si se aceptaran las exigencias de los controladores, Blanco cuantificó en un coste salarial de 910 millones de euros para 2012, lo que contrasta con el coste en Alemania de 271 millones de euros o el de Francia de 300 millones de euros. "Estas cifras España no se las puede permitir, porque no podemos pagar por un servicio público casi el doble de lo que se paga en el resto de Europa", porque es "incompatible" con la situación de la economía española.

Blanco clarificó que con este decreto-ley se quiere ahorrar en los costes y rebajar las tasas de navegación aérea que son en España de las más caras de Europa, y anunció que en 2011 van a descender un 8% y en 2012 otro 7%, lo que supone que en dos años descenderán un 15%.

De esta forma las tasas de navegación en España se pondrán al mismo nivel que en los cinco países con más tráfico aéreo de Europa y supondrán un ahorro anual de 120 millones de euros. No obstante, el ministro dejó claro que se va a mantener una vía abierta al diálogo y al acuerdo, y por ello AENA se ha reunido con los representantes de los controladores para negociar un nuevo convenio colectivo, bajo las nuevas premisas que establece el decreto-ley.