Baltasar Garzón pierde la batalla y queda apartado de la carrera judicial

Ha sido un largo año para Baltasar Garzón. Justo hace un año, el sindicato Manos Limpias se puso como objetivo apartar al juez de la carrera judicial y sentarle en el banquillo de los acusados por prevaricador. Al final, lo ha conseguido. El magistrado ha luchado hasta el final para intentar anular un proceso abierto por aceptar en su día investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, con quien por cierto mantenía una buena relación, le avisó por activa y por pasiva que no era competente para abrir ese proceso, a pesar de la reiterada petición de las víctimas.

Garzón no le quiso atender y fue a por todas. Ahora, ha pagado por no escuchar a todos aquellos que ya le advirtieron que se iba a meter en problemas. Después de un largo proceso de autos, diligencias y recursos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha confirmado lo que todos se esperaban, la suspensión de manera cautelar de Garzón. Es decir, hasta que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no enjuicie al magistrado y dicte sentencia no se le levantará esta medida. Si finalmente es condenado, quedará inhabilitado por los años acordados y si es absuelto podrá volver al Juzgado Central de Instrucción número 5, donde lleva veintidós años.

Una vez instruida la causa, Luciano Varela dictó el pasado miércoles el auto de apertura de juicio oral, es decir, que daba por concluida la investigación y considera que hay indicios suficientes para enjuiciarle: la suspensión era prácticamente automática.

Sólo había que dar tiempo a que el órgano de los jueces al completo, es decir en pleno, se reuniera para votar. En un principio, se iba a esperar al próximo miércoles, pero un grupo de siete vocales, del ala conservadora, no querían aplazarlo más y convocaron un pleno extraordinario para el viernes. Por unanimidad y basándose en el artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos los vocales han acordado suspenderle, incluido el propio presidente, Carlos Dívar, que fue jefe de Baltasar Garzón cuando presidía la Audiencia Nacional.

Los únicos vocales que no votaron fueron el vicepresidente Fernando de Rosa y la progresista Margarita Robles, que se abstuvieron de manera voluntaria de la votación después de que el magistrado les recusara. Gema Gallego, la tercera recusada, sí votó después de que el pleno acordara rechazar la petición de Garzón al entender que no existía enemistad manifiesta.

La decisión provocó la indignación de varios vocales del sector progresista del CGPJ, que llegaron a calificar de "desleales" a los miembros conservadores de dicho órgano.

Por otro lado, cientos de personas se concentraron este viernes ante la sede de la Audiencia Nacional para apoyar a Garzón. Los manifestantes llevaban pancartas en las que se podía leer 'Contra la impunidad del franquismo' y 'En Solidaridad por las víctimas', aparte de corear consignas a favor del juez. Entre los manifestantes, se encontraba el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara.

De nada sirvieron los recursos

Baltasar Garzón ha intentado durante este año no llegar a esta situación. Ha recurrido todo lo recurrible, ha pedido la nulidad de todas las actuaciones realizadas tanto por Varela como por el CGPJ. Pero nada ha servido. El juez instructor tenía meridianamente claro que existen suficientes indicios de que el magistrado pudo cometer un delito de prevaricación y ha decidido sentarle en el banquillo. La Sala de lo Penal tampoco ha apoyado al imputado, al rechazar todas sus peticiones, inclusive la de recusar al propio Varela por falta de parcialidad en el proceso y por colaborar con las acusaciones Manos Limpias y Falange Española. El tiro le salió mal cuando el instructor echó del proceso a esta última formación por no cumplir con el mínimo rigor jurídico en su escrito de acusación.

El último intento de Garzón para salir airoso de esta situación fue solicitar al órgano de los jueces un permiso para ir como consultor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Si no se hubiera celebrado un pleno extraordinario, los plazos le cuadraban. La Comisión Permanente tenía que estudiar primero si le concedía ese permiso de estudios. Una vez fuera de la Audiencia Nacional, la suspensión dejaba de tener valor porque en la CPI, con sede en La Haya, no actúa como juez y por tanto sí puede ejercitar esa labor.

Sin embargo, fuentes jurídicas explican que una vez que está suspendido ya no puede solicitar ningún permiso. De todas maneras, una vez que el pleno extraordinario ya había decidido suspenderle, la Comisión Permanente, compuesta por cinco vocales, se reunió para estudiar los informes que habían solicitado para tal fin. Todos eran favorables, incluido el del Ministerio de Asuntos Exteriores, excepto el del servicio de personal del propio Consejo. Después de dos horas, acordaron aplazar la decisión y solicitar nuevos informes.

Garzón lo ha intentado, pero al final no ha podido librarse de su peor pesadilla: que le retiren de la carrera judicial. Y así lo dejó reflejado al conocer la noticia. Ayer se le pudo ver sensiblemente emocionado, triste y lloroso al salir por última vez, por lo menos de manera temporal, de la sede judicial donde ha pasado la gran parte de su trayectoria como juez. Varios de sus compañeros le acompañaron hasta el coche para despedirle entre abrazos y aplausos. Junto a él, se pudo ver a dos de sus amigos incondicionales, los jueces Santiago Pedraz y Fernando Andreu. Funcionarios de su Juzgado y magistrados de Sala también quisieron despedirse de él.