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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que celebró ayer el último pleno del año, eludió abordar las posibles responsabilidades disciplinarias del magistrado Baltasar Garzón al conocerse que gestionó personalmente con Emilio Botín, presidente del Grupo Santander, el patrocinio de dos seminarios dirigidos por el magistrado para la Cátedra Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York en los años 2005 y 2006. En dicha fechas Garzón disfrutaba de una licencia por estudios y a su regreso al juzgado archivó una querella contra directivos del Santander, entre ellos el propio Botín, por las “cesiones de créditos”. La decisión fue respaldada después por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La documentación que demuestra las gestiones del magistrado ha sido remitida por el Banco de Santander a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que está pendiente de decidir si admite a trámite una querella por prevaricación y cohecho presentada fechas atrás contra el magistrado por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, al entender que en el archivo de la querella contra los directivos del Santander pudo influir el patrocinio de la entidad bancaria a los seminarios del juez en Nueva York.

El Supremo requirió a la entidad bancaria el expediente sobre el patrocinio en dos oficios de fechas 15 de septiembre y 24 de noviembre pasados, que fueron respondidos por Jaime Pérez Renovales, director de la Asesoría Jurídica del banco, el pasado día 14. Entre la información remitida a la Sala Segunda figuran cuatro cartas que Baltasar Garzón dirigió a Emilio Botín para remitirle sus propuestas de presupuesto y agradecerle la financiación de los cursos. El magistrado se dirige a su interlocutor como “querido Emilio”, y se despide de él con “un gran abrazo”. También se adjuntan dos correos electrónicos de 10 y 27 de marzo de 2006 y cartas de invitación a los seminarios.

Expediente disciplinario

Al margen del procedimiento penal, los letrados antes citados presentaron ayer una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial para que abra un expediente disciplinario al juez por no haberse inhibido en la causa contra los directivos del Grupo Santander. El CGPJ ya archivó el pasado 2 de julio otra denuncia similar, aunque entonces no se conocían los datos ahora revelados. En aquella ocasión Garzón aseguró al órgano de gobierno de los jueces que no tenía ninguna relación directa ni indirecta con la citada entidad bancaria, ni de carácter económico ni de otro tipo, que le obligara a abstenerse de la causa abierta contra ellos. Declaraciones que ahora quedan en entredicho al conocerse la correspondencia que mantuvo con Emilio Botín.

El artículo 417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial considera falta disciplinaria “muy grave” la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas. Estas causas, recogidas en el artículo 219 del mismo texto legal, puntos 8 y 9, son tener interés directo o indirecto en el pleito, o amistad o enemistad manifiesta con la persona o personas incursas en el procedimiento. Las faltas “muy graves” pueden llevar a la separación de la carrera judicial, la suspensión temporal o el traslado forzoso del magistrado.

 La denuncia presentada ayer por los abogados antes citados solicita “la incoación de expediente disciplinario y la suspensión de funciones del juez denunciado por violación gravísima de la deontología judicial, no absteniéndose en causa donde se ha reconocido que tenía amistad e intereses varios con el querellado y solicitando patrocinios sustanciosísimos que tienen la condición de regalos pedidos y obtenidos en atención al cargo ocupado”. El CGPJ debe decidir ahora si toma o no en consideración la denuncia o bien inicia de oficio una investigación a la vista de los datos ahora conocidos. La apertura de la misma puede también ser solicitada por cualquiera de los vocales o por el propio presidente.

Garzón asegura que no ha cobrado del Santander

Baltasar Garzón hizo ayer pública una nota de prensa en la que asegura que “ninguna cantidad de dinero procedente de los fondos habilitados por el Grupo Santander para ese patrocinio fue destinada, directa o indirectamente, a mi retribución. Tampoco intervine en la gestión o administración de tales fondos. Esos cursos fueron organizados aprovechando mi estancia en Nueva York para otras funciones académicas y de investigación, cuya retribución se efectuaba con cargo a las dotaciones presupuestarias ordinarias tanto de la Escuela de Leyes como de la Cátedra Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York, según acuerdo cerrado con estas instituciones tiempo antes de que existiera el proyecto de los dos cursos que luego patrocinó el Grupo Santander”. El magistrado afirma que “ni en su origen, ni en su finalidad, ni en su utilización, la financiación de esos cursos se diferenció de las que habitualmente se llevan a cabo, tanto en centros universitarios de España como de otros países, por parte de empresas y entidades financieras”.

La creación de la Cátedra Rey Juan Carlos I de España de Cultura y Civilización Española se remonta a diciembre de 1983, con motivo de la visita del Monarca a la Universidad de Nueva York para ser distinguido con un doctorado honoris causa. El entonces rector, John Brademas, aprovechó la ocasión para anunciar la creación de la citada cátedra gracias a la contribución económica de Milton y Carroll Petrie, dos importantes filántropos de Estados Unidos. Entre los benefactores principales figuran Caja Madrid, La Caixa, la Fundación Ramón Areces, la Fundación Tabacalera, el Grupo Endesa, Iberdrola S.A, Telefónica de España y Renfe. Salvo ésta última y La Caixa, el resto de entidades son miembros de la Sociedad Sir Harold Acton, que honra las contribuciones que igualan o superan el millón de dólares.