ElConfidencial.com

¿Ordenó José María Aznar un "barrido informático masivo" de los archivos de La Moncloa cuando traspasó el poder a José Luis Rodríguez Zapatero en 2004? Así lo aseguró hace poco más de un año el actual presidente del Gobierno; y el líder del PP, Mariano Rajoy, le retó a que acudiese a los tribunales si tenía pruebas. Zapatero no lo hizo, pero sí la abogada Encarnación Martínez Segado, que en 2009 presentó una querella contra Aznar. Ahora, tras dos reveses judiciales, la Audiencia Provincial de Madrid acaba de admitir a trámite la recusación formulada por la letrada contra los magistrados que archivaron la denuncia.

El 18 de diciembre de 2008, casi cinco años después de ganar por primera vez las elecciones, Zapatero reveló que cuando llegó a La Moncloa descubrió que Aznar y su equipo habían realizado un "barrido informático masivo" que impidió al Gobierno socialista disponer, entre otros muchos datos, de "alguna prueba de los vuelos" militares de Estados Unidos con rumbo a la base de Guantánamo que hicieron escala en España. "Yo, por lo tanto, lo desconocía, y no lo hubiera permitido de haberlo sabido", dijo Zapatero al periodista Iñaki Gabilondo en una entrevista en Cuatro.

La querella de Martínez Segado contra Aznar fue archivada en dos ocasiones: primero por un juzgado de instrucción de Madrid, y el pasado 2 de noviembre -tras ser recurrida por la abogada- por la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Pero ahora, tras un nuevo recurso, la Sección 1ª de ese mismo tribunal ha admitido a trámite la recusación presentada por Martínez Segado contra los magistrados que decretaron el auto de archivo, para que sean otros jueces quienes decidan si el supuesto "borrado informático masivo" merece ser investigado.

La abogada considera que el ex presidente del Gobierno pudo haber cometido varios delitos, entre ellos el de daños. El Código Penal castiga con penas de uno a tres años de cárcel "al que por cualquier medio destruya, altere, inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos".

Otros dos delitos

La querella contra Aznar también apunta a un posible delito de infidelidad en la custodia de documentos, castigado con penas de prisión de uno a cuatro años, por considerar que el ex presidente del Gobierno pudo haber ocultado o destruído "documentos cuya custodia le estuviera encomendada por razón de su cargo", como reza el artículo 413 del Código Penal. Y aún señala un tercer delito: el de expolio del patrimonio documental del Estado, castigado con hasta tres años de cárcel.

Martínez Segado resalta en la querella la supuesta contradicción en la que incurrió el Gobierno socialista, que "públicamente proclamó su voluntad de no exigir responsabilidades" a Aznar. La abogada recuerda que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que el Ejecutivo no acudiría a los tribunales "porque desconocía la naturaleza de la documentación desaparecida", afirmación que, en su opinión, "queda desvirtuada" por las palabras de Zapatero, "que sí concretó cuáles son algunos de esos documentos: la prueba de los vuelos militares a Guantánamo que hicieron escala en España".

Aznar autorizó la escala en aeropuertos españoles de aviones militares de EEUU que trasladaban presos a la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, pero lo ocultó a la opinión pública, según trascendió a finales de 2008, poco antes de que Zapatero revelase el "borrado informático masivo" supuestamente ordenado por Aznar.

Sin embargo, un informe de la Comisión Europea reveló más tarde que casi la mitad de los 68 vuelos con destino a Guantánamo hicieron escala en nuestro país con Zapatero ya en el Gobierno. Otro informe de Amnistía Internacional aseguraba que unos 200 prisioneros islamistas fueron trasladados en vuelos de la CIA que recalaron en aeropuertos españoles entre enero de 2002 y septiembre de 2007.