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La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y de forma simultánea el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Chiclana de la Frontera, procederán en la mañana del jueves, 11 de febrero, a subastar tres fincas propiedad de Manuel Prado y Colón de Carvajal, intendente que fue del Rey Juan Carlos I, fallecido en su domicilio de Sevilla el pasado 5 de diciembre. El objeto de la subasta es cubrir con el remate que se obtenga las cantidades reclamas al diplomático como consecuencia de la ejecución de las sentencias de las operaciones Wardbase y Pincinco (caso KIO).

La subasta ha despertado gran interés entre gente adinerada de Madrid y Sevilla, con algunos grandes apellidos interesados en hacerse con esas propiedades. La Audiencia Nacional reclama al diplomático y empresario 12.020.242,40 de euros de principal más 25.995.417,39 de intereses liquidados provisionalmente por la operación Wardbase; y 80.000.000 de euros más 109.672.876,70 de intereses por la operación Pincinco. En total, más de 92 millones como principal, y casi 136 de intereses, cifras muy superiores al valor de las fincas a subastar.

Una diferencia que explica la angustia que ahora embarga a la viuda del fallecido, Celia García Corona y Vallés. En efecto, fuentes solventes consultadas por este diario aseguran que “mientras Manuel Prado agonizaba en la habitación de su casa de Sevilla”, oficiales del Juzgado entraron en el inmueble, sito en el Paseo de la Palmera 47, y se llevaron, entre otros objetos de valor “un retrato de la propia Celia García pintado por Rebelló del Toro, porcelanas, espejos, incluso las condecoraciones del fallecido”.

Pocos días después de la muerte de Prado, “el juzgado requisaba el palacete del sevillano Paseo de la Palmera, así como un piso de su propiedad sito en la calle Claudio Coello de Madrid”. De acuerdo con las fuentes, “la buena sociedad sevillana ha asistido indignada a la situación de indefensión por la que atraviesa Celia García Corona y los dos hijos del matrimonio. Particular pesar ha causado en la viuda el pobre comportamiento de la Casa Real, tanto en estos lances finales como en el último tramo de la vida de Manuel Prado”.   

Las tres fincas a subastar se encuentran ubicadas en el término municipal de Alcalá de los Gazules, provincia de Cádiz, partido judicial de Chiclana, razón que explica que la subasta se celebre también en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de esa localidad costera. De acuerdo con la información aparecida en la web andalucíainformación.es, la primera y más grande de las fincas, denominada El Carrizoso, cuenta con una superficie de 833,50 hectáreas de “tierra de labor y pastos, con una casería, varias habitaciones, cocina, cuadra, corral y dos casillas de material para ganaderos dentro de sus límites”. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Medina Sidonia a nombre de Dehesa del Carrizoso, S.A., está valorada en 7.497.000 euros.

Dos fincas más de menor tamaño

La segunda finca a subastar es la dehesa denominada Los Tallones, igualmente ubicada en el término municipal de Alcalá de los Gazules. Cuenta con una extensión de algo más de 158 hectáreas. La titularidad de la misma corresponde igualmente a la sociedad Dehesa del Carrizoso, S.A., y está valorada en 1.110.124,40 euros. La tercera finca del lote a subastar es la denominada Dehesa de Alberite, de 248 hectáreas, bajo la titularidad de Dehesa del Carrizoso SA, y con una valoración de 2.232.000 euros. La valoración total del lote a subastar asciende a los 10.839.124 euros.

Quienes deseen participar en la puja a partir de las 10,30 de la mañana, deberán presentar previamente resguardo que acredite haber depositado, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 30% del valor total de la tasación de la finca objeto del deseo, ello de acuerdo con el procedimiento de la Ejecutoria seguida por el citado tribunal contra el diplomático y empresario fallecido.

Administrador privado del Rey durante más de 20 años y senador por designación Real, Prado y Colón de Carvajal ingresó en abril de 2004 en la cárcel de Sevilla para cumplir una condena de dos años por el caso Wardbase. Por razones humanitarias se le concedió el segundo grado penitenciario dos meses después. Como responsable de Grand Tibidabo, en febrero de 2008 fue condenado por apropiación indebida a tres meses de prisión por la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo ya le había condenado a un año de prisión por apropiación indebida en septiembre de 2007 por un desvío de dinero del Grupo Torras.