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El 19 de febrero de 2009 ha quedado grabado a fuego en la memoria del “muy honorable” presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. De madrugada, un telefonazo urgente, a las seis de la mañana, le despertaría sobresaltado de la cama. Arrancaba para él una de sus peores pesadillas. El caso Gürtel tomaba forma en sus dominios. Anticorrupción le implica en la red que lidera Rafael Correa por haber aceptado supuestamente regalos, en forma de trajes, procedentes de empresas ligadas a la trama corrupta. "En Democracia, a diferencia de la dictadura –diría Camps en aquella aciaga jornada-, quien llamaba al albor de la mañana era el lechero y no una falsa imputación".

Desde entonces, han transcurrido 365 días a ritmo de titulares de infarto, filtraciones y querellas que han dejado maltrecha la imagen pública del líder de los populares valencianos y han salpicado de lleno a Ricardo Costa, cesado como secretario general del partido el pasado mes de octubre tras una tensa y convulsa semana de forcejeos entre Génova y la capital del Turia. Pero el último capítulo de Gürtel, sin embargo, aún está por escribirse después de que, ayer mismo, el Tribunal Supremo prorrogase durante un mes más y por séptima vez consecutiva el secreto de las actuaciones llevadas a cabo en torno a la trama corrupta.

La caja de los truenos la destapó en Valencia la empresaria imputada, Isabel Jordán, que en unas grabaciones mencionó el pago de 30.000 euros en trajes que Álvaro Pérez, alias “el bigotes” y gerente de Orange Market, le habría regalado a Camps. El presidente, arropado por su Consell y por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá –su principal apoyo en estos meses-, no tardaría en desmentirlo rotundamente. Pedía “tranquilidad y paciencia” porque, antes o después, el partido saldría “reforzado”. Poco podía imaginar el largo camino de altibajos y golpes que aún le quedarían por encajar. El acoso mediático se volvería brutal y el siguiente revés no tardaría en llegar. El 5 de marzo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le imputa y envía el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante la existencia de indicios contra él.

Sería el principio de un largo vericueto judicial que a punto estuvo de sentarle en el banquillo y ante un jurado popular. El magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV, José Flors, dictó el 6 de julio un auto con “11 indicios” contra él. A su juicio, el artículo 426 del Código Penal no requería de ningún tipo de relación entre el regalo y la contraprestación que los líderes de la red corrupta pudieran haber recibido por parte de la administración valenciana. Bastaba con que un cargo público recibiese regalos fuera de los usos aceptables para que se pudiera dar un presunto delito de cohecho impropio.

Pero la interpretación del magistrado se vería desautorizada apenas 28 días después por los tres magistrados del TSJCV que archivaron por dos votos a uno la causa contra Camps por entender que los regalos no son delito en sí mismo si no están vinculados a una “actitud favorecedora” concreta que no se pudo establecer entre el presidente y la trama corrupta.

El Partido Popular echó entonces las campanas al vuelo y respiró aliviado. Mariano Rajoy llegó a decir entonces, con su fina ironía gallega, que habían “ganado los vendedores de tila… porque hay algunos que, sin duda, están de los nervios”.

Mariano Rajoy no aludía, claro está, a su barón de Valencia, pero su ironía no tardaría en volvérsele en contra. El tiempo volvió a situar de nuevo a Camps en el centro de una nuevo terremoto que acabó por darle la puntilla y hacerle perder los papeles en más de una ocasión, ésta vez a cuenta del tira y afloja de su mano derecha, Ricardo Costa, con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Camps, el hombre habitualmente tranquilo y de actitud esquiva pasó entonces sus días más tensos y llegó a decirle a su oponente socialista, Ángel Luna, que, si por él fuera, “le encantaría que yo apareciera en una cuneta”.

Órdago al Partido Popular 

En esas, Camps planteó un órdago que la dirección nacional de su partido no estaba dispuesta a aceptar: la posibilidad de convertir a su número dos en conseller de su Gobierno para evitar que una posible caída de Costa terminase por arrastrarle a él también. En Génova, sin embargo, el ultimátum fue claro. Costa debía ser cesado de inmediato como secretario general del partido y como portavoz del PP en las Cortes valencianas. Pero cuando Cospedal daba ya a Costa por finiquitado, el PPCV lo mantenía en su puesto vía un comunicado. La guerra interna apenas duró unas horas. Génova se impondría finalmente suspendiéndole de militancia tras reconocer Costa, en unas declaraciones, que él seguía siendo secretario general.

Cuentan en su entorno que al líder valenciano le dolieron especialmente algunos comentarios que sus hijos tuvieron que escuchar de sus compañeros de escuela. Ataques como el que le dedicó la diputada Mónica Oltra, del grupo Compromis, que llegó a acudir a un pleno de las cortes valencianas con una camiseta con el rostro de Camps y la leyenda: “Se busca. Solo vivo”. El estrés y la tensión de los últimos meses, especialmente en octubre, le hicieron incluso sufrir frecuentes crisis de ansiedad. Y en medio de ese campo de minas, Camps no dudó en encomendarse a lo más alto y recurrir a un consejero espiritual, a un sacerdote amigo, para encontrar consuelo en medio de tanta noticia adversa.

Desde la "conciencia tranquila" que dijo tener el 5 de marzo hasta el "ratito largo" que decía le quedaba una semana más tarde, hasta la negación de haber recibido regalos que hizo en mayo pasado o la defensa de la "legalidad" de las actuaciones de Costa en octubre, Camps ha tenido que afrontar este caso y este último año ante la atenta mirada de decenas de medios de comunicación nacionales y bajo un escrutinio diario que le ha dejado tocado, muy tocado, dentro y fuera de su partido.