la comisión cierra sin dictamen final

Podemos libra a Chaves y Griñán como responsables del fraude de los cursos

Los diputados ‘morados’ se niegan a votar y permiten que el PSOE saque adelante sus tesis. El Parlamento reduce a "anomalías" lo ocurrido con 3.000 millones de euros

Foto: Los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán (i) y Manuel Chaves. (EFE)
Los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán (i) y Manuel Chaves. (EFE)

Meses y meses de trabajo sin un dictamen final. La comisión de investigación que se abrió en octubre de 2015 para esclarecer lo ocurrido con los 3.000 millones de euros destinados a la formación de parados andaluces desde 2002 hasta 2012 se cerró en el Parlamento andaluz sin fijar ningún tipo de responsabilidad política. Triunfó el PSOE de Susana Díaz.

Ciudadanos, que presidió los trabajos, señaló a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán como responsables políticos, algo que respaldó el PP y dos diputados de IU. El resto de diputados de la federación de izquierdas no supieron pulsar el botón a tiempo y Podemos explicó en los pasillos de la Cámara que no había votado porque no querían participar de un “fraude” . A preguntas de este periódico negó que hubiera alcanzando un acuerdo bajo cuerda que permitiera, contra todo pronóstico, ganar al grupo socialista. Si hubieran votado, el PSOE habría perdido.

Finalmente no se delimitó quién fue responsable porque como defendió el diputado socialista Rodrigo Sánchez Haro, que hizo una intervención triunfalista, pese a que supuestamente iban a perder este pulso político, “no ha existido ningún tipo de fraude”. Vence la tesis que pusieron sobre la mesa los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, ambos imputados: “Esto es un bluf generado por la catarsis de los ERE”.

“Han fracasado”, proclamó al subir a la tribuna el socialista, acusando a la oposición de querer abrir una causa general para cobrarse la cabeza de Susana Díaz. Insistió en que se pidiera “perdón a las víctimas”, refiriéndose al medio centenar de ex altos cargos y exalcaldes socialistas detenidos en distintas operaciones policiales. La causa estuvo abierta hasta en 18 juzgados andaluces y la mayoría de las piezas con responsables políticos se han archivado. La juez María Núñez Bolaños, sucesora de Mercedes Alaya, archivó la pieza política que ponía en el punto de mira a los expresidentes en una tesis construida con el mismo patrón que los ERE, por lo que sí se sentarán en el banquillo.

3.000 millones de euros

Desde que estalló el caso de la formación, en abril de 2014, la Junta ha acusado al Gobierno central de manipular la investigación policial para hablar de “fraude masivo” y de “causa general”. En aquel momento trascendió que la UDEF tenía en marcha la operación Edu y rastreaba el destino del dinero público destinado a la formación en Andalucía entre 2007 y 2013. Aquella operación continuó durante meses, con decenas de ex altos cargos detenidos. La jueza Mercedes Alaya abrió otra causa paralela en su juzgado con ayuda de la UCO de la Guardia Civil e imputó a los exconsejeros Manuel Recio, Antonio Ávila y Antonio Fernández. Los interventores de la Junta llegaron a declarar ante la Guardia Civil, aportando datos, que se acumularon casi 3.000 millones en subvenciones sin controlar ni supervisar. Finalmente, esa cifra fue rebajada a 980 millones pendientes de justificación.

Pese a que no admite fraude, la Junta reclama la devolución de 143 millones de euros de estas subvenciones por irregularidades

Meses más tarde, la mayor parte de estas causas se han derrumbado en los tribunales por falta de pruebas. En paralelo, la Junta de Andalucía abrió una investigación interna que llevó a supervisar un total de 8.505 expedientes de subvenciones por valor de 1.613 millones de euros. Con el 93% de esas subvenciones revisadas por la Consejería de Empleo, la Junta reclama la devolución de 143 millones de euros, de un total de 1.321 expedientes, donde hay irregularidades.

Un alivio para Ciudadanos

Ciudadanos y PSOE sí votaron de la mano en el Parlamento la parte del dictamen sobre este fraude que fija un relato sobre lo ocurrido e insta a tomar medidas para que no vuelva a suceder. La inhibición de Podemos, como un gesto de protesta, según explicó, permitió a los socialistas que no se fijara ningún tipo de responsabilidad política. El PP, aunque como Podemos e IU señalaba a Susana Díaz, votó a favor de mantener a Chaves y Griñán como máximos responsables del fraude. En el caso de los ERE pasó algo similar. Tras meses de trabajos en la Cámara, los partidos no lograron llegar a un acuerdo mínimo.

Por esta comisión desfiló Susana Díaz que, interrogada por la oposición por el papel de su marido, José María Moriche en este caso, proclamó en su defensa que se había casado con “un tieso”. La oposición señaló que su esposo había sido administrativo en una fundación de UGT que gestionó fondos de formación y a la que la Junta de Andalucía abrió varios expedientes de reintegro por mal uso del dinero público. Díaz salió airosa y logró que Ciudadanos no la señalara en el dictamen. El resto de la oposición siempre ha recordado que fue ella quien, en 2012, ordenó frenar estas ayudas para los parados andaluces, que se han retomado hace pocas semanas.

Susana Díaz comparece ante la comisión de investigación del presunto fraude de las ayudas a los cursos.
Susana Díaz comparece ante la comisión de investigación del presunto fraude de las ayudas a los cursos.

También Chaves y Griñán, que negaron el fraude pero admitieron que había cosas que se habían hecho mal, comparecieron en esta comisión de investigación. Los interventores de la Junta de Andalucía, que redactaron hasta ocho informes alertando de “graves irregularidades”, negaron que hubiera menoscabo de fondos públicos. La mayoría de los expedientes siguen ‘vivos’ y las reclamaciones de devolución abiertas por la Junta permiten no hablar técnicamente de fraude.

Por el Parlamento también pasó el funcionario Teodoro Montes, del que se valió la juez Alaya para montar su causa y al que declaró testigo protegido. Este trabajador de la Consejería de Empleo, que recientemente ha pedido amparo a la Cámara por “acoso laboral” en un escrito que ha estado semanas misteriosamente desaparecido, relató estos cursos para parados como “el negocio del siglo”.

El exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda. (EFE)
El exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda. (EFE)

El exconsejero andaluz Ángel Ojeda, imputado en la causa y que recibió 33 millones de euros para reciclar a los trabajadores de la multinacional Delphi, acudió para declararse como “víctima de la prevaricación” de la Junta de Andalucía. Y el exalcalde socialista de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, que ha sido recientemente exculpado por los tribunales de justicia, se negó a explicar por qué destinaba dinero de estas subvenciones a comprar alimentos y bebidas que después servía en sus restaurantes.

Pese a que todo el tiempo el foco estuvo puesto en Ciudadanos, al que el resto de la oposición acusó de maniobrar continuamente para ‘salvar’ a Susana Díaz, fue finalmente Podemos, en una estrategia parlamentaria nada común, quien puso en bandeja el triunfo al PSOE, que se ahorró el trago de que sus socios ‘naranjas’ señalaran a los expresidentes. Algo que internamente hubiera sido duro en las filas socialistas, donde ya hay mucho malestar por la estrategia dirigida contra ellos en los ERE y por gestos como el que ocurrió el pasado domingo, cuando Susana Díaz ni siquiera mencionó a sus mentores en su gran acto de presentación de su candidatura para liderar el PSOE en Madrid.

Andalucía

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