La Fiscalía no ve motivos para recusar al juez de los ERE que fue alto cargo

La Fiscalía Anticorrupción no se suma a la petición de recusación elevada por PP y el sindicato Manos Limpias en el juez ponente de las pieza política de los ERE. El magistrado Pedro Izquierdo, sobre el que ha caído el caso por dos sorteos, uno decidió la sala de la Audiencia y otro el ponente de la pieza, fue secretario general de la Consejería de Justicia con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos procesados en la causa.

En contra del criterio de quienes han pedido su recusación y que reclaman que se aparte del juicio, la Fiscalía, según avanzó la cadena Ser en Andalucía, deja en manos del propio magistrado la decisión sobre su inhibición. Considera que no es motivo suficiente haber sido alto cargo para que no esté capacitado para juzgar el caso, seis años después de que la juez Mercedes Alaya iniciara esta instrucción.

De hecho, en un segundo escrito, deja en manos del propio juez la decisión sobre si se siente capacitado o no para juzgar con distancia sobre las responsabilidades de los expresidentes y otra veintena de ex altos cargos en las ayudas sociolaborales fraudulentas. Igualmente Anticorrupción señala que tampoco ser funcionario de la administración autonómica inhabilita e interpela retóricamente al juez sobre si tuvo relación directa con los procesados durante sus años como número tres de la Consejería de Justicia.

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“El mero hecho del desempeño de un cargo público en la Administración autonómica andaluza no es per se causa de abstención y/o recusación”, recoge Anticorrupción en su escrito. El juez Pedro Izquierdo no ha dado hasta el momento ninguna señal sobre que quiera retirarse del caso. Cuando un segundo sorteo insistió en señalarlo ponente de la pieza política, junto a otras dos magistradas de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, él insistió en que no veía motivos para tomar aún una decisión sobre una posible inhibición y pidió esperar a ver si otros daban motivos para recursarlo.

En su escrito, la Fiscalía analiza las causas esgrimidas por Manos Limpias y el PP para pedir la recusación, que señalan la falta de imparcialidad del ponente "por tener interés directo o indirecto en el pleito", "la amistad manifiesta con las partes" y "una clara apariencia de falta de imparcialidad". El ministerio público considera que pese a ser cierto que el magistrado ocupó un cargo de naturaleza política "no considera que este hecho sin más sea motivo de abstención".

Sobre la relación de subordinación, Anticorrupción insiste en que el magistrado se limitó a "la ejecución de órdenes e instrucciones concreta", enmarcándola como una relacion "que tienen todos, absolutamente todos, los funcionarios de la Junta respecto del presidente del Consejo de Gobierno". "Ninguna de las partes concreta hecho alguno que refleje ese interés directo o indirecto, más allá de su cargo político durante seis años dentro de la administración andaluza", sostiene en su escrito, del 17 de marzo, el fiscal Juan Enrique Egocheaga. "Esta Fiscalía", concluye, "no conoce ningún hecho o manifestación del ponente que lleve a considerar sin error alguno que tenga un interés directo o indirecto en el pleito".

Cinco preguntas al juez

La Fiscalía dirige una segunda carta, de dos folios, a la sección primera de la Audiencia de Sevilla en la que advierte de que "en aras a evitar futuras dilaciones en el inicio del juicio oral, habida cuenta de la evidente complejidad y extensión de las actuaciones", el magistrado debe dirimir cuanto antes si ve afectada su imparcialidad o se dan causas de abstención. Reitera que el ministerio público "no conoce motivo cierto y concreto alguno" pero eleva cinco cuestiones. La primera señala al uso de las transferencias de financiación en las consejerías de la Junta. La segunda interpela sobre los sistemas de control y sus relaciones con la Intervención de la Junta. La tercera interroga sobre las relaciones de las consejerías con sus órganos y empresas dependientes. La cuarta apunta "al funcionamiento y competencias de los órganos de coordinación entre consejerías", apuntando a reuniones de viceconsejeros o directores generales de distintos departamentos. La quinta pregunta sobre las relaciones con otros cargos políticos o funcionarios de la intervención de la Junta.

El ex secretario general para la Justicia Pedro Izquierdo, que abandonó el cargo en julio de 2014, volvió a la Audiencia de Sevilla para ocupar la presidencia de la Sección Primera. Su carrera como alto cargo, durante seis años, acabó siendo ya consejero de Justicia Emilio de Llera, fiscal en excedencia, que sigue ocupando esa cartera en el Ejecutivo de Susana Díaz.

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El magistrado ocupó el puesto de secretario general para la Justicia desde el año 2008 y solicitó hace tres años su relevo en la Junta por "motivos profesionales", con idea de retomar su carrera en la judicatura. Izquierdo (La Cabeza de Béjar, Salamanca, 1959) se licenció en derecho en la Universidad Complutense de Madrid en 1983 y su primer destino dentro de la carrera judicial fue el juzgado de distrito de Barbate (Cádiz). También ha sido juez de instrucción en Sanlúcar de Barrameda y en Madrid, ciudad donde también fue titular del juzgado de lo Penal número 3. En 1998, se incorporó a la Sección Primera, donde estuvo hasta su nombramiento en la Junta.

Aún no hay fecha para el juicio de esta pieza política del caso de los ERE, que analiza la responsabilidad de los principales miembros del Gobierno andaluz sobre un fondo que se nutrió de 856 millones de fondos públicos para los parados y prejubilados andaluces durante una década, donde se ha detectado un posible desvío de fondos públicos de, al menos, 161 millones de euros.

Anticorrupción pide para el expresidente Griñán seis años de cárcel por un delito continuado de malversación y 30 de inhabilitación por otro de prevaricación continuada. Para Chaves, solicita 10 años de inhabilitación por prevaricación, lo mismo que para los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez. Ocho años de cárcel pide para los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, y seis para el exinterventor Manuel Gómez. También se sentarán en el banquillo los tres ex directores generales de Empleo: Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera.