Un ex alto cargo de la Junta preside el juzgado que sentenciará el caso ERE

El sorteo para elegir qué sección de la Audiencia deberá enjuiciar el caso ERE, seis años después de que arrancara la instrucción, ha señalado como ‘agraciada’ la Sección Primera. Se da la circunstancia de que la preside el juez Pedro Izquierdo, que fue alto cargo en la Junta de Andalucía con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El magistrado, en declaraciones a los medios de comunicación, aseguró irónicamente que confiaba en que la suerte no lo señalara y anunció, sobre su posible inhibición, que tomará una decisión una vez que se decida el ponente que lleva el caso. “Tomaré la decisión que tenga que tomar”, dijo. Izquierdo fue secretario general de Justicia de 2008 a 2014, bajo el mandato de los dos expresidentes que se tendrán que sentar en el banquillo por los ERE.

La sección de la Audiencia encargada de juzgar el caso ERE se ha decidido, por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por un sorteo celebrado este jueves pasadas las 12 del mediodía. La sección ha sido elegida por una mano inocente, la del secretario de la Audiencia de Sevilla, responsable de sacar la bolita con el número de una antigua botella de cuero que se utilizaba para el reparto de casos. Había una gran expectación mediática y tres posibilidades, las secciones Primera, Tercera y Cuarta de la Audiencia, ya que la Sección Séptima se encarga de resolver los recursos. Ahora otro sorteo interno elegirá al magistrado ponente del caso, que tendrá que designar a los otros dos jueces que formarán el tribunal encargado de enjuiciar la causa.

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La jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha remitido el caso a la Audiencia después de que esta tumbara todos los recursos presentados por los expresidentes y el resto de ex altos cargos imputados en el caso ERE. En un principio, se iba a utilizar una especie de turno rotatorio, fijado en diciembre, para que la causa recayera en una u otra sección. Las presiones para que el caso llegara en un momento determinado y las quejas de las partes motivaron que el presidente del TSJA interviniera y fijara el sorteo como el sistema más claro y que menos se prestaba a ese tipo de posibles juegos para dirigir la pieza política a uno u otro juez.

Alto cargo seis años

El ex secretario general para la Justicia Pedro Izquierdo, que abandonó el cargo en julio de 2014, volvió a la Audiencia de Sevilla para ocupar la presidencia de la Sección Primera. Su carrera como alto cargo, durante seis años, acabó siendo ya consejero de Justicia Emilio de Llera, fiscal en excedencia, que sigue ocupando esa carrera. El magistrado ocupó el puesto de secretario general para la Justicia desde el año 2008 y solicitó hace tres años su relevo en la Junta por "motivos profesionales", con idea de retomar su carrera en la judicatura. Izquierdo (La Cabeza de Béjar, Salamanca, 1959) se licenció en derecho en la Universidad Complutense de Madrid en 1983 y su primer destino dentro de la carrera judicial fue el juzgado de distrito de Barbate (Cádiz). También ha sido juez de instrucción en Sanlúcar de Barrameda y en Madrid, ciudad donde también fue titular del juzgado de lo Penal número 3. En 1998, se incorporó a la Sección Primera, donde estuvo hasta su nombramiento en la Junta.

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Tras resolverse el sorteo, Izquierdo pidió "sosiego, calma y el tiempo necesario para abordar un asunto de tanta complejidad". El presidente de la Sección Primera de la Audiencia ya se ha visto envuelto en la polémica por resolver recursos en casos de presunta corrupción que afectaban al Gobierno andaluz. En concreto, ha intervenido en recursos presentados por el PP, que ejerce la acusación particular, sobre el caso de los cursos de formación, que ha sido archivado, y participa en el llamado caso avales, que investiga el reparto arbitrario de fondos públicos a empresas. En ninguno de estos casos ha pedido su inhibición, algo que han denunciado desde las filas del PP.

Levantan las fianzas

Antes de remitir el caso a la Audiencia para que comience el juicio, que será previsiblemente este 2017, la jueza Núñez Bolaños archivó las piezas de responsabilidad civil abiertas y levantó de este modo la fianza de 4,2 millones de euros impuesta al expresidente José Antonio Griñán. En total, la instructora ordenó el archivo de las 26 piezas de responsabilidad civil impuestas a todos los ex altos cargos imputados en el caso ERE.

El caso ha sido remitido a la Audiencia en formato digital y con un índice de 57 páginas, y se espera su remisión en formato papel. La causa se compone de 16 cedés que incluyen 38 tomos y las declaraciones prestadas a lo largo del procedimiento, en total 14.276 folios. Hay además siete tomos anexos que incluyen fundamentalmente documentación relativa a la causa especial seguida contra los aforados en el Tribunal Supremo. La instrucción arrancó en 2011 con la jueza Mercedes Alaya.

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Anticorrupción pide para el expresidente Griñán seis años de cárcel por un delito continuado de malversación y 30 de inhabilitación por otro de prevaricación continuada. Para Chaves, solicita 10 años de inhabilitación por prevaricación, lo mismo que para los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez. Ocho años de cárcel pide para los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, y seis para el exinterventor Manuel Gómez. También se sentarán en el banquillo los tres ex directores generales de Empleo: Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera.

Esta pieza política del caso de los ERE juzga la responsabilidad de los principales miembros del Gobierno andaluz sobre un fondo que se nutrió de 856 millones de fondos públicos para los parados y prejubilados andaluces durante una década, donde se ha detectado un posible desvío de fondos públicos de, al menos, 161 millones de euros. El sistema elegido por el Gobierno andaluz en 2000, ante varias quiebras graves de empresas en plena crisis económica, impuso el mecanismo de transferencias de financiación, que permitió repartir las ayudas sorteando los controles habituales y desviando los fondos a una empresa pública, primero el IFA y después la agencia IDEA.