Chaves y Griñán se sentarán en el banquillo por el caso ERE

La Audiencia de Sevilla ha desestimado los recursos de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso ERE. La misma suerte han corrido los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez. Todos los exaltos cargos imputados en el llamado procedimiento específico, la pieza política que instruyó el juez Álvaro Marín antes de abandonar su puesto como titular de refuerzo, recurrieron su procesamiento a la Audiencia.

La sección séptima decidió resolver por separado cada uno de estos recursos y no de forma conjunta como había ocurrido en otras ocasiones. De ahí la tardanza en los autos de la Audiencia, explican fuentes judiciales. Los expresidentes andaluces se sentarán en el banquillo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido que sea un sorteo el mecanismo que decida qué juez tendrá la última palabra en un caso que lleva seis años de instrucción y que ha puesto contra las cuerdas dos décadas del PSOE en la Junta de Andalucía. El juicio se espera antes de que acabe 2017, según estiman varios de los abogados en la macrocausa.

Chaves, juzgado por prevaricación

En un auto de 21 folios con fecha de este viernes, 17 de febrero, los cuatro magistrados de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla desestima el recurso de apelación presentado por el expresidente Chaves y apoya su enjuiciamiento por “un delito continuado de prevaricación por hechos cometidos entre los años 2000 a 2009”. Considera el escrito que “en su condición de Presidente del Consejo de Gobierno contribuyó a materializar el otorgamiento de ayudas/subvenciones a sabiendas de que se otorgaban sin cumplimentar los requisitos legales y sin pasar los controles propios de las subvenciones regladas ni tampoco de las excepcionales”.

La Audiencia tumba las tesis de la defensa de Chaves y ve “indicios sólidos de infracción penal”, advirtiendo eso sí que “no hay certeza absolutas” y dejando claro que no se trata de anticipar ya una condena. Concluye que hay “datos bastantes” para que prosiga el procedimiento judicial.

Esta pieza política del caso de los ERE juzga la responsabilidad de los principales miembros del Gobierno andaluz sobre un fondo que se nutrió de 856 millones de fondos públicos para los parados y prejubilados andaluces durante una década y donde se ha detectado un posible desvío de fondos públicos de, al menos, 161 millones de euros. El sistema elegido por el Gobierno andaluz en 2000, ante varias quiebras graves de empresas en plena crisis económica, impuso el mecanismo de transferencias de financiación, que permitió repartir las ayudas sorteando los controles habituales y desviando los fondos a una empresa pública, primero el IFA y después la agencia IDEA.

El expresidente Chaves siempre ha defendido que nunca supo de las irregularidades, ha alegado que las reiteradas modificaciones presupuestarias aprobadas para nutrir el fondo de los ERE cumplieron todos los requisitos legales y que, como los distintos Presupuestos autonómicos durante esa década donde se incluía la famosa partida 31.L, tuvieron el aval de la Intervención y del Parlamento andaluz.

En el auto de la Audiencia, frente a las tesis de la defensa de Chaves, los magistrados señalan que “no es cuestionable la legalidad de la técnica de las transferencias de financiación, pero si es cuestionable que las mismas se utilicen para realizar ayudas económicas y sociolaborales a empresas privadas, cuando su finalidad es exclusivamente la cobertura del gasto corriente de empresas públicas”. Insiste el escrito en que éstas “debían haber sido encuadradas como subvenciones” y advierte de que se vulneraba la fiscalización previa que recoge la normativa de subvenciones.

En su declaración ante el Tribunal Supremo, Chaves manifestó que “conocía en el año 2000 los problemas de Andalucía relacionados con la situación conflictiva de las empresas, y concretamente los que se habían planteado en las entidades “Hijos de Andrés Molina”, “Santana Motor” y “Delphi”, ya que tenía delante a los trabajadores cuando se manifestaban frente a su balcón oficial o cuando acudía a algún acto público”. “Con tal motivo se reunió con muchos comités de empresa y escuchó a los trabajadores. Sin embargo, advirtió que a él ningún consejero de su Gobierno le informó nunca de que se estuvieran tramitando procedimientos de forma irregular y mucho menos ilegal, y que nunca había despachado directamente con viceconsejeros ni directores generales”, recuerda el auto de la Audiencia.

"Sí conocía el sistema ilegal"

Frente a este argumento, considera que “de lo instruido se desprenden datos indiciarios de que sí conocía el nuevo sistema ilegal de ayudas/subvenciones sociolaborales y a empresas que se había implantado en la Consejería de Empleo a partir del año 2000”. “Parece que la crisis de estas empresas era de tal magnitud tanto desde la perspectiva política como social, que no podía pasar desapercibida al apelante la “solución” que se adoptó mediante la modificación presupuestaria mencionada”. Chaves afronta por un delito continuado de prevaricación un pena de entre siete y diez años de inhabilitación. Él ya se retiró de la vida política en 2015 y pidió su baja en el PSOE.

En el caso de José Antonio Griñán, la Audiencia pide su enjuiciamiento por un delito continuado de prevaricación y otro continuado de malversación. Consideran los magistrados que “concurren indicios suficientes”. Griñán se reincorporó al Gobierno andaluz en 2004 como consejero de Economía y se convirtió en presidente en 2009. El sistema de los ERE ya estaba instaurado entonces pero los magistrados consideran que “como responsable máximo de la elaboración del presupuesto, de sus modificaciones presupuestarias y del control del gasto que ostentaba, era consciente tanto de las vulneraciones patentes y groseras que se estaban presuntamente cometiendo en estas materias de estricta competencia de la Consejería de Economía y Hacienda, como de las disposición de los caudales públicos ‘contra legem’”.

Griñán, "sobrado conocimiento"

El auto destaca el elevado conocimiento técnico de Griñán, por su perfil profesional y por su condición de exviceconsejero de Trabajo y exministro de Trabajo, sobre el uso supuestamente ilícito que se estaba haciendo de las transferencias de financiación, en el origen del fraude. Además subraya la auditoría elaborada sobre esta partida 31.L y los informes de la Intervención General de la Junta que alertaron, en ambos casos, de irregularidades y que fueron remitidos a su entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo. Griñán siempre ha defendido que nunca se alertó de menoscabo de fondos públicos.

“El apelante tenía sobrado conocimiento de las irregularidades”, recoge el escrito de la Audiencia, “no nos encontramos ante cualquier omisión, sino ante una conducta prolongada en el tiempo de un máximo responsable de los caudales públicos”. Advierten de que el exconsejero de Economía permitió que las transferencias de financiación fueran utilizadas “sin actuar para zanjar esta situación a pesar de que lo pudo hacer como aconteció en el año 2010”. “Parece que ha podido cometer un delito de malversación, en su modalidad de administración desleal de los caudales públicos”, señalan los magistrados. Griñán se enfrenta a una posible pena de hasta seis años de cárcel.

La pieza política de los ERE también llevará al banquillo al exconsejero de Empleo José Antonio Viera Chacón, que fue quien aprobó y diseñó el fondo de los ERE, por un delito continuado de prevaricación y otro continuado de malversación por hechos cometidos entre el año 2000 y el 24 de abril de 2004.

La exviceconsejera y posterior consejera de Economía Carmen Martínez Aguado será juzgada por un delito continuado de prevaricación y otro continuado de malversación, al haber tenido conocimiento directo en varias reuniones con el interventor, según el auto, de las supuestas irregularidades cometidas con estos fondos.

El exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo Serrano, será juzgado por un delito continuado de prevaricación y otro continuado de malversación por hechos cometidos entre abril de 2004 y abril de 2009.

El exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, mano derecha de Chaves en el Consejo de Gobierno, será enjuiciado por un delito continuado de prevaricación. La Audiencia subraya su supuesta mediación política para que varias empresas en crisis consiguieron ayudas de este fondo y su presunta relación personal con el principal conseguidor de los ERE, el exsindicalista Juan Lanzas.