Guerra en los puertos: la patronal cuestiona al diputado del PSOE con un hijo estibador

La guerra en los puertos españoles por la liberalización de la estiba será dura y no ha hecho más que empezar. Las grandes empresas portuarias empujan para que se apruebe el decreto del Ministerio de Fomento que, atendiendo a una sentencia de la Unión Europea, propone liberalizar la estiba (carga y descarga de mercancía) y abrir las contrataciones para cumplir la normativa comunitaria. El departamento de Íñigo de la Serna alerta de que ya hay una multa de la UE de más de 21 millones de euros por incumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014.

[El vídeo que los estibadores quieren ocultar: "Si nos engañan, reventamos todo"]

El Gobierno evitó abrir el conflicto antes de las elecciones generales. Sabía que los estibadores iban a ponerse en pie de guerra y temieron las consecuencias. Ahora, el Ministerio de Fomento ha pisado el acelerador y el PSOE evita, de momento, darle su apoyo. El ministro De la Serna quiere sumar a los socialistas a su decreto para sacarlo adelante en el Congreso. En este contexto, desde ámbitos patronales de los operadores portuarios, se cuestiona el papel del diputado socialista por Cádiz Salvador de la Encina y dudan de que sea él quien pueda llevar adelante el diálogo sobre este asunto en la Cámara Baja. Aseguran que tiene “un conflicto de intereses” porque su hijo es estibador en el puerto de Algeciras.

De la Encina es vicepresidente en la comisión de Fomento del Congreso y ejerce de portavoz en temas portuarios. Estos días, ha advertido a Fomento de que su reforma debe respetar los "acuerdos" que alcance la patronal Anesco con los sindicatos, básicamente la Coordinadora de Trabajadores del Mar, un argumento similar al que están defendiendo los representantes de los estibadores para poner el pie al decreto que prepara Fomento, que temen bastante duro y contrario a sus actuales privilegios.

De la Encina es vicepresidente de la comisión de Fomento y ejerce de portavoz del PSOE en temas portuarios

Sin embargo, en varios operadores portuarios corre la percepción de que la posición del veterano parlamentario no es leal con la negociación por sus vínculos familiares y se afirma que sus opiniones no son compartidas en el conjunto del Partido Socialista.

El diputado socialista se muestra asombrado porque se ponga el foco en su hijo, cuando es “un trabajador más del puerto de Algeciras desde hace años, en una actividad privada sin relación con lo público o la política”. "Hay miles de trabajadores como él que están a favor del modelo del puerto de Algeciras, donde los tres sindicatos y las dos empresas más importantes están sentadas dialogando tratando de buscar un acuerdo", defiende. De la Encina lleva meses trabajando para intentar que sindicatos, patronal y Administración cierren un documento de consenso. En su opinión, cualquier acuerdo de Anesco, CEEP y el resto de sindicatos de puertos con la patronal sería lo razonable, y la posible ruptura de la paz social en los puertos españoles sería una auténtica debacle.

TE PUEDE INTERESAR

Guerra en los puertos: los patronos quieren rebajar el sueldo de los estibadores un 60%

Víctor Romero. Valencia

"Yo soy un simple diputado del grupo socialista y no soy yo quien fija las posiciones ni en mi partido ni desde luego a la presidenta de la Junta de Andalucía", señaló el diputado gaditano. Este miércoles la presidenta de la Junta, Susana Díaz, defendió la necesidad de un acuerdo entre Gobierno, empresas y sindicatos tras reunirse en San Telmo con representantes del comité de empresa de los estibadores del puerto de Algeciras (Cádiz) y de la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios (CEEP), que le trasladaron su preocupación por que el Gobierno pretenda aprobar la nueva normativa de forma unilateral y por decreto.

La presidenta de la Junta señaló que es preciso modificar la legislación española de la estiba en los términos contenidos en la sentencia del tribunal europeo, pero reclamó que se tengan en cuenta los acuerdos que puedan alcanzar los sindicatos y empresarios del sector. Recordó que el Gobierno central ha tenido más de cinco años para afrontar con diálogo este cambio normativo, ya que el primer requerimiento de la Comisión Europea se produjo en noviembre de 2011. Lamentó que se pretenda resolver ahora “de manera acelerada”.

Pacto de PSOE y PP en 2010

"Si hay que recurrir a la vida personal y familiar de un simple diputado, en este caso desde luego tienen un grave problema", señaló De la Encina a preguntas de El Confidencial. Recordó que en 2010 se pactó, fue uno de los pocos grandes acuerdos de la anterior legislatura, una ley de puertos entre PP y PSOE que ya alertaba de la necesidad de dar una salida laboral a la estiba, "y entonces nadie se acordó de mi familia". "Por esa regla de tres, tengo un hermano que es marino mercante y no podría haber participado en esta ley de puertos, ni en el debate de la Lomce como docente que soy, ni en el de la reforma laboral que afecta a todo mi entorno. Es un argumento ridículo", apuntó. "Mi hijo lleva muchos años trabajando al margen de la política y sin ningún tipo de relación con lo público", defendió. "Es un argumento de baja estofa utilizar mi vida personal", concluyó sobre este asunto.

"Mi hijo lleva muchos años trabajando al margen de la política y sin relación con lo público. Es un argumento de baja estofa", alega el diputado

La posición que trasladan desde el PSOE, que es la misma que ha expresado hoy el Gobierno andaluz, es que después de tantos años no sirve un 'decretazo' y hay que sentarse a negociar para cumplir con prioridad la sentencia de la UE que el mismo Gobierno del PP lleva meses rehuyendo, pese a las sanciones, para evitar un conflicto en periodo electoral. "Lo que tiene que hacer el Gobierno es agotar el diálogo y aprovechar el consenso de la ley de 2010 para acordar sin imposiciones sobre un asunto que afecta a miles de trabajadores de todos los puertos andaluces", apuntó el portavoz de este asunto en el Congreso.

Tajo salarial del 60%

La sentencia de la UE desmonta el actual modelo de estiba, muy criticado por los empresarios por ser excesivamente proteccionista. Hoy en día, las empresas del sector no pueden contratar libremente a sus trabajadores. Están obligadas a adquirir una participación en el capital de sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), que son las que se encargan de facilitar la mano de obra necesaria según las condiciones fijadas en un acuerdo marco. La Sagep actúa como una especie de bolsa de trabajadores con condiciones innegociables. La amenaza de huelga en los puertos ha paralizado cualquier negociación hasta ahora.

La Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), el ‘lobby’ que agrupa a las principales concesionarias de terminales (Noatum, OHL Concesiones, Algeposa, Boluda o Bergé), ha encargado un informe económico en el que defiende que la liberalización del sistema actual de contratación de trabajadores para la carga y descarga de barcos podría tener un impacto positivo sobre la economía española de hasta 2.400 millones de euros, el 0,22% del producto interior bruto. En esta línea, también defiende una rebaja del sueldo de los estibadores del 60%. El modelo de estiba es el principal déficit, pues representa entre el 50% y el 65% de los costes portuarios.

Según el censo de diciembre de 2014, pertenecen a la Sagep 6.156 estibadores de los que 3.890 están en Algeciras, Valencia y Barcelona. El documento, titulado ‘Avanzando hacia un modelo portuario más competitivo’, elaborado por la consultora PwC por encargo del ‘lobby’ de operadores y al que ha tenido acceso El Confidencial, pone incluso cifras a ese recorte en las nóminas, desde una media actual de 67.800 euros de sueldo bruto anual para un estibador hasta los 26.934 euros, el citado 60% menos.

El Ministerio de Fomento alega que lleva “dos años negociando” sin resultados y subraya que todas las peticiones elevadas por los sindicatos de la estiba —la principal, la creación de un registro nacional de trabajadores— han sido rechazadas por la Comisión Europea. Fomento defiende que la norma que ha elaborado “se ha flexibilizado al máximo a favor de los trabajadores”. Se establece un periodo transitorio de adaptación de tres años y se fija un sistema de compensaciones financieras de la administración portuaria, que "facilita que los actuales trabajadores conserven sus derechos laborales preexistentes (pasivos laborales)". No serán exigibles los requisitos de titulación a aquellos que acrediten más de 100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de manipulación de mercancías. “La segunda sentencia de la Unión Europea, que se producirá en fechas próximas, supondrá para España 134.000 euros cada día por incumplir la sentencia”, alerta el Gobierno.

El conflicto se internacionaliza: los estibadores reciben apoyo de la Federación de Transporte

La ITF (Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte) ha salido este miércoles en defensa de los estibadores españoles y ha calificado el plan del Gobierno español para "destripar" la normativa portuaria de “descabellado” y un peligro para la posición de España en el comercio internacional.

Paddy Crumlin, presidente de esta federación sindical internacional y de la sección portuaria, ha señalado: “El Gobierno español va a descuartizar la normativa vigente demostrando un despiadado menosprecio por los empleos españoles, por el prestigio de España y los convenios internacionales. Sus planes son descabellados".

“Nuestros sindicatos afiliados españoles nos han informado de que el Gobierno les comunicó su intención de aprobar un decreto que liberaliza de forma agresiva y destructiva el mercado laboral portuario. Increíblemente, pretenden incluso desmantelar el sistema actual de registro de estibadores, incumpliendo así las obligaciones internacionales de España, en concreto el Convenio 137 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, el decreto propuesto ignora los acuerdos alcanzados hace pocas semanas entre la organización de la patronal, Anesco, y los sindicatos, e inflige un daño y agresividad innecesarios”.

Crumlin concluye: “El Gobierno español está actuando incomprensiblemente y contraviniendo potencialmente la legislación internacional. Por fortuna, los sindicatos españoles se están movilizando para resistir esta voluntad de destruir el diálogo social en sus puertos. Tienen garantizado nuestro apoyo internacional más absoluto”.