Cuando tu ruina es el ayuntamiento: un litigio de 13 años y 15 millones de euros

José Madrigal Fernández fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y fundador, en 1921, de una próspera empresa dedicada al almacén de hierro y metal (Herederos de Madrigal S.L.U). Ni imaginaría lo que le iba a tocar a la tercera generación. Su nieto, Daniel José Madrigal, lleva más de 12 años librando un duro y agotador litigio con ese consistorio del que su abuelo formó parte. La justicia le ha dado la razón. La Junta de Andalucía le ha dado la razón. Nadie paga. Reclama, sumando los intereses, unos 14 millones de euros por una expropiación fallida y repleta de errores que lastró y arruinó su empresa. Le han “confiscado” todo lo que tenía, “como en Venezuela”. Y eso, advierte, le puede pasar a cualquiera.

Nadie podía hacer imaginar a esta familia, que regentaba una próspera chatarrería con 50 trabajadores y una facturación anual de 14 millones de euros, que su vida iba a cambiar de forma drástica cuando en 2004 el Plan General de Ordenación Urbanística de la ciudad (PGOU), entonces provisional, pintó de amarillo una parte de los 5.506 metros cuadrados donde se asentaba ese negocio familiar. “Me tocó el maldito expediente de mancha amarilla”, cuenta. Ese PGOU, aprobado de forma definitiva en 2006, calificó como suelo de interés público su parcela, en la jerga SIP, y propuso la construcción de un centro de salud.

Proponían la construcción de un ambulatorio en una de las avenidas con más dotaciones sanitarias, a escasos metros del Hospital Virgen Macarena, el Hospital Provincial de San Lázaro y el centro de salud de San Jerónimo”, relata Madrigal. Por supuesto en el solar, que está a poca distancia de la basílica de la Macarena y de los terrenos que albergaron la Expo’92, sigue sin haberse construido nada. El mismo día que visitamos el recinto habían allanado la propiedad y un grupo estaba robando material de lo que en su día fue un negocio que iba como un cohete.

Atrapado en las garras de la administración

Desde el primer momento hubo errores. Se expropiaban apenas 800 metros cuadrados y no se reconocía a Madrigal como propietario del resto de los terrenos. El afectado ha tenido que litigarlo prácticamente todo. Hasta demostrar su titularidad en un contencioso que le dio la razón en 2012. Pese a todas las batallas ganadas, el ayuntamiento sigue una década después sin ejecutar la expropiación y el propietario atrapado en sus garras. Ganó en el mercantil el litigio sobre la titularidad de los terrenos y desde entonces el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no ha admitido dos recursos por “extemporáneos”, pero sin entrar en el fondo del asunto.

Madrigal trató de buscar una salida negociada con el ayuntamiento. Propuso una permuta de suelos para poder trasladar su actividad, para la que tenía todas las licencias necesarias, y ha ido ofreciendo todas las salidas posibles. Enfrente solo encontró un muro contra el que chocar y el silencio una administración aferrada a todas las argucias legales posibles para ir dilatando su caso y no pagar.

Ha sobrevivido a tres alcaldes (Alfredo Sánchez Monteseirín, Juan Ignacio Zoido y Juan Espadas) y a cinco gerentes de urbanismo. Escuchó cómo algunos de los responsables de su caso despachaban el sufrimiento y la frustración de esta familia asegurando que eran “unos locos”. Ya no quiere negociar nada. Ahora exige que se cumpla lo que ha dicho la justicia. “Por mi propia experiencia puedo constatar que la gerencia de urbanismo de Sevilla es un nido de corrupción”, afirma tajante. Muchas de las cosas que ha visto y oído, muchas proposiciones indecentes y corruptas, no pueden narrarse por falta de pruebas. “He recibido todo tipo de tratos deshonestos para ‘pacificar’ mi expediente”, asegura.

Tirón de orejas de la Junta

En una resolución ejecutiva, de obligado cumplimiento, la propia Junta de Andalucía el pasado junio, le saca los colores al ayuntamiento. Este dictamen de la comisión provincial, al que ha tenido acceso este periódico, cuenta con nueve votos a favor y uno, el del representante municipal, en contra. Fija una valoración de los terrenos de 3,2 millones de euros e insta al pago inmediato del justiprecio, 660.385 euros. El propietario reclama 14 millones de euros, presentando varias tasaciones externas.

Culminado el plazo de alegaciones, desde el pasado diciembre, el consistorio debería haber abonado al expropiado, como mínimo, la cantidad con la que está conforme la administración municipal. Como respuesta a este periódico, el ayuntamiento aportó un escrito de tres folios donde confirma los hechos narrados por Madrigal. Sí se compromete al pago de los 660.385 euros “a lo largo de 2017”. Advierte el consistorio de que seguirá litigando por la cuantía que debe abonar, pendiente de la edificabilidad del terreno, y por la fecha exacta en la que debió iniciar la expropiación. Esa fecha no es baladí porque dependerán de eso los intereses que deberá devengar por su retraso. Como lamenta el mismo propietario, que ha hecho constar por numerosas vías judiciales y administrativas “irregularidades, abuso de derecho, arbitrariedad, mala fe y fraude procesal” de la gerencia de Urbanismo, la dejación de funciones del consistorio la acabarán pagando en forma de intereses todos los sevillanos.

Una “estafa”

“El mejor calificativo que se me ocurre es el de estafa”, asegura Madrigal. En 2010, tras intentar varias vías de refinanciación para su empresa y verse ahogado por los bancos, que no admitían como aval el suelo donde se asentaba su negocio porque había una orden de expropiación, este empresario tuvo que declararse en concurso de acreedores. Su empresa quebró. Su negocio se arruinó. Él no acaba de entender cómo ha podido pasar todo esto. Cada vez que ha querido reunirse con responsables del ayuntamiento lo han ignorado. “Solo me ha entendido a través de intermediarios, acudiendo a las ‘fuerzas vivas’ de la ciudad, que por supuesto en todos los casos me han pedido dinero, una comisión como mínimo del 10%, para agilizar su expediente”, explica.

“Un simple expediente administrativo, como es una expropiación, no puede derivar en el cierre de una empresa centenaria, líder en su sector"

“Un simple expediente administrativo, como es una expropiación, no puede derivar en el cierre de una empresa centenaria, líder en su sector, el despido de todos sus trabajadores, una persona doblemente concursada, un concurso de acreedores pendiente de resolución siete años después, y el motivo que originó todo esto, que era el interés general y la construcción de un equipamiento sanitario, sigue sin realizarse desde 2010, sin que nadie se haya dado por enterado, ni haya asumido la responsabilidad, salvo el afectado, cuyo único delito cometido es ser propietario de un suelo a escasos 200 metros del centro de Sevilla”, sostiene el protagonista de la pesadilla. “El ayuntamiento de Sevilla y su administración, tienen instaurado un procedimiento nazi, contra los ciudadanos que no se someten”, prosigue. “Me he sentido demonizado y convertido en un criminal sospechoso, que le quiere arrebatar el dinero a los sevillanos. Me han llegado a discutir incluso hasta que fuera dueño de lo que era propiedad de mi familia desde 1921”, narra Madrigal.

“Obligar a un ciudadano a que entable un tedioso y costoso procedimiento de años, cuya única finalidad reside en obligarles a ellos a cumplir la ley, además de una estafa, es inmoral, injusto e impropio de quien debe encarnar los más altos principios y valores, por razón de su cargo y porque nos representan a todos”, reflexiona un ciudadano que admite que está muy cansado del calvario que está viviendo. En su caso, ha podido litigar tantos años porque es su pareja, abogada, quien está dirigiendo el proceso. Cualquier otra persona no podría sostener ni financiar una década de demandas y recursos.

En los años del 'boom' inmobiliario su terreno habría sido un negocio redondo. Él mismo llegó a presentarle al ayuntamiento dos importantes ofertas privadas para la construcción en su parcela de un tanatorio. La administración siempre ha ofrecido la callada por respuesta. La pelota fue pasando de un equipo municipal a otro, de PSOE a PP y otra vez a PSOE, sin cambios. Y los herederos de Madrigal siguen esperando.