Adiós al último terrateniente regional: la Junta saca a la venta sus 10.000 hectáreas

El Gobierno andaluz sacará a la venta sus 10.000 hectáreas de tierras públicas acorde con la ley de agricultura y ganadería de Andalucía, la primera de este calado que se aprueba tras la polémica reforma agraria del primer presidente autonómico, Rafael Escuredo. La norma entierra definitivamente el banco público de tierras pactado con Izquierda Unida en la anterior legislatura. “El Gobierno se tiene que dedicar a gestionar y fomentar la actividad privada, no somos agricultores”, defendía alto y claro un alto cargo de la Consejería de Agricultura andaluza.

La consejera del ramo, Carmen Ortiz, explicó que con la nueva norma el Gobierno andaluz va a desprenderse de las tierras públicas mediante enajenación, venta, arrendamiento o cesión de uso. Lo hará con las 5.000 hectáreas que ahora mismo están gestionadas por cooperativas o ayuntamientos y también con las 4.700 hectáreas que sigue regentando directamente a través de su entidad pública, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa).

El Ejecutivo andaluz no tiene aún más datos sobre cómo será el procedimiento, pero la norma prevé la venta o cesión de uso, observando criterios de igualdad o libre concurrencia competitiva. Además, desde la Junta explicaron que la venta de tierras se tratará de vincular con el fomento de la actividad agraria entre las nuevas generaciones, primando a las mujeres y los jóvenes.

La huelga de Escuredo

Andalucía entierra así definitivamente la idea de reforma agraria que llevó a Escuredo a una huelga de hambre y que acabó desencadenando su dimisión, entre otros muchos motivos, en 1984. La Junta ha mantenido desde hace años sus tierras públicas en un segundo plano, hasta que los socialistas necesitaron a Izquierda Unida para mantenerse en el poder tras las elecciones de 2012. Entonces, la federación de izquierdas impuso su proyecto de banco público de tierras, al igual que la banca pública, como condiciones innegociables. IU siempre ha defendido la puesta en servicio de la tierra pública a favor de parados, pequeños agricultores o de las familias sin recursos, e incluso ha abogado por la expropiación a grandes terratenientes, con la casa de Alba siempre en primer plano. Una enmienda en el Presupuesto de 2015 llegó a contemplar la cesión de tierras a jornaleros sin recursos.

Podemos alza también la voz con esas mismas reivindicaciones que hace años que parecían olvidadas. En Andalucía hay dos símbolos de la ocupación de fincas, el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el ahora diputado de Podemos Diego Cañamero. El pasado junio, el histórico líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores, ahora con escaño en el Congreso, volvió a ocupar la finca pública de Somonte, propiedad de la Junta y ubicada en la localidad cordobesa de Palma del Río. Cuatro años antes, también fue ocupada para frenar un intento de subasta pública abierto por la Junta para desprenderse de esas tierras.

El SAT viene denunciando que desde 2010 la Junta ha ido desprendiéndose de terrenos públicos, asegurando que en ese año disponía de 20.000 hectáreas, frente a las 10.000 que ahora reconoce la Consejería de Agricultura. Esas tierras, según este sindicato, se han vendido a terratenientes y grandes empresas. La Junta no ha brindado hasta hoy información detallada sobre este tema, pero niega que tenga las tierras baldías y ociosas, como critican desde el SAT. Sin embargo, desde Bruselas hay peticiones a la empresa pública Agapa de devolución de fondos de la PAC supuestamente cobrados por la Administración autonómica.

Sánchez Gordillo y Cañamero

Sánchez Gordillo está ahora tratando de conseguir que la Junta de Andalucía le regale la finca de El Humoso, 1.196 hectáreas que desde hace décadas regenta una fundación de parados del SAT, jornaleros y jubilados de Marinaleda. El polémico alcalde no está dispuesto a comprar esos terrenos a la Junta, a la que nunca ha pagado y debe unos cinco millones de euros por su explotación. Sánchez Gordillo deja claro que la tierra no se compra y ya está pagada con “la lucha jornalera”.

La ley de agricultura, que aún debe ser aprobada en el Parlamento andaluz, incorpora además novedades como la prohibición de que se desperdicien los excedentes y obliga a las superficies comerciales a donarlos a organizaciones sin ánimo de lucro o para compostaje y reutilización, en caso de que no sea posible el consumo humano. La consejería andaluza impone esta medida, que rige ya en países como Francia.

La ley impone también un catálogo de sanciones hasta los 800.000 euros en casos muy graves y castiga la venta aprovechando posiciones predominantes en el mercado por debajo del precio de producción. Se publicarán las marcas sancionadas cuando se reiteren en ello. Se refuerza además la figura del inspector, que será considerado como agente de la autoridad.