El juez procesa a seis ex altos cargos y al 'conseguidor' Juan Lanzas en los ERE

Juan Lanzas, ‘conseguidor’ de los ERE, ha sido procesado junto a otras 15 personas, entre ellos Javier Guerrero, quien destapó el fondo de reptiles de la Junta, base de la investigación del mayor escándalo de corrupción en la historia de Andalucía, según el auto del juez Álvaro Martín, del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Este es el fin de la tercera pieza de los ERE.

El procesamiento de Lanzas se basa en la relación de la ayuda sociolaboral concedida a las sociedades Surcolor y Surcolor Óptica. Los hechos investigados por el magistrado Martín podrían ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación de caudales públicos. Las ayudas se elevaron a 2,3 millones de euros y se incluyeron dos intrusos.

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, los exdirectores de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas también han sido investigados en esta pieza.

En el año 2005 Surcolor y Surcolor Óptica tenían 45 trabajadores e iniciaron un ERE para la extinción de la totalidad de los puestos de trabajo por causas "económicas y cierre de la actividad", pero el ERE fue archivado al no subsanar los defectos detectados por la delegación provincial de Empleo. La empresa optó entonces por despidos individuales, que tuvieron lugar entre junio de 2006 y abril de 2007, y que afectaron a 24 trabajadores de ambas empresas y para el pago de las indemnizaciones se comprometieron a contratar una póliza de seguro.

"Pese a la ausencia de una solicitud formal de ayuda", la Junta instruyó un expediente "cuyo objeto era la concesión de una ayuda sociolaboral en favor de los trabajadores de estas sociedades cuyos empleos se perdían". Para ello, se formalizó una póliza de renta colectiva cuya firma estuvo precedida por un estudio de Vitalia "en el que se incluyeron" en la columna de empleados una relación de 26 personas, "dos de las cuales nunca habían trabajado para la empresa y no formaban parte del listado de personas para las que se proponía la extinción de puestos de trabajo en la propuesta inicial de ERE".

Así, las personas "que se incluían de manera indebida" eran Juan Manuel López Espadas, "militante del PSOE y esposo de una concejal del PSOE del Ayuntamiento de Camas", y José Antonio Márquez, "concuñado de Antonio Rivas, dos 'intrusos' cuya inclusión conllevaba un coste de 133.553,56 y 60.861,90 euros, respectivamente.

"En atención a aquel estudio" de Vitalia, Guerrero remitió el 28 de junio de 2006 un escrito a Apra Leven "en el que mostraba la conformidad" de la Dirección General de Trabajo a la contratación de una póliza para 26 extrabajadores, con dos compromisos de pago de 1.170.068,69 euros, "asumiendo así la presencia de sendos intrusos".

El juez procesa a Antonio Fernández porque, siendo consejero de Empleo, se autorizó por la Dirección General de Trabajo esta póliza para 26 extrabajadores

El juez procesa a Antonio Fernández porque, siendo consejero de Empleo, se autorizó por la Dirección General de Trabajo esta póliza para 26 extrabajadores, "comprometiendo el abono por parte de la Junta en concepto de prima de 2,3 millones, conociendo que ello se llevaba a cabo pese a no existir solicitud de concesión, no haberse suscrito protocolo de colaboración con la empresa, no haberse firmado convenio de colaboración con IDEA para la materialización del pago y no haberse comprobado que los trabajadores despedidos lo hubieran sido legalmente".