La incertidumbre política amenaza los Presupuestos de las comunidades

El Ministerio de Hacienda guarda silencio. Las comunidades autónomas esperan los números para ponerse manos a la obra con sus Presupuestos, pero las negociaciones abiertas para la investidura de Mariano Rajoy han paralizado cualquier movimiento. En octubre, las cuentas públicas de las autonomías deben llegar a sus respectivos parlamentos. Comenzó la cuenta atrás. Cada vez se antoja más difícil. Bruselas aguarda guadaña en mano para examinar con lupa los números que debe enviar el Gobierno de España, comprometido a un ajuste estructural del 0,5%, como mínimo 15.000 millones de euros, en 2017.

La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, es una de las responsables autonómicas que han elevado la voz para reclamar con urgencia los datos de la liquidación de 2015 y del techo de gasto y las entregas a cuenta de 2017. Los necesitan la semana próxima, alertan. “Estamos en un escenario cargado de incertidumbres y no se sabe cuál es el límite de gasto y la envolvente para afrontar la elaboración del próximo Presupuesto”, señala la titular de Hacienda en Andalucía.

Si el ministerio no envía los datos en los próximos días, la comunidad andaluza volverá a reclamar una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar esos números. La mayor preocupación reside en saber cómo se va a repartir ese recorte de 15.000 millones de euros prometido a Bruselas en el próximo ejercicio.

Hay antecedentes de gobiernos en funciones que brindaron a las comunidades estos datos. Lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, pese a que después decidió prorrogar los Presupuestos. Andalucía, que coincide en estas reclamaciones con el resto de comunidades socialistas y Cataluña, reclama al Gobierno que desvele los números. No será fácil. En plena negociación de la investidura entre PP y Ciudadanos, y con la fecha del 30 de agosto para una primera votación, será complicado que el equipo de Rajoy desvele las cifras más amargas de 2017 e indique por dónde hay que volver a meter la tijera.

Motivos para la ansiedad

El calendario es endiablado. España necesita un Presupuesto sólido que mostrar a Bruselas para evitar las sanciones de la UE. Ya la Comisión Europea despejó a principios de agosto que no habría sanciones automáticas para España y Portugal por la desviación de los objetivos de déficit. Pero el Gobierno en funciones tiene motivos de sobra para la ansiedad. El calendario apremia. Europa dio esa tregua pero aguarda para examinar los Presupuestos. Si no hay Gobierno y se prorrogan las actuales cuentas, la multa de la que se salvó España semanas atrás podría ser mucho más dura, y pasar de los 2.000 millones a los 5.000 millones de euros, del 0,2 al 0,5% del PIB. Si hay nuevas elecciones, desde luego será imposible cumplir con lo prometido a Bruselas. Todas estas consecuencias directas del bloqueo político las conocen de primera mano las consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas.

Además, a principios de septiembre, la Comisión debe decidir sobre la suspensión de fondos estructurales, que sigue en el aire y que tiene bajo amenaza un total de 1.100 millones de euros. Muchos de estos fondos afectarán de manera muy directa la inversión prevista por las comunidades autónomas. La mayoría del gasto destinado a inversiones sigue llegando desde la UE. Bruselas ya advirtió de que piensa ser muy firme con la nueva senda fiscal impuesta y que obliga a reconducir el déficit al 3,1% en 2017 y al 2,2% en 2018. El papel de las comunidades en estas reducciones va a ser fundamental, por más que las que están gobernadas por partidos distintos al PP ya se hayan declarado en pie de guerra.

Las comunidades deben registrar sus Presupuestos a principios de octubre, y el Ministerio de Hacienda debe enviar el techo de gasto la semana próxima

Mientras que PP y Ciudadanos avanzan en Madrid en un acuerdo que permita el sí de los diputados de Albert Rivera a la investidura de Mariano Rajoy la próxima semana, las comunidades siguen 'in albis' y manejan borradores internos de sus cuentas públicas que aún no han hecho públicos. En el caso de Andalucía, depende además de Ciudadanos en el Parlamento andaluz para sacar adelante las cuentas. En el partido naranja negociarán en paralelo con Rajoy y Susana Díaz, y entre las exigencias de Ciudadanos en Madrid y Sevilla figura la rebaja del IRPF en 2017. El PP guarda silencio a este respecto, pese al rapapolvo de Bruselas por sus últimas promesas de rebajas fiscales en periodo electoral. El Gobierno andaluz ha dejado ya claro que no tendrá capacidad para aflojar en este impuesto ante los recortes que se avecinan.

Nueva reforma fiscal

Con todo, Andalucía aprobó este martes en sesión extraordinaria del Parlamento andaluz, que sigue de vacaciones, una reducción del impuesto de sucesiones y donaciones comprometida con Ciudadanos. Se amplían las deducciones por herencia en vivienda habitual y se llevan al 99% las reducciones en las explotaciones agrarias. Podemos e Izquierda Unida se mostraron totalmente en contra de esta bajada de impuestos, apoyada por PSOE, PP y Ciudadanos, considerando que supone una amenaza para los servicios públicos. Ambos partidos mostraron su asombro por que la Consejería de Hacienda aprobara por decreto-ley esta reforma y apelara a la reforma de la Política Agraria Común y el Brexit en el preámbulo del texto legal para justificar la vía de urgencia.

Esta bajada de impuestos, que el PSOE permitió anunciar a Ciudadanos en Andalucía durante la última campaña electoral, conlleva una segunda fase que deberá incluirse en el Presupuesto de 2017 y que elevará hasta los 250.000 euros el mínimo exento de tributación para las herencias recibidas por parientes directos. Esta reducción fiscal sobre las herencias detraerá de las cuentas andaluzas 125 millones de euros, según la estimación de Hacienda, que aseguran que van a compensar con “la tímida recuperación económica”. Pero, ojo, porque Bruselas no se va a conformar con este tipo de respuestas. En los equipos económicos, el nerviosismo es palpable.