Diez pistas para no perderse en el laberinto de los ERE: crisis, drogas y votos

Entender el caso ERE es, cinco años después de que la jueza Mercedes Alaya comenzara la instrucción, casi una misión imposible. Esto son algunos de los momentos y los datos clave de un caso que ha puesto dos décadas de socialismo andaluz contra las cuerdas y que sigue teniendo muchos agujeros negros y preguntas pendientes de responder.

1.Cuentas y cuentos del fraude

El juez Álvaro Martín, que ha culminado la pieza política y ha señalado el camino hacia el banquillo de los acusados para los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otra veintena de pesos pesados del socialismo como Gaspar Zarrías o Magdalena Álvarez, ha dejado escrito que el “procedimiento específico” diseñado para repartir durante una década las ayudas sociolaborales en Andalucía contó con una cantidad no inferior a “854 millones de euros”. No todo ese dinero se malversó. Esa cifra se repartió supuestamente bajo un sistema ilegal y arbitrario, pero no todo acabó en manos equivocadas.

El fraude se ceñiría a los intrusos, las sobrecomisiones de los intermediarios (comisionistas y aseguradoras) y ayudas directas a empresas en crisis que no pasaron ninguna oferta pública. La mayor parte de las ayudas ha cumplido con su fin original, según admitió el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro. La cifra defraudada se elevaría a 161 millones de euros, según las estimaciones. De 6.096 trabajadores que cobraron ayudas 126 están imputados en la causa como intrusos en los ERE. El resto siguen cobrando y nadie les ha pedido que devuelvan las cantidades. El Gobierno andaluz convalidó mediante un decreto ley en 2012 las ayudas que habían sido repartidas una vez que había estallado el caso en los tribunales.

2.Guerrero y “las criaturitas”

Si hay un protagonista del caso que haya dado frases lapidarias ese es el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Fue el que declaró ante la Guardia Civil que estas ayudas salían de “un fondo de reptiles”. Así describió la partida 31.L del presupuesto andaluz que durante una década sostuvo el sistema. Se arrepintió de esa afirmación. Se refirió a los beneficiarios de las ayudas como “criaturitas”. La orden que instauró el fondo en 2001 dotó al director general de la competencia para la adjudicación directa de las ayudas sociolaborales. Él ha dejado claro que recibía instrucciones de sus superiores, mencionando al exconsejero Antonio Fernández, y ha defendido que la cúpula política estaba al corriente.

Su papel en la Sierra Norte de Sevilla fue especialmente llamativo. Era natural de El Pedroso y en esa comarca sevillana, además, el exconsejero José Antonio Viera tejió su principal área de influencia política como secretario general del PSOE de Sevilla. Guerrero fue director general de Empleo con tres consejeros y durante más de una década. Tras salir de la cárcel, donde ha permanecido en dos ocasiones un total de diez meses, aseguró haber leído un total de 41 libros en 60 días. Entre ellos “La metamorfosis” de Kafka o "La sombra del águila”, de Arturo Pérez Reverte.

3.Drogas y cocaína

Si hay una parte sórdida en el caso es la que destapó el chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, ante la jueza Mercedes Alaya. Declaró que él y su jefe se gastaban “hasta 25.000 euros al mes” en cocaína del dinero de los ERE. El chófer declaró haber recibido dos ayudas de hasta 450.000 euros para supuestamente montar un negocio. Parte del dinero, según su testimonio en sede judicial, se lo dio a Guerrero, que aseguró que dispuso para su disfrute personal de dinero en metálico, ropa, antigüedades o un piano que salían de la famosa partida 31.L.

Guerrero despachaba en bares de copas. El aludido siempre ha negado que fuera cocainómano. “Sé cuanto vale un paquete de Marlboro y un 'gin-tonic', y ya está. No me he comprado ni un porro”, declaró Guerrero en la comisión de investigación del Parlamento andaluz. "Lo único que digo es que me tengo por una persona jovial, no he sido un putero ni me he dedicado a la drogodependencia, que no está en mi terrero, estoy dedicado a otras cosas. Me tomo las copas que me apetecen, cuando me apetecen y donde quiero, cosa que también se me cuestiona", sostuvo aquel día. El TSJA obligó a la Junta a readmitir a Guerrero como funcionario. No tendrá plaza mientras esté imputado pero cobra una nómina de 700 euros mensuales.

4. “Dinero para asar una vaca”

En marzo de 2013 la Guardia Civil montó un importante dispositivo para buscar un zulo que presuntamente debía almacenar una importante cantidad de dinero en casa de Juan Lanzas, en la localidad jiennense de Albanchez de Mágina. Un georradar buscó sin éxito un escondite bajo tierra. Un vecino del pueblo declaró que la madre de Lanzas solía presumir de que su hijo tenía “dinero para asar una vaca”. Lanzas es otra de las piezas clave del caso. Exsindicalista de UGT actuaba como mediador y cobraba por ello suculentas comisiones. La familia Ruiz Mateos y su fábrica de Dhul estuvo entre sus ‘clientes’. Era como una especie de ojeador’, se acercaba a empresas en crisis y les ofrecía recibir dinero público. Dicen que era un embaucador. Para sus apariciones públicas de los juzgados elegía chándal y gafas de sol. La jueza Alaya sostuvo que se había embolsado hasta 13 millones de euros y se le han embargado hasta 11 propiedades.

5. Cárnicas Molina

Fue la primera empresa en estrenar el sistema de los ERE. Explica bien el origen del procedimiento que hasta tres jueces han puesto ya bajo serias sospechas. Ahí se conocieron Guerrero y Lanzas, una década antes de que se encontraran en la cárcel. La Junta se había hecho con el control de esta empresa cárnica jiennense que en 1995 llegó a tener una plantilla de más de 1.000 trabajadores y de la que quiso desembarazarse en 1999 vendiéndola a Campofrío. La Junta topó con el rechazo de la Intervención General de la Junta para que este ERE tuviera primas públicas. Advirtieron de que chocaba con la legislación de la Unión Europea y bloquearon las ayudas.

Ahí nació el famoso “procedimiento específico”. Supuestamente para agilizar las ayudas y aligerar la burocracia de la administración, en un momento en el que las empresas andaluzas caían como fichas de dominó, se creo un nuevo sistema. Las ayudas se pagarían a través de una agencia pública, primero IFA, después Idea, que actuaría como caja pagadora. Se sorteaba así la fiscalización previa de estas subvenciones. Para nutrir ese fondo se acudió a la fórmula de las transferencias de financiación, cuestionadas ahora como ilegales para abonar este tipo de subvenciones.

6. El fuego y el humo

Durante mucho tiempo el caso giró sobre los informes de la Intervención General de la Junta alertando de irregularidades. Desde 2005 hubo hasta 15 avisos pero ninguno de esas alertas se convirtió en un informe de actuación, el documento que hubiera frenado en seco el sistema ante la sospecha de menoscabo de fondos públicos. Después de que estallara el caso ERE, los interventores emitieron hasta ocho informes de actuación por el supuesto fraude de los cursos.

Por eso está imputado en la causa el que fuera interventor general de la Junta, Manuel Gómez. Él declaró ante la comisión de investigación en el Parlamento que él había avisado durante años de que veía humo y nadie llamó a los bomberos. “Si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen llamas por su extractor de humo usted qué haría. ¿Llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino confirmara la noticia por carta o correo electrónico? Sería inaceptable que ante su descuido el vecino acabe pagando el desaguisado”. “Nosotros lo advertimos y quien tenía que tomar decisiones no las tomó; lo que resulta irónico es que quien no tomó decisiones se queje ahora de que no fue advertido”, señaló. El juez ha sostenido que él debió descolgar el teléfono y marcar el número de emergencias después de que todas sus alertas cayeran en saco roto.

Otro de los momentos clave desde un punto político lo protagonizó la entonces consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Convocó a la prensa en una sala próxima a su despacho y llevó varios carritos cargados de documentos que no eran otra cosa que informes de los interventores. Cientos de páginas. José Antonio Griñán era entonces presidente pero había sido consejero de Hacienda y los informes de los interventores llevaban su nombre entre los destinatarios. Defendió que ella como viceconsejera de ese departamento fue la que recibió las alertas de irregularidades, que no de menoscabo de fondos, y nunca se las pasó a su ‘jefe’. El juez Martín ha añadido, en contra de la doctrina del Supremo, el delito de malversación a Griñán como receptor de esos informes. Martínez Aguayo también está imputada.

7. Los ‘alayazos’ y las coincidencias políticas

La jueza Mercedes Alaya, heroína o villana, según quien hable de ella, ha sido una de las grandes protagonistas del caso. Los socialistas siempre han insinuado que instruía en connivencia con el PP y han tratado de poner el foco en su relación con el dirigente popular y exalcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido, juez en excedencia. Los comentarios sobre Alaya han sido muchos y de todo tipo. A la magistrada, que le gustaba interrogar hasta la madrugada y que dicen que se vestía de rojo para imputar, la aplaudían en la calle, la insultaron sindicalistas de UGT y CCOO a las puertas de los juzgados, se volvió a casar con su marido en mitad de una expectación mediática sin precedentes... Las coincidencias de los principales autos del caso ERE con momentos electorales o políticos importantes recibieron un nombre, ‘los alayazos’. El más sonado, al margen de los arrestos en campaña, fue el auto difundido durante la toma de posesión de Susana Díaz, en el que apuntó a toda la cúpula del Gobierno, incluidos los dos expresidentes.

Su petición para ascender en el escalafón judicial aspirando a una plaza en la Audiencia de Sevilla que hoy ocupa la dejó fuera del caso. Eso y su ataque frontal a la que hoy ocupa la plaza del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, de quien dudó que estuviera capacitada para quedarse al frente de los ERE y acusó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de no ser independiente por sus vinculaciones personales con el consejero de Justicia del Gobierno andaluz, Emilio de Llera.

8. Errores políticos o penales

El expresidente José Antonio Griñán declaró tras comparecer en el Supremo que no creía que hubiera “un gran plan pero sí un gran fraude”. Siempre ha defendido que nunca nadie le alertó del mismo y ha situado la responsabilidad en la Consejería de Empleo. Manuel Chaves se mostró convencido desde el principio de que el caso de los ERE era cosa de “cuatro golfos”. Ambos van camino del banquillo de los acusados pero ninguno está acusado de haberse lucrado personalmente de estos fondos públicos. Es la gran diferencia que los socialistas defienden frente a otros casos de corrupción. ¿Dónde está la responsabilidad penal?, se preguntan los socialistas, convencidos de que todo se circunscribe a responsabilidad política, que ya ha sido asumida con la salida de ambos de la vida pública. La jueza Alaya apuntó a una gran conspiración, a un sistema diseñado expresamente para alimentar un red clientelar que habría permitido a los socialistas ganar las elecciones de forma ininterrumpida hasta 2012. Nunca antes se había juzgado a toda una Administración con este enfoque. Chaves y Griñán no participaron del fraude pero los jueces, hasta hoy, señalan que pudieron ampararlo o permitirlo para sacar rédito político.

9. Negocio y ruina

Es el otro negocio de los ERE. Cinco despachos, tres en Sevilla y dos en Madrid, se reparten la defensa de la mayoría de los dos centenares imputados. Muchos son ex altos cargos de la administración y nombres muy relevantes de la política andaluza. Un coste medio de unos 120.000 euros por imputado, tirando “por lo bajo”, advierten, y siempre en el caso de que no lleguen a estar procesados, da una cifra de muchos ceros en esta tarta de beneficios. La otra cara la protagonizan los imputados. Unos 250 en una macrocausa de millones de folios. Altos cargos de la administración, muchos sin vinculaciones políticas directas o militancia en el PSOE, lo han perdido todo. Embargos de sueldos, propiedades y nóminas para muchos nombres de peso en la administración que han visto abortadas sus carreras profesionales o políticas. La Audiencia ha tumbado alguna de fianzas millonarias. El último auto del juez Álvaro Martín deja fuera a 24 ex altos cargos.

10. Un lustro y Mercasevilla en el origen

La instrucción del caso ERE dura ya casi seis años. Ha sido una causa mastodóntica hasta que la jueza Núñez Bolaños decidió agilizar la instrucción y dividirla en varias piezas, una parte política, los intrusos y las sobrecomisiones. Esa negativa de Alaya a dividir la causa ha sido motivo de enfrentamiento con la Fiscalía y la Audiencia. Fuentes judiciales no auguran que haya juicio para los expresidentes hasta 2017 o incluso 2018. El origen del caso estuvo en una investigación centrada en Mercasevilla, la lonja mayorista sevillana. Responsables políticos pidieron una mordida a unos empresarios interesados en montar una escuela de hostelería. El ERE de Mercasevilla arrojó el primer intruso. El papel del PP como acusación particular y de sus abogados, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, fueron claves. La jueza Alaya vio claro que había un hilo del que tirar y ha acorralado al PSOE.