Un juez pone al socialismo de Chaves y Griñán contra las cuerdas en plena campaña

Aunque esperado, ha sido un mazazo al PSOE a las puertas de una campaña electoral decisiva y cuando el partido está al borde del precipicio. Cuando se marchó Mercedes Alaya a la Audiencia de Sevilla, muchos lanzaron la idea de que el caso ERE se desmoronaba como un castillo de naipes. Nada más alejado de la realidad. Aquí está el final de su imaginada pirámide. El juez Álvaro Martín, al frente de la pieza política, ha puesto contra las cuerdas más de dos décadas de socialismo y 10 años de gestión de la Consejería de Empleo en Andalucía. No admite “la ignorancia” aducida por los expresidentes ante el Tribunal Supremo. Sentará en el banquillo a Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros seis exconsejeros y 13 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos el que fue interventor general y jefe del gabinete jurídico de la Junta, dos de los altos funcionarios con más pedigrí de la Administración autonómica.

En un auto “duro”, según la valoración de voces distintas del mundo judicial, el instructor ha sorprendido a muchos imputando a Griñán un delito de malversación que se suma al de prevaricación administrativa que el Supremo ya dictó para los expresidentes. “Nadie lo podía esperar”, sostiene un abogado que conoce muy de cerca el caso ERE. La prevaricación administrativa conlleva pena de inhabilitación para cargo público, algo que todos los que están procesados ya llevan meses e incluso años cumpliendo en realidad. La malversación sí tiene pena de cárcel, de entre cuatro y ocho años, o hasta 12 en caso de que sea continuada o grave.

En su auto, de más de un centenar de folios, el juez Martín fija con claridad una nueva raya roja: todos los que conocieran los avisos de la Intervención de la Junta realizados a partir de 2005 han podido incurrir también en un delito de malversación, aunque sea por omisión. Sostiene que Griñán, como consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, mantuvo el procedimiento para la concesión de ayudas, las transferencias de financiación y las modificaciones presupuestarias. “El Sr. Griñán asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados”, dice el escrito.

15 alertas de la Intervención y nadie vio nada

El auto sostiene que se instauró un procedimiento específico y absolutamente particular, desde 2000 a 2011, que permitió el reparto de “una partida indeterminada no inferior a 854,4 millones de euros” destinados a empresas en crisis y trabajadores víctimas de ERE. Esas ayudas sociolaborales, tal y como señaló Mercedes Alaya y suscribió el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, se repartieron sorteando los controles, sin fiscalización previa, saltándose la ley de subvenciones y la de Hacienda pública, de forma discrecional, sin convocatoria pública y pagando sobrecomisiones a las aseguradoras e intermediarios.

El instructor sitúa en la trama a todos los que conocieron del diseño de este sistema, a quienes supieron de las hasta 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron en una década para nutrir este fondo y a quienes tuvieron conocimiento de los 15 avisos de la Intervención y de dos auditorías privadas sobre posibles irregularidades, alertando de que el sistema de transferencias de financiación no era el adecuado para estas ayudas. Las alertas de los interventores, no obstante, nunca llevaron a elevar un informe de actuación, que hubiera desatado la alarma, el código rojo, suspendido el fondo y conducido a los tribunales. De hecho, el juez imputa al que fue máximo responsable de la Intervención General, Manuel Gómez, porque “omitió la adopción de medidas para impedir que se mantuviese el sistema”.

El retrato es desgarrador. El juez Martín, un instructor joven de corte conservador que ya trabajó codo con codo con Alaya como refuerzo y que ahora lleva la pieza política, admite que hay asuntos importantes aún por resolver. Muchos. Entre otros, si ese sistema “particularísimo”, según define, “que no encuentra paralelo dentro o fuera de esta Administración autonómica”, fue ideado intencionadamente para desviar dinero público. “Mayor importancia podría tener la discusión sobre si estas deficiencias fueron buscadas como fines, o asumidas como consecuencias necesarias del sistema, que se quería dotado de una falta de control que permitiese una más fácil disposición sobre las cantidades destinadas a subvenciones y ayudas sociolaborales”, sostiene en el auto.

Avisan de que no habrá juicio hasta 2018

No se sabe cuándo se fijará el juicio. La intención de la actual instructora, María Núñez Bolaños, al dividirlo en varias piezas fue agilizar un caso que lleva ya un lustro de instrucción. Se apuntó la posibilidad de que se iniciaran los juicios en 2016, pero hay abogados que dudan que sea antes de 2018, atendiendo al calendario de citas pendientes en la Audiencia de Sevilla. De momento, Chaves y Griñán ya se han dado voluntariamente de baja como militantes del PSOE. Para muchos, este momento ha sido mucho más duro que el auto de procesamiento.

Son dos históricos del partidos. Ambos han sido presidentes federales del PSOE, secretarios generales de los socialistas andaluces, ministros de Trabajo y presidentes de la Junta de Andalucía. Durante años, Chaves fue un referente en el PSOE, un patriota de estas siglas, un pilar, el hombre ponderado al que se acudía para apagar los incendios internos, el garante de los equilibrios. Hoy vive jubilado y sobrelleva como puede este final de su carrera política y sus 19 años como presidente de Andalucía. No renuncia a participar en los actos públicos a los que le invitan, imparte conferencias y quiere seguir vinculado al mundo universitario, aunque ahora mismo su teléfono haya dejado de sonar.

Griñán, el intelectual, se lleva el peor golpe

Griñán es distinto. Tiene una personalidad muy diferente. Era el intelectual. Ambos fueron amigos íntimos, se distanciaron y ahora vuelven a retomar una relación más fluida dentro de la adversidad. Griñán volvió al Gobierno andaluz en 2004 y desde el primer momento dijo que quería retirarse y dedicarse a sus hijos y sus nietos. Nunca cumplió su palabra. Repitió como consejero de Hacienda y asumió en 2009, tras días dándole vueltas, el encargo de suceder a Chaves al frente de la Junta. Llegó como una 'rara avis'. Impulsó a un equipo que los ‘pata negra’ del PSOE andaluz, los de toda la vida, denominaron con sorna “los tecnócratas”. Defendía en público que la política necesitaba que se primara más el mérito y la capacidad y menos la militancia en el partido o la cuna de las Juventudes Socialistas. Después, este discurso distinto se apagó. Para muchos, lo engulló lo que el PP había llamado “el régimen socialista”. Ahora sale poco, está dedicado a escribir sus memorias y evita los actos públicos.

Por mucho que el PSOE asegure en su discurso oficial que este caso de los ERE está amortizado y no influirá en la campaña electoral, alegando que el PP tiene mucho más que callar, el golpe ha sido duro y la herida profunda. Chaves y Griñán ya habían comunicado la semana pasada que no iban a plantear ningún problema y renunciarían a su militancia en cuanto estuviera el auto. Ya lo hicieron como diputado y senador, respectivamente.

El PSOE andaluz, el que estaba llamado a salvar los resultados de Pedro Sánchez, está anímicamente en las horas más bajas que se recuerdan en décadas. Susana Díaz se ha erigido en la regeneración, tuvo permiso de su mentor para matar al padre y lo hizo en cuanto vio que le podía salpicar esta pesada herencia. Pero por dentro, para los militantes, para los veteranos, para quienes van a las casas del pueblo y sostienen al PSOE en Andalucía, imaginar a Chaves y Griñán en el banquillo no es nada fácil. Susana Díaz combinará la distancia y el respeto a las decisiones judiciales con las declaraciones de confianza en la honestidad y honorabilidad de los expresidentes. De ahí no pasará. “Es pasado”, insisten.

Nadie podía presagiar este final. Durante años, el PP retrató una Andalucía sin alternancia política por culpa de un régimen político clientelar, alimentado desde la concertación social, que año tras año reunía al Gobierno andaluz, la patronal y los sindicatos en una mesa con millones de euros en subvenciones públicas. El PP buscó y buscó un caso de corrupción que le permitiera sostener ese discurso. En 2008, Chaves seguía proclamando en las entrevistas electorales que “su mayor patrimonio" era "su honestidad”, mientras Javier Arenas encaraba otra mayoría absoluta de los socialistas. En 2009, se abrió la sucesión y todo comenzó a desmoronarse. Entonces ya el director de la oficina de Chaves coincidía con unos empresarios amigos en el Betis que le alertaron de que les pedían una mordida para recibir una ayuda con la que montar una escuela de hostelería. Una cinta con comprometidas grabaciones que acabó en la Fiscalía. Se abría el caso Mercasevilla, por la lonja mayorista sevillana.

De aquel hilo salió el caso ERE. Se detectó un primer intruso en aquel ERE, un militante socialista de Jaén, Antonio Garrido Santoyo. El director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, explicó con detalle a la Guardia Civil que había “un fondo de reptiles”. El Gobierno andaluz y el PSOE se parapetaron tras la teoría de que eran “cuatro golfos”. El chófer de Guerrero puso el punto sórdido declarando que el dinero también fue para copas y cocaína. El exconsejero Antonio Fernández siguió al director de Trabajo en la cárcel. El día de la toma de posesión de Susana Díaz, en septiembre de 2013, la jueza Alaya apuntó por primera vez directamente a la cúpula del Gobierno andaluz. El final es que Chaves y Griñán se sentarán en el banquillo no se sabe cuando y que se han dado de baja como militantes socialistas.

La teoría del régimen clientelar, de las ayudas destinadas a comprar votos y paz social, cobra cada vez más fuerza. Al PSOE le queda la esperanza de que sus expresidentes salgan libres tras el juicio. El abogado de Griñán ha pedido el archivo del caso apelando a la doctrina del Supremo con la exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo (PP). En una pieza separada de la trama Gürtel no ve indicios de responsabilidad penal de la diputada popular. Sí cree que se adjudicaron contratos a empresas vinculadas con esta trama “al margen de todo procedimiento legal, beneficiando a unas concretas empresas -tres- que resultaron adjudicatarias en virtud de una decisión tomada, sin respeto a los procedimientos y garantías administrativas”. Pero no ve en la alcaldesa, que firmó los expedientes, una conducta dolosa. Descarta que lo hiciera a sabiendas de su arbitrariedad.

El auto califica de “creíble” el testimonio de la investigada sobre su desconocimiento de “toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles, que resultan no solo muy verosímiles sino además sugestivas de acomodarse a lo más probable”. Esa puerta de salvación es la que esperan muchos socialistas que ahora se abra.