Nueva teoría en el fraude de los cursos: “Es un bluf generado por la catarsis de los ERE”

No hubo fraude, es más, es “un bluff”, una "operación mediático política", un efecto colateral de los ERE. 18 juzgados andaluces investigan el destino y el reparto de 3.000 millones de euros públicos, 950 millones llegaron a estar sin justificar, en cursos de formación para parados pero no hay nada más que una conspiración contra el PSOE y la Junta de Andalucía. Esa es la teoría de los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, que son también protagonistas del caso ERE. Ambos son investigados por prevaricación. El segundo, además, que no gozaba de aforamiento cuando fue detenido, pasó más de cuatro meses en la cárcel, de donde salió con una fianza recolectada entre sus amigos. Ahora ambos exdirigentes, los dos con el carné del PSOE retirado, se sitúan en el epicentro del presunto fraude de la formación.

Los exconsejeros optaron por contestar a las preguntas de los grupos políticos en una comisión que seguía contaminada por la ausencia, el día anterior, de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Fernández, eso sí, se negó a contestar a la diputada del PP-A, Teresa Ruiz Sillero, como ya hicieron el empresario Ángel Ojeda y su cuñada, la exalto cargo Teresa Florido. ¿Por qué? “No le contesto porque el PP no me merece ningún respeto. Su presidente el señor (Javier) Arenas tuvo la poca vergüenza de decir que no me preocupara y su estrategia me privó de libertad durante 122 días. Me dio un beso diciéndome que no me preocupara y al minuto siguiente estaba pidiendo mi entrada en prisión”, relató aludiendo al papel del PP como acusación en el caso ERE. Durante el segundo turno de preguntas, por su “estado físico”, pidió no responder.

Fue Fernández, uno de los dirigentes socialistas más castigados y dañados personalmente por los casos de supuesta corrupción que afectan al Gobierno andaluz, quien hizo una descripción muy gráfica sobre lo que considera que ha pasado en Andalucía en los últimos años. En realidad, lo que él piensa lo defienden muchos dirigentes socialistas en privado pero nadie se atreve a verbalizarlo. “¿Fraude de la formación? De lo que hablamos es de 52.000 euros. Esto es un bluff generado por la catarsis, la crisis y el nerviosismo que se genera en esta comunidad en 2011 y 2012. Aquí le entran unos nervios a los interventores que no se ha visto nunca. ¿Por qué? Porque hay una presión social y mediática fortísima por el informe de actuación que no se hizo en los ERE y se genera una crisis de ansiedad y todo lo que había sido normal, deja de ser normal. A algunos le viene muy bien que Andalucía aparezca en primera plana por la corrupción para ganar votos. No cabe la autocrítica sino la crítica colectiva”, advirtió.

"Con los ERE se genera una crisis de ansiedad y todo lo que era normal deja de ser normal", según Fernández

Fue tras la salida de Fernández, en pleno estallido de los ERE, cuando el Gobierno andaluz decidió paralizar toda la línea de ayudas a la formación. Directamente el expresidente José Antonio Griñán decide disolver la Consejería de Empleo y repartir sus competencias. A partir de ahí, se comienzan a mover expedientes, supuestamente se pierden papeles... En octubre de 2013, según relatan los interventores de la Junta a la Guardia Civil, llega a haber 950 millones de euros sin justificar y se firman miles de exoneraciones, de forma masiva, que permiten seguir repartiendo ayudas sin cumplimentar las anteriores. “Yo hubiese decretado también la suspensión de la formación por un problema de atasco de gestión”, sostuvo Fernández. “Los empresarios presentaban los justificantes en el último momento y desbordaban” a la administración, añadió.

Viera, que se dio de baja en el PSOE para poder seguir ocupando su escaño en el Congreso y que apuró su aforamiento en el Supremo hasta el último minuto, fue consejero de Empleo de 2000 a 2004. Fernández, expulsado de las filas socialistas, había sido su viceconsejero y le tomó el testigo hasta 2010. Con el primero se diseñó el traspaso de las políticas activas de empleo desde el Gobierno central y se decidió la creación de la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en el epicentro del presunto fraude y un nido de irregularidades según alertó la Cámara de Cuentas de Andalucía. Fernández amparó el reparto del mayor volumen de ayudas y con él Ángel Ojeda, uno de los principales empresarios investigados y también exconsejero socialista, se embolsó las millonarias ayudas de Delphi.

“No despachaba ni con Chaves ni con Griñán”

Antonio Fernández, que también está imputado por la juez Mercedes Alaya en el caso de la formación, reclamó su derecho al honor y se mostró en una actitud “defensiva y altanera”, según consideró la diputada de Ciudadanos, Marta Bosquet. “Ustedes lo que querían escuchar es que yo cogía a (Manuel) Chaves en un rincón de San Telmo y le decía mira ‘presi’, aquí está el 20%, vamos a decidir las subvenciones”, ironizó visiblemente enfadado después de que uno de los empresarios que han pasado por la comisión hayan relatado que se embolsaban el 20% en beneficios pese a que se suponía la gestión “sin ánimo de lucro”. “Pues miren no, eso jamás ocurrió, yo no despechaba los asuntos de la formación ni con Chaves ni con Griñán”. “El señor Ojeda fue a mi casa me dio la resolución y pactamos el 20%”, insistió en bromear en otro momento. “Dudar de la honestidad de quienes elaboran el expediente administrativo es dudar de los funcionarios públicos”, aseguró descargando la responsabilidad en los empleados públicos.

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El diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe tuvo que pedir disculpas y solicitar que sus palabras fueran retirada del Diario de Sesiones: “No estamos atacando Andalucía sino a la mierda de gestores que suele tener”, le replicó airado a Fernández tras su intervención.

“Nunca di instrucciones para que se diera trato de favor a ninguna persona, empresa o administrado”, se defendió Viera. “Toda mi accción política siempre ha estado dentro de la normativa legalmente establecida”, sostuvo Fernández. Más allá de las comparecencias, la guerra política abierta entre PSOE y PP tocó techo. La diputada socialista Marisa Bustinduy y la popular Ruiz Sillero se enzarzaron traspasando las reglas de la cortesía parlamentaria y poniendo en serios aprietos al presidente de la comisión, Julio Díaz, de Ciudadanos. Las alusiones personales, las faltas de respeto y las provocaciones, de los que se culpan mutuamente PSOE y PP, enfangan al final cualquier debate.