C's da un aviso serio al PSOE y tumba 36.000 contratos para parados en Andalucía

Como la cara es el espejo del alma, bastaba mirar los rostros del vicepresidente andaluz, el número dos del PSOE-A, el portavoz parlamentario y el consejero de Empleo del Gobierno andaluz. El sanedrín de Susana Díaz se reunía en un patio del Parlamento minutos después de que Ciudadanos se abstuviera, permitiendo tumbar un decreto que amparaba 36.000 contratos para parados andaluces de larga duración. La bronca ha sido importante horas antes de la ‘gran reunión’ a tres que mantendrá en Madrid el PSOE con Ciudadanos y Podemos, y después de que Pablo Iglesias y Albert Rivera llevaran toda la jornada enzarzados en una guerra dialéctica y cruzándose duros reproches.

Si habrá o no ruptura del pacto nacional no se sabe, pero que en Andalucía hay más tensión que nunca es un hecho. Los socialistas se quejan de que Ciudadanos “no aguanta la presión” y encuadran este desplante dentro del clima electoral que domina el escenario político y en la tensión creciente en plena cuenta atrás hacia unas nuevas elecciones generales que creen irremediables. Nadie oculta que 36.000 contratos para parados andaluces de larga duración permiten “armar un potente discurso” al PSOE ante una nueva campaña. Pero no es tan sencillo. Detrás del voto en contra del PP, Podemos e Izquierda Unida y de la abstención de Ciudadanos, está el intento de los socialistas de regular con una disposición adicional al colectivo de laborales despedidos de la Junta y que los tribunales han ordenado volver a readmitir. El decreto pretendía dar tareas y funciones a estos laborales que, con varias sentencias a su favor, se encuentran actualmente cobrando una nómina y sin trabajar.

No es la primera vez que Ciudadanos se aleja del PSOE en Andalucía. Ya ocurrió el pasado septiembre, también a pocos meses de las generales, con otro decreto ley que regulaba los méritos para 23.000 funcionarios andaluces y puntuaba servicios previos como interinos. Es una batalla antigua en la Junta de Andalucía. La regulación del personal laboral y de los empleados de la llamada 'Administración paralela' siempre provoca incendios difíciles de sofocar. Los funcionarios se quejan de que se trate de regular por la puerta de atrás la situación de lo que consideran “enchufados”, por más que las sentencias judiciales asistan y den la razón a la mayoría del personal laboral despedido de la Junta en los últimos meses.

Fuentes de Ciudadanos en Andalucía aseguran que el PSOE no ha dialogado la regulación de este personal laboral de Empleo, unas 1.550 personas, y acusan a los socialistas de no haberse enterado de que ya no tienen mayoría absoluta. “Es todo cuestión de prepotencia”, resumen. La dirección andaluza ha tomado esta decisión con el visto bueno de Madrid y con la orden de que “no hay que dejar pasar ni una al PSOE, ya está bien”, insisten desde la filas de Albert Rivera en Andalucía. Hablan de “traición” y “juego sucio”, se quejan de que los socialistas les hayan tratado de colar de rondón el tema laboral sin diálogo. Los socialistas rechazan frontalmente esta versión y aseguran que “nadie puede creerse que este asunto no haya estado en la mesa de debate previamente”.

El decreto tumbado había nacido además de una iniciativa parlamentaria de Ciudadanos. Se trataba de dar una salida a todos aquellos ayuntamientos que no habían podido acogerse a los planes de empleo para contratar jóvenes y parados de larga duración porque incumplían los requisitos al tener deudas con Hacienda o la Seguridad Social. Había algo de ‘exoneración masiva’. La nueva norma corregía ese aspecto y abría la mano para todos los ayuntamientos. Todos los partidos admiten que no ha sido fácil el voto en contra porque todos los partidos tienen alcaldes que defienden con vehemencia poder acogerse a estos planes en sus municipios.

Podemos habló de una “chapuza” y vaticinó que la norma tal y como estaba redactada iba a acabar tumbada en los tribunales. IU llamó al Gobierno andaluz a demostrar ese nuevo talante de diálogo del que “presume en el nuevo tiempo político”. Desde el PP han responsabilizado directamente al Gobierno andaluz de tratar de “encubrir” la entrada de empleados de la antigua Faffe, la fundación de Empleo epicentro de los desmanes en el fraude de los cursos de formación.