Pacto con ciudadanos

El PSOE andaluz ya frenó en 2011 la apuesta de Rubalcaba por suprimir las diputaciones

Susana Díaz contiene la indignación de los dirigentes andaluces por la condición de Ciudadanos de acabar con unas instituciones que afianzan al PSOE en el medio rural
Foto: El presidente de la Junta en 2011, José Antonio Griñán, y la actual presidenta andaluza, Susana Díaz. (EFE)
El presidente de la Junta en 2011, José Antonio Griñán, y la actual presidenta andaluza, Susana Díaz. (EFE)

Hay orden de no hablar o al menos no hacerlo hasta “que toque” en los órganos internos del PSOE. Eso es lo que han trasladado a este periódico al menos dos de los seis presidentes socialistas en las diputaciones andaluzas. Sin embargo, la indignación sacudió las filas socialistas andaluzas tras la oferta de Ciudadanos aceptada por Pedro Sánchez de una reforma exprés de la Constitución que conlleve la supresión de estas corporaciones provinciales.

Fuentes de la dirección del PSOE andaluz consideraron esa condición “un brindis al sol” y se mostraron convencidas de que se creará un grupo de trabajo que “no llegará a ninguna parte” porque necesitaría un apoyo del PP que dan por descontado que no se producirá. De momento, Susana Díaz ha ordenado a los suyos guardar silencio y no hacer sangre con un asunto que están convencidos de que no llegará a ningún sitio. Es más, a la mayoría de la ejecutiva socialista andaluza su olfato político le dice que habrá nuevas elecciones “sí o sí”.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, defendió, tras conocerse el ultimátum de Albert Rivera, el “importante” papel de las diputaciones y mostró la disposición de Andalucía “solo” a una reforma para “evitar duplicidades y racionalizar servicios”. En Andalucía, este asunto quedó fuera del pacto de investidura con Ciudadanos y se circunscribió al ámbito nacional. No es la primera vez que una propuesta de acabar con las diputaciones fractura al PSOE.

El exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba. (EFE)
El exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba. (EFE)

Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo que ver cómo sus ya erosionadas y tensas relaciones con la federación andaluza acababan de saltar por los aires a finales de 2011, cuando apostó por un consejo de alcaldes en el programa electoral del partido. José Antonio Griñán, entonces presidente andaluz, alzó la voz en solitario para dejar claro que estaban radicalmente en contra. Los socialistas andaluces aceptaban su reforma y transformación, pero no su supresión, y no dudaron en recordar su peso dentro del PSOE, erigiéndose en modelo a seguir en cuanto a “vertebración y cohesión territorial”. La propuesta se matizó, y desde luego a nadie se le ocurrió volver a retomarla hasta que Ciudadanos la puso sobre la mesa de Pedro Sánchez.

1.792 millones, el 30% en personal

En Andalucía, una comunidad de más de ocho millones de habitantes y 87.000 kilómetros cuadrados, las diputaciones se han convertido en instituciones muy poderosas, no solo al servicio de los pueblos más pequeños sino también como brazos de poder de los partidos políticos. Tras las últimas municipales, el PSOE logró volver a gobernar seis de las ocho corporaciones andaluzas. En Cádiz y Córdoba, descabalgaron al PP gracias a acuerdos con las marcas blancas de Podemos. El PP, por su parte, mantuvo a salvo dos, en Málaga y Almería, gracias a acuerdos con Ciudadanos, un partido que abogaba en su programa electoral por suprimirlas y que finalmente aceptó formar parte de estas instituciones a cambio de rebajas en las nóminas y los asesores.

En Andalucía, las diputaciones se han convertido en instituciones muy poderosas, no solo al servicio de los pueblos pequeños sino también como brazos de poder

Los socialistas volvían así a hacerse fuertes en estas instituciones, que suman en la comunidad andaluza, atendiendo a los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, 1.792 millones de euros de fondos públicos. La mayoría, por encima del 30%, destinados a personal, y dentro de este capítulo con mayoría de trabajadores no funcionarios.

En 2011, cuando el PP arrasó en las municipales en Andalucía y se hizo con una importante porción del poder municipal, más allá de las grandes ciudades, llegó a controlar cinco de las ocho diputaciones. En aquel momento, los populares dejaron inmediatamente de hablar de la necesidad urgente de una reforma con la que Javier Arenas denunció durante años unas instituciones que señalaba como “coto privado de los socialistas”.

Los ataques del PSOE-A a Rivera

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera. (Reuters)
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera. (Reuters)

La supresión de las diputaciones fue una de las proposiciones estrella de Albert Rivera en su propuesta de reforma de la Constitución que se presentó en Cádiz el pasado diciembre. Los socialistas andaluces salieron entonces en tromba. Los principales dirigentes del partido lamentaron la propuesta con la misma contundencia que meses antes habían arremetido contra la reforma local del PP, que apostaba por suprimir y fusionar municipios y que quedó aplazada justo antes de las elecciones.

Por ejemplo, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, una de las mujeres de más confianza de Susana Díaz, realizaba estas declaraciones: “Parece que al señor Rivera le sobran los pequeños pueblos donde los socialistas creemos que están nuestras raíces y a los que el PSOE va a defender y proteger siempre”. Lo consideraba “lamentable” y alertaba de la pérdida de 2.000 empleos en Sevilla. No hay que remontarse tan atrás. Este mismo lunes, el presidente de la Diputación de Jaén y secretario general de los socialistas jiennenses, Francisco Reyes, aseguraba junto a la presidenta de la Junta en un desayuno organizado por Europa Press que esa propuesta de Rivera era una “barbaridad” e invitaba al líder de Ciudadanos a conocer la realidad municipal.

Sillones para los ‘jefes’ de los partidos

No solo Reyes ostenta el máximo cargo orgánico del PSOE en su provincia y ocupa la presidencia de la Diputación jiennense. En Cádiz, Irene García también hace doblete en el sillón institucional y orgánico. Lo mismo que sucede en Huelva, con Ignacio Caraballo. En Sevilla, la presidencia de la Diputación corresponde al veterano Fernando Rodríguez Villalobos, presidente del partido en la provincia sevillana. Los socialistas andaluces siempre han defendido a capa y espada el papel de las diputaciones en el auxilio de los municipios más pequeños y como garante de la cohesión territorial en una comunidad muy extensa con 711 municipios, el 8% del país, y la única que no ha perdido ninguno desde la Transición.

En Andalucía, como en la mayoría de las CCAA, las diputaciones son “la agencia de colocación de los aparatos locales de los partidos”

Alfonso Yerga, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide, asegura que en Andalucía, como en la mayoría de las comunidades, las diputaciones son “la agencia de colocación de los aparatos locales de los partidos”. “Bastaría con analizar la gente que tiene ocupada cada presidente y su relación con las ejecutivas y direcciones provinciales. Refleja perfectamente un modelo de ‘cartelización’ de los partidos políticos”, agrega. Yerga fue uno de los máximos expertos que desde el Gobierno andaluz pusieron en marcha en 2001 la única propuesta seria que se ha emprendido para la reforma del modelo territorial de Andalucía.

Las tensiones en el PSOE andaluz llevaron al entonces consejero, el ya fallecido socialista Alfonso Perales, a guardarla en un cajón. “Si las diputaciones desaparecieran, no pasaría nada”, sostiene el profesor de la UPO, que cree que sería posible reformarlas solo cambiando la Ley Orgánica de Régimen Electoral y obligando a que los diputados provinciales fueran elegidos directamente por la ciudadanía. En la actualidad, en las diputaciones no forales hay una elección indirecta, los ciudadanos no eligen directamente a sus miembros sino que los sillones se reparten en función de los resultados de las municipales. Además, son las únicas instituciones que no aplican el principio de corresponsabilidad en sus presupuestos, puesto que el 80 o 90% de sus fondos vienen directamente del Estado.

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