La dimisión del interventor de la Junta desvela el forcejeo por el fraude de los cursos

La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, aceptó el pasado viernes, casi un año después, la dimisión del interventor general de la Junta, Adolfo García. Fue el pasado mes de marzo, según ha podido contrastar este periódico, cuando por primera vez comunicó que quería dejar ese puesto. Ese mes se alcanzó el cénit de tensión dentro de la Consejería de Hacienda. Al levantarse parte del secreto de sumario de la instrucción de la jueza Mercedes Alaya sobre el fraude de la formación, se supo que los interventores habían elevado un informe a la Guardia Civil, el 17 de marzo de 2015, donde se precisaba que había 3.015 millones de euros pendientes de justificar y requeridos por los interventores de las distintas provincias y del Servicio Andaluz de Salud (SAE).

Su dimisión se aceptó cuando se supo que el interventor, junto al resto de interventores provinciales, ha sido llamado a declarar en la comisión de investigación del Parlamento sobre la estafa de los cursos. Todos los partidos confían en que estos testimonios sean clave. Los comparecientes están obligados a decir la verdad y solo pueden negarse a declarar si están imputados. No es el caso de los interventores, que solo han sido llamados por la Guardia Civil en calidad de testigos.

La Junta rebajó a 733 millones de euros la cantidad pendiente de justificación, según apuntó el Gobierno andaluz forzado por las revelaciones judiciales, después de más de un año de investigación interna durante el que se habían resistido a hacer pública esa cantidad. El sumario judicial de Alaya incluye un cuadro elaborado por la propia Intervención General en que figuran 3.015 millones de euros desde 2005 a 2013 en subvenciones cuyo destino final no se ha acreditado. La cifra varía considerablemente, porque en la segunda cantidad se van sumando año a año las subvenciones pendientes para las que no había respuesta. Con esta pugna, aseguran fuentes de la Junta, se produjo un choque frontal con la Intervención por parte de los responsables políticos.

La comisión parlamentaria tiene a la Junta en un puño, confirman desde varias consejerías implicadas. El caso de los ERE llegó con mucho más recorrido judicial, se conocía mucho más la dimensión del fraude. Ahora se teme que todo estalle por los aires. La dimisión del interventor general, adelantada este lunes por ‘Diario de Sevilla’, es la segunda desde que estallaron los ERE.

Nunca antes en la historia de la Administración autonómica los interventores habían dimitido. Normalmente eran cesados y reubicados en la Administración en otros puestos. Su antecesora, Rocío Marcos, también dejó su cargo. El anterior responsable, Manuel Gómez, está actualmente imputado en los ERE y muchos consideran que sus declaraciones han sido clave para la imputación de los dos expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Fue quien puso el símil del humo que indicaba fuego y que nadie vio.

“Los interventores tienen difícil hacer su trabajo”

¿Qué está pasando en la Junta? Esa es la pregunta que rondó a muchos funcionarios veteranos de la Administración andaluza al confirmarse, según Hacienda “por motivos personales”, la dimisión del interventor. En Andalucía esa figura, a quien corresponde vigilar las cuentas públicas, es elegida por el Consejo de Gobierno con la única condición de que sea un funcionario. Es un cargo de designación política con rango de viceconsejero a efectos económicos. Varios testimonios recabados por El Confidencial desde dentro de la Administración confirman que en estos momentos la tensión es máxima y los interventores tienen muy difícil realizar su trabajo con normalidad. “Son muchos los roces con los órganos gestores y la cúpula política”, asegura alguien próximo al interventor dimitido. “Y es muy duro que te lleven a declarar ante la Guardia Civil por cómo te tratan y por las insinuaciones que recibes”, añade otro compañero próximo a Adolfo García.

“Ahora mismo hay hasta 13 pericias judiciales solicitadas a distintos interventores de la Junta”, relata otro compañero para explicar la situación que afrontan. Los distintos casos judiciales a los que se enfrenta el Gobierno andaluz pone a los interventores a merced de los jueces. Chocan con dos realidades. Por una parte, los altos cargos de menor rango, de directores generales hacia abajo, sienten “miedo” y se escudan en los interventores antes de mover cualquier papel que genere dudas. “De ahí buena parte de la parálisis que estamos viviendo”, indica un alto funcionario. Por otro, los dirigentes políticos, consejeros y viceconsejeros, querrían que se pasaran por alto o se enfocaran de otra forma asuntos que les perjudican en los tribunales. “Yo no hablaría de amenazas porque eso es muy duro pero sí de presiones, de consejos, de recomendaciones, y ahora mismo nadie quiere jugársela”, aseguran desde una delegación de la Junta.

Los ocho interventores de la Junta alertaron en marzo de 2015 de "graves irregularidades" y uno de los responsables señaló "dolo" del SAE

El papel de los interventores es clave para saber qué paso con el dinero de la formación en Andalucía. Fueron los primeros en investigar desde dentro las posibles irregularidades y el destino de estos fondos. Habían aprendido la lección de los ERE. Ya la Policía había iniciado sus pesquisas. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) es un órgano sometido al “control financiero permanente”, un epígrafe que parece decir que se redobla la vigilancia aunque en la práctica ocurra casi lo contrario. Con este argumento, la Intervención, a través de sus ocho responsables provinciales, encargó un informe especial. Todos los interventores arrancan sus exámenes alertando de “graves irregularidades”.

Especialmente duro fue el interventor de Huelva, que pidió un informe de actuación, que enciende las alarmas y activa los protocolos ante un posible menoscabo de fondos públicos. El responsable de Córdoba informó que de la muestra aleatoria de 69 expedientes analizados corroboró que ni uno cumplía todos los requisitos exigidos para obtener las subvenciones. La Intervención en Cádiz concluye que “no se ha cumplido con la legislación que es aplicable” y constata otro sinfín de irregularidades. Y el más explícito fue el interventor responsable de las empresas públicas y agencias de la Junta, que relató ante la Guardia Civil, dentro del sumario dirigido por la jueza Alaya, que el SAE estaba fallando en las comprobaciones de los expedientes de los cursos no por falta de tiempo y colapso en la Administración sino de forma “deliberada”, con “desidia” y “dolo”.

Un agujero negro desde 2015 hasta ahora

Nadie sabe qué paso con todos estos informes. La Junta no aclara qué hizo tras conocer estos dictámenes en 2015. Quienes conocen la legislación de la Intervención aseguran que hubiera correspondido un informe global del interventor general del que no se tiene constancia. El responsable que ahora ha dimitido debería de haber reunido los reparos de todos sus responsables provinciales y por supuesto haber dado prioridad a la petición de la activación de código rojo que venía desde Huelva.

Eso hubiera puesto en un serio compromiso no solo al responsable del SAE, también al consejero de Educación, competente de la formación desde 2013, a la consejera de Hacienda y a la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Desde la Consejería de Empleo se limitan a asegurar que, cómo ya había investigaciones judiciales en marcha, “no procedía”. Hay un agujero negro. Un vacío en el relato político. Falta información sobre qué paso desde que se encendieron estas alarmas hasta la dimisión del interventor el pasado viernes.

Fuentes de la Administración andaluza insisten además en que las tensiones de Adolfo García no estaban solo relacionadas con el fraude de los cursos. Añaden que la contabilidad general de la Junta, ahora bajo la lupa mensual del ministerio, es “muy exigente”. El cumplimiento del déficit público ha provocado “duros choques” dentro de la Consejería de Hacienda. “A veces los políticos quieren una especie de contabilidad creativa, otra forma de explicar las facturas que se deben, y eso ahora mismo es imposible”, añaden fuentes próximas al interventor que ha dimitido.