Año nuevo, rejas nuevas para 'los malayos'

Llevan con la maleta preparada desde el día de los inocentes. Pero esta vez no es una broma, como las que les han gastado en los últimos 10 años a los imputados del caso Malaya. El auto de ingreso en prisión es ya una realidad. La Audiencia de Málaga ha dado a los condenados del procedimiento de corrupción mas importante de España10 días de plazo desde el día 28para ingresar de forma voluntaria y les da opción de elegir centro penitenciario.

Los requerimientos de ingreso están cursados a 27 procesados con condenas superiores a dos años de cárcel. Aparte de Juan Antonio Roca, que cumple condena en la cárcel de Algeciras por otras causas judiciales, los condenados que esta semana ingresarán en prisión son: la exalcaldesa Marisol Yagüe, condenada a cinco años y medio; los extenientes de alcalde Pedro Román e Isabel García Marcos, con penas de tres años y medio cada uno,yla totalidad de los exconcejales, que se reparten condenas que oscilan entre los cinco años y medio y los dos años y medio.

Además de los políticos, están en los autos los empresariosCarlosSánchez, Andrés Lietor y el constructor José Ávila Rojas, con penas que oscilan entre los tres años y cuatro años y medio. El hermano de la mujer de Roca, Antonio Jimeno, también deberá ingresar en la cárcel, así como los abogados del exasesor urbanístico de Marbella, condenados por blanqueo, Juan Germán Hoffmann y Manuel Sánchez Zubizarreta, cinco y cuatro añosrespectivamente, y sus testaferrosMontserrat Corulla, Óscar Benavente yÓscar Jiménez, con penas de dos años y medio a cuatro años.

Marisol Yagüe: “Deseando entrar para salir antes”

Marisol Yagüe, condenada a más años que ninguno de los procesados después de Roca, ya tienehecha la maleta en su villa de la urbanización Xarblanca, de la que solo sale para ir al supermercado que tiene enfrente de la casa. Según ha sabido El Confidencial por fuentes cercanas a la exalcaldesa, la que fuera edil marbellíingresaráde inmediato: “Cuanto antes entre, antes saldré. La espera es un sinvivir y quiero acabar cuanto antes. Estos años han sido una agonía, y total, para acabar en la cárcel”, ha dicho a sus más allegados.

La Audiencia de Málaga ha dado a los condenados diez días, desde el 28 de diciembre, para ingresar de forma voluntaria. Pueden elegir centro penitenciario

Tanto ella como los demás imputadosse acogerán a la merma de la pena penitenciaria por el cómputo de los días que asistieron al juicio. Las defensas-acogiéndose al dictamen de la audiencia, que le computóa Maite Zaldívarlos días que asistió al juicio a declarar-han solicitado también que se computen las comparecencias para firmar en los juzgados que han realizado los condenados durante todo el largo proceso judicial de Malayay se les resten de las penas de prisión. La solicitud, según explica uno de estos letrados a este medio, es de un día de cárcel por cada 10 comparecencias. Otros, como Manuel Sánchez Zubizarreta,han pedido al tribunalacogerse a la reciente reforma del Código Penal que da potestad al juez para suspender la ejecución de la sentencia a las personas con más de 70 años de edadque hayan sido condenadas con hasta cuatro años de cárcel, como es su caso.

Roca sale para sentarse en otro banquillo

Juan Antonio Roca salió hace unas semanas de la cárcel de Algeciras pero solo para sentarse en otro banquillo. Fue su primera aparición pública desde la lectura de la sentencia del caso Malayaen octubre de 2013. Roca se sentaba en el juzgado por malversar, presuntamente, 871.446 euros destinados a pagar las expropiaciones de los terrenos para la construcción de la desaladora de Marbella. Parte de ese dinero fue a su bolsillo y el juez le pide a los 10 años que lleva ya en la cárcelotros ocho más. En este caso, su abogada Rocío Amigole ha librado de la causa amparándose en que “la documentación de este proceso se halla totalmente deteriorada, inservible, por las inundaciones que sufrió el archivo judicial de Marbella donde se encontraba guardada y se borró parte por el agua».

Pero de lo que no le librará nadieserá de ocupar la silla de los acusados el próximo día 11 de eneropor el proceso Goldfinger,que gira alrededor de la recalificación de la parcela donde estaba la casa marbellí de Sean Connery. Y el caso de El Pinillo, en febrero, donde se dirime un supuesto pelotazo urbanístico en el que está acusado de cohecho, estafa y prevaricación administrativa, entre otros delitos. En ninguno de ellos estará solo en la sala de vistas, ya que se trata de procedimientos con más de una docena de acusados, incluido Julián Muñoz.

Corulla, fuera de focos

La que fue la mujer mas perseguida del caso Malaya, Montserrat Corulla, la atractiva testaferro de Roca que saltó a la fama gracias a las polémicas entre Alberto Ruiz-Gallardón y el que fuera ministro de Industria con Zapatero, Miguel Sebastián, también tendrá que entrar en prisión. El Supremo admitió el recurso que interpuso contra la continuidad delictiva apreciada respecto al delito de blanqueo. Pero aunque eliminó esacontinuidad delictiva, “la mujer del velo de seda” ha sido condenada a tres años y seis meses de prisión como autora de un delito de blanqueo de capitales cometido en el ámbito de una organizacióny multa de 30 millones de euros. Según las informaciones recabadas por este diario, al medio año que cumplió Corulla como prisión preventivaahora se le uniría“la merma de pena de sus comparecencias”. Y, por tanto, el tiempo en prisión de la letrada seria muy breve,“aplicándosele casi de inmediato el tercer grado”.

En este tiempo que se ha dilatado el proceso, Monserrat se ha mantenido fuera de focos y ha vivido con su pareja en la más estricta intimidad. Ahora todos buscan la foto de su ingreso.

Pantoja sienta jurisprudencia

El procedimiento del ingreso en prisión de Isabel Pantoja sentó jurisprudencia. Hasta llegar su caso, las condenas de hasta dos años se eximían de reclusión. Los tribunales encargados de ejecutar la sentencia solían suspender el ingreso del condenado para el cumplimiento de la pena mientras que no se produjese una nueva condena. Pero la situación ha cambiado desde la sentencia del caso Blanqueo. De esta manera, ahora los 16 condenados en Malaya a penas iguales e inferiores a los dos años (en las que la ley faculta al juez el suspender la entrada en la cárcel si no existen antecedentes penales y se ha reparado el daño o se muestra voluntad de hacerlo)serán revisados uno a uno por la Sección Primera.

Se da el caso que el juez de Vigilancia Penitenciaria ha rechazado conceder la libertad condicional a la cantante con los mismos argumentos dados por la Fiscalía de Sevilla. Tanto el juez como el ministerio público consideran que aún es prematuroque la cantante, que cumple una condena de dos años de cárcel por blanqueo de capitales, disfrute de este nuevo régimen penitenciario. En la resolución judicial se quiere reflejar una firmeza para que luego no sirva en otros procedimientos de señuelo. Con la libertad condicional, Pantoja solo tendría que acudir a firmar cada cierto tiempo a alguna dependencia de los servicios sociales penitenciarios y comunicar sus salidas.

Los huidos que no irán a la cárcel

Los desaparecido del mapa malayo lo componen tres personas quese encuentran en busca y captura. Son el empresario Carlos Llorca, el exteniente de alcalde Carlos Fernández y el empresario Andrés Leitor. El mayor misterio es el del paradero de Carlos Fernández, ya que su misma familia admite que volverá este año 2016cuando prescriben los delitos.

El teniente de alcalde que presuntamente dio el chivatazo en el caso Malayalleva prófugo de la justicia desde el 27 de junio de 2006. Sus compañeros de banquillo tienen muy claro que fue él la persona que “nos vendió a cambio de su impunidad y de que la policía le dejara intacto”, según afirma uno de los condenados por el Supremo a El Confidencial. “La ley es una vergüenza. Debería habérsele juzgado e impuesto pena aunque no se haya personado. Y cuando lo encontrasen, que la cumpliera. Por esa regla nos hubiéramos fugado todos y esta semana no tendríamos que ingresar en prisión”.

El hecho de no haberse sentado en el banquillo ha impedido que la sentencia incluya una condena en su contra, pese a que en las conclusiones del fiscal se asegura que, por los hechos que se juzgan en este caso, cometió los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y cohecho pasivo, por los que podría haber sido condenado a entre ocho y 10 años de prisión.