Aznalcóllar: la juez archiva el caso por el momento al no ver indicios de prevaricación

La juez del Juzgado de Instrucción número de Sevilla ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones llevadas a cabo sobre el concurso de la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar “por no existir indicios de un delito de prevaricación, es decir, que haya existido un acuerdo entre los imputados para, errando a propósito en sus dictámenes, favorecer a la empresa Minorbis”, según acaba de informar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

“No puede convertirse a la instrucción penal en instancia encargada de la baremación de las diversas soluciones propuestas si no existen indicios suficientes más allá de meras sospechas o conjeturas de la existencia de desviación de poder al ejercer las potestades de selección de las ofertas presentadas", indica el auto contra el que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla. La juez explica en su resolución que el archivo provisional de las actuaciones se acuerda “con independencia de que haya que actuar por la vía de lo contencioso administrativo, y de que la administración competente deba cumplir con rigor el control del uso racional de las adjudicaciones”.

"Corresponde a la administración , en este caso la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas velar por lo que constituye una autorización de carácter constitutivo del derecho de investigación minero o explotación mineras , que se pierde por incumplimiento de las condiciones impuestas en el acto de otorgamiento o en la ley, de acuerdo con el mandato de servir con objetividad los intereses generales consignado en el artículo 103 de la Constitución y que obliga a la Administración a ejercer sus potestades de ordenación minera conforme a cánones de racionalidad", añade el escrito judicial.

La Junta de Andalucía entregó el pasado viernes la explotación de la mina de Aznacóllar a Minera Los Frailes, la ganadora del concurso, formada por Magtel, beneficiada con millonarias subvenciones de la Junta, y el Grupo México, la causante del mayor vertido en la historia de México. El Ejecutivo andaluz recuerda que fue el mes de mayo pasado cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, tras la denuncia presentada por la empresa perdedora del concurso, acordó el inicio de unas diligencias probatorias, “consecuencia de que en el atestado policial se revelaban, a juicio de la policía judicial, la concurrencia de hechos acaecidos durante el procedimiento del concurso calificados como irregularidades graves, al menos indiciariamente".

¿Volverá la directora general de Minas?

El Gobierno andaluz, que llevaba desde el mes de septiembre estudiando la posibilidad de volver a abrir la mina (la decisión la tenía que tomar la presidenta Susana Díaz), ha continuado con efectos de la adjudicación del concurso internacional, “por razones de interés general, fundamentalmente, para promover la creación de empleo, primero de los objetivos de la Junta de Andalucía”. La directora general de Minas, María José Asensio, cesó en su puesto tras ser imputada en este caso. Con la decisión de la juez conocida hoy todo hace indicar que la Junta restituirá en su puesto a Asensio.

El grupo adjudicatario tiene prevista la contratación de 200 personas para la investigación y, más adelante, de otras 1.100 en la puesta en marcha de la actividad. Para toda la campaña de investigación, se prevé una inversión total de siete millones de euros. Ramón Escudero, abogado de Emeritas Forbes Manhattan, la empresa perdedora del concurso, duda que ninguna empresa “vaya a invertir en Aznalcóllar hasta que el tema judicial no se aclare”.