C’s evita que altos cargos de Díaz informen del fraude de los cursos antes del 20-D

En Madrid, las comparecencias en la comisión de investigación sobre las tramas Púnica y Gürtel empezarán este viernes y no se parará en campaña electoral. La presión del PP en contra de este calendario no ha surtido ningún efecto. En Andalucía, el panorama es muy distinto.

De momento, Ciudadanos hará un favor al Gobierno socialista y no programará comparecencias hasta después de las elecciones generales. Ya había además un acuerdo previo para parar en campaña electoral. ¿Por qué? Ambas comisiones se constituyeron casi al unísono. La de Madrid hace tres semanas. La que acoge el Parlamento andaluz, el pasado 20 de octubre. Con cuatro días de diferencia. Ambas están presididas por un diputado del partido de Albert Rivera y en ambos casos nacen como fruto del apoyo de investidura que Ciudadanos brindó al partido más votado en las últimas elecciones autonómicas.

Desde Ciudadanos Madrid no quieren entrar al trapo. Aclaran que cada grupo parlamentario trabaja a su ritmo y programa sus trabajos según sus circunstancias y sin una orden al respecto de la dirección nacional de Rivera. En Andalucía, el portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, defiende que no se pueden programar comparecencias cuando no hay ni un papel sobre la mesa y acusa al PP, el partido que más presiona para arrancar los trabajos, de querer sacar tajada electoral de la comisión sobre el fraude de los cursos. Ahora tocan los Presupuestos, que también tienen el apoyo de este partido, y presionan para que se aborde en 2016 la supervisión del Impuesto de Sucesiones. Aquí está ahora el choque. En privado aseguran que es mucho más útil apretar por aquí que sacar los colores a los socialistas por la supuesta corrupción de años pasados.

Lo que ha quedado claro es que Ciudadanos, al frente de la comisión de investigación sobre el fraude de los cursos de formación creada en el Parlamento andaluz, se niega a que se ponga fecha a las comparecencias de altos cargos del Gobierno de Susana Díaz. Alegan que deben estudiarse la documentación antes de empezar a citar a los responsables políticos que tengan algo que decir de este fraude. Todo apunta a que el desfile no comenzará por el Parlamento hasta que las generales hayan pasado, a mediados de enero. Se aplaza una fotografía que inquietaba, y mucho, a los socialistas andaluces por el impacto de la corrupción en campaña electoral.

La indignación del resto de la oposición, PP, Podemos e IU, fue notable. Desde luego el arranque de la comisión está dejando entrever poco colmillo político de Ciudadanos en Andalucía. La actitud de este partido en comparación con el pulso que mantienen con el PP de Cristina Cifuentes en la comisión de investigación abierta en Madrid es muy diferente. El partido de Albert Rivera facilitó la investidura de Cifuentes, igual que la de Susana Díaz, pero mientras que en la Cámara madrileña acorralan al Gobierno del PP con la investigación parlamentaria sobre la trama Púnica, en Andalucía no parecen tener ninguna prisa.

En Madrid, las comparecencias de los responsables de la empresa pública de suelo Arpegio, con contratos con la trama Púnica, incluido el consejero de Medio Ambiente y número tres de Cifuentes, se retrasaron a 2016 en un guiño claro al PP y alegando la complejidad de este asunto. Pero sí hay programadas sesiones de trabajo en noviembre y diciembre. En concreto, sobre la venta de 2.900 pisos públicos que la Agencia de Vivienda Social (Ivima) hizo a fondos buitre y sobre los contratos de la Agencia de Informática, también bajo sospecha.

En contraposición, en Andalucía, Ciudadanos ha frenado la comparecencia inmediata de los ochos interventores de la Junta, que ya declararon en sede judicial, ofreciendo datos sobre el presunto fraude de los cursos de formación en Andalucía y elevando la cantidad bajo sospecha a 3.000 millones de euros.

El PP, que en Madrid se levantó de la comisión de investigación y la abandonó con la amenaza de impugnar todos sus acuerdos, es en Andalucía el que más aprieta las tuercas al Gobierno socialista. Quería la comparecencia de técnicos y expertos en las próximas semanas, abarcando los meses de noviembre y diciembre. Justo lo que llevó a los populares de Cifuentes a montar todo un sainete y abandonar su comisión hace pocos días. Ciudadanos, junto al PSOE, descarta esta urgencia en la Cámara andaluza. Podemos e IU apoyaron la petición del PP.

Ciudadanos ha dado el visto bueno a solicitar toda la información y documentación reclamada por los grupos parlamentarios. El Gobierno andaluz tendrá 10 días hábiles para entregar los papeles, la mayoría ya en manos de alguno de la decena de juzgados que investiga el presunto fraude en la comunidad andaluza. Después, el partido de Albert Rivera, que preside la comisión parlamentaria andaluza, pide tiempo para estudiar los documentos. Quieren estar “lo más ilustrados posibles” antes de que empiece el desfile de altos cargos del Gobierno autonómico. Exactamente lo mismo que reivindica el PSOE, que ha alertado de que “no se puede empezar la casa por el tejado” y además ha solicitado documentación de la supuesta estafa de los cursos en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Mientras que el portavoz andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, saca pecho y asegura que gracias a su partido se están “levantando las alfombras” en Andalucía, el resto de partidos en la oposición arremeten duramente contra lo que consideran una maniobra dilatoria sin justificación para que arranque el trabajo de la comisión de investigación. Creen que es Susana Díaz directamente la que dicta la agenda de trabajo. Desde el principio, este órgano creado en el Parlamento andaluz ha recibido todo tipo de críticas de PP, Podemos e IU.

La elección gracias al PSOE de un diputado de Ciudadanos, Julio Díaz, exmilitante socialista, como presidente de la comisión no gustó nada al resto de partidos. En el estreno se negó a que los medios de comunicación tomaran imágenes de la reunión. Después, Ciudadanos siguió mareando la perdiz sobre la comparecencia de Susana Díaz en este foro, a pesar de que Albert Rivera se había comprometido a ello públicamente. Para compensar, también solicitaron que acuda la ministra de Trabajo, Fátima Báñez. El siguiente paso fue amarrar un calendario de trabajo que no sitúa hasta mediados de enero el desfile de cargos públicos para rendir cuentas del supuesto fraude.

El escándalo no es nuevo en Andalucía. Hace más de año y medio que el Gobierno de Susana Díaz abrió una investigación interna y se puso a analizar más de 8.000 expedientes de ayudas públicas, incluidas las exoneraciones firmadas y que libraron a muchos de estos beneficiarios de justificar el destino de los fondos públicos recibidos y seguir optando a los cursos. Más de una decena de tribunales también analizan este caso, del que ya alertó la Cámara de Cuentas en un duro informe de enero de 2014. Mientras, las detenciones, también de ex altos cargos, han sido una constante en varias operaciones organizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.