Susana Díaz sella su pacto económico con Ciudadanos y descafeína la banca pública

La banca pública vuelve a estar sobre la mesa en Andalucía. Fue uno de los proyectos que más tensaron las relaciones de PSOE e IU cuando eran socios de Gobierno. Al final, los socialistas aceptaron el modelo defendido por Izquierda Unida pero la ruptura del acuerdo de Gobierno y el adelanto de elecciones andaluzas metieron la ley en un cajón. IU ya ha registrado por su cuenta en el Parlamento andaluz el mismo texto, idéntico al que la Junta de Andalucía llegó a dar luz verde. Pero los socialistas ahora tienen un nuevo aliado político, Ciudadanos, muy lejos de ese modelo y que ya ha rechazado abiertamente y con rotundidad esa institución bancaria.

El Gobierno de Susana Díaz ha remitido este martes un informe en contra del proyecto legal que fue suyo hace solo unos meses y rebaja considerablemente la potestad de la banca pública. Alega que el Banco de España ha emitido una serie de alegaciones que tendrá en cuenta. La banca pública que el PSOE llevará al Parlamento no tendrá ni ficha bancaria ni posibilidad de captar depósitos privados. Será un instituto de crédito, ECA (Entidad de Crédito de Andalucía), que aglutinará todos los fondos públicos del presupuesto, unos 1.500 millones de euros, y facilitará el crédito a pequeñas y medianas empresas. Una norma claramente descafeinada en comparación con la que se aprobó hace ahora un año.

Hace solo un año, la ley de la banca pública tensaba las relaciones entre PSOE e IU en Andalucía. Fue junto con la ley de memoria democrática, que sí ha vuelto a ser retomada y enviada al Parlamento andaluz en los mismos términos, una de las normas que más roces hicieron aflorar entre Susana Díaz y su entonces socio, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo. La federación de izquierdas ganó el pulso y salió adelante vinculada a los Presupuestos autonómicos del presente ejercicio.

El pasado diciembre, Andalucía llegó a aprobar un anteproyecto duramente cuestionado por la banca privada y que ha recibido estrictas enmiendas del Banco de España, según ha informado a posteriori el vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios. El conflicto estaba en la posibilidad de que el órgano público captara depósitos privados. La norma dejaba esa puerta abierta e incluso fijaba una serie de plazos para acudir al Banco de España a pedir una ficha bancaria, unos tres meses, y fijaba un depósito de 18 millones de euros para poder comprar ese título que permitiría operar en el mercado privado. Incluso hablaba de una red de oficinas desplegadas de forma progresiva por todo el territorio andaluz con un plazo de un año para empezar a funcionar.

La Consejería de Hacienda, en manos socialistas, nunca vio con buenos ojos ese proyecto. La banca privada tampoco, y entidades como el BBVA criticaron con dureza públicamente la iniciativa. Susana Díaz, que había desplegado en Andalucía una ronda de contactos con las principales entidades bancarias del país y otros grandes del Ibex 35, se vio obligada a aceptar las condiciones de sus socios de IU. Los socialistas hace un año tragaron aunque jugaron al despiste y aseguraron que lo que estaban aprobando no era más que un instituto de crédito, un ICO andaluz. La prueba de que eso no era verdad es que el PSOE ha desmontado ahora la norma de IU que hizo suya y ha rebajado considerablemente lo que llegó a aprobar.

Las advertencias del Banco de España no solo han alertado sobre la gestión de fondos sin personalidad jurídica. Van más allá. La máxima autoridad también advierte de que la banca pública no puede ser una entidad controlada por el Gobierno andaluz o sus consejerías, como recogía el proyecto aprobado en su momento, sino que debe quedar directamente bajo su supervisión. Tampoco aceptan una entidad pública abierta a la participación ciudadana y con un modelo organizativo en cuya consejo de administración se sentaban representantes vinculados a la Junta de Andalucía, a su departamento de Hacienda, y los partidos políticos, así como expertos de “reconocido prestigio” que serían elegidos por el Parlamento andaluz. Un modelo muy similar al de las cajas de ahorro de naturaleza pública.

El Gobierno andaluz de Susana Díaz confirma su alineamiento con Ciudadanos en materia económica tras pactar el último presupuesto de 2016 que mañana miércoles comenzará su trámite parlamentario. Se aleja de proyectos como el de la banca pública de IU, también abanderado por Podemos. Susana Díaz elige este camino justo cuando hay un debate interno en el seno del PSOE sobre el modelo de banca pública que debe llevar Pedro Sánchez en su programa electoral. Y después de que el secretario general y candidato haya tratado de marcar una línea para situar a Ciudadanos a la derecha, junto al PP, con la intención de frenar la fuga de votantes del PSOE al partido de Albert Rivera.