El principal imputado de los ERE cambia el paso: ahora apunta al Ministerio de Empleo

Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta y uno de los principales imputados en el caso ERE, fue el que sirvió en bandeja a la jueza Mercedes Alaya el hilo del que tirar para montar una macroinstrucción que ya dura cuatro años. En diciembre de 2010 declaró ante la Policía Judicial por el caso Mercasevilla y allí abrió la caja de los truenos al asegurar que las ayudas que había recibido la lonja mayorista sevillana, en el origen del caso ERE, no eran subvenciones excepcionales sino que formaban parte de “un fondo de reptiles para crisis que tenían que afrontar con empresas que necesitaban respirar”. Él mismo aseguró que el procedimiento de adjudicación de estas ayudas no estaba regulado a pesar de que se realizaron varios borradores de decretos. El caso que ha terminado con dos expresidentes de la Junta de Andalucía imputados por prevaricación administrativa tomaba forma.

Ahora Guerrero cambia el paso. Tras más de dos años acogiéndose a su derecho a no declarar, ha pedido comparecer ante la nueva instructora, María Ángeles Núñez Bolaños, que hoy por vez primera oirá su versión. Y será nueva, según fuentes cercanas al imputado. El exdirector general de Trabajo, él mismo que aseguró que no había procedimiento y habló de un fondo de reptiles, se aferrará a la vía abierta por otros imputados como el abogado Carlos Leal y apuntará directamente al Boletín Oficial del Estado y al Ministerio de Empleo.

La nueva tesis que quiere desmontar la instrucción de Alaya sostiene que el procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales puesto en marcha por la Junta de Andalucía en 2001 “se fundamenta” y tiene “el mismo marco legal” que el arbitrado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social desde 1994. El Gobierno central repartió 2.370 millones de euros en ayudas extraordinarias y de carácter urgente para trabajadores de empresas en crisis mediante un sistema prácticamente idéntico al empleado para financiar las ayudas sociolaborales investigadas por la justicia en el caso de corrupción de los ERE de Andalucía.

Desde 1994 y de forma ininterrumpida, independientemente del color del Gobierno, el Ministerio de Empleo financió ayudas sociolaborales destinadas a atender situaciones de emergencia ante la reestructuración de empresas. Las órdenes que daban soporte legal a estas subvenciones se mantuvieron en vigor hasta 2013, cuando la actual ministra de Empleo, Fátima Báñez, modificó el sistema para adaptarlo a la ley de subvenciones, aunque mantuvo el carácter discrecional y urgente del fondo de ayuda, como adelantó El Confidencial.

Un primer ERE cofinanciado con Arenas

Según la normativa estatal, las ayudas tenían que ser solicitadas directamente a la Dirección General de Trabajo conjuntamente por la empresa y los representantes de los trabajadores, junto a una memoria explicativa de la situación y los motivos por los que se solicitaba la subvención. Las ayudas no pasaban por el Consejo de Ministros ni había convocatoria ni concurrencia pública, exactamente igual que en los ERE fraudulentos de Andalucía. Eran concedidas directamente por la Dirección General de Trabajo.

Da la casualidad de que la normativa estatal a la que se aferrará Guerrero para defender ahora la legalidad del sistema de los ERE fue creada por el expresidente José Antonio Griñán en su etapa como ministro de Trabajo. Sin embargo, sería el popular Javier Arenas el primero que dispuso estos fondos, y bajo su batuta se repartieron más de 346 millones de euros. De hecho, Guerrero recordará ante la jueza, según algunas de las personas que le han ayudado a perfilar su nueva declaración, que el primer ERE que tramitó como director general de Trabajo de la Junta fue el de Cárnicas Molina, cofinanciado con el Gobierno central y con Arenas como ministro.

Durante los nueve años que pasó en la Dirección General de Trabajo de la Junta, desde 1999 a 2008, Guerrero dispuso de una partida, la 31L del Presupuesto andaluz, que llegó a sumar 850 millones de euros. Él firmaba y concedía las subvenciones según el sistema diseñado por sus superiores, según Guerrero ha declarado en sede judicial. La siguiente vez que el exdirector general de Trabajo se sentó a declarar ante la Policía ya lo hizo en calidad de imputado. Era marzo de 2011 y se reiteró en sus afirmaciones. Un año más tarde, la jueza Alaya lo mandó a prisión acusado de los delitos de prevaricación, malversación y cohecho.

Era marzo de 2012 y tardaría siete meses en abandonar la cárcel tras pagar una fianza de 50.000 euros. No sería la última vez que saldría de los juzgados camino de prisión. En marzo de 2013, por segunda vez y tras tomarle declaración, la magistrada lo envía de nuevo derecho a la cárcel. Saldría tres meses más tarde sin pagar fianza. En aquella ocasión fue acusado de haber cobrado 248.400 euros en ingresos sin justificar de menos de 3.000 euros. Su abogado desmintió que esos ingresos existieran ni tuvieran nada que ver con los ERE y certificó que eran movimientos entre cuentas bancarias del propio acusado. Nunca más de supo de esa acusación y fuentes del caso admiten que pudo tratarse de un “error grave” cometido por la UCO de la Guardia Civil en sus investigaciones. Sorprendentemente, la jueza Alaya lo dejó salir de la cárcel sin fianza y después de un recurso del letrado de Guerrero, Fernando de Pablos.

La suegra de Guerrero se incorporó al ERE de SOS Cuétara y cobró 155.900 euros y otros 74.176 euros en una póliza individual a pesar de que nunca trabajó en esa empresa. No fue la única ayuda que pone en aprietos a uno de los principales imputados en la trama, y en el que la Junta y el PSOE han querido depositar toda la responsabilidad del caso de corrupción. El chófer del ex alto cargo, Juan Francisco Trujillo, ha asegurado que parte del dinero de los ERE se lo gastaron juntos en “cocaína, fiestas y copas” y que cobró 1,3 millones de euros mediante empresas supuestamente ficticias. Trujillo, que lleva desde agosto sin aparecer por el juzgado según una diligencia de la Fiscalía, dice que montó el entramado siguiendo instrucciones de su superior.

Guerrero, natural de El Pedroso, un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla donde la Guardia Civil ha situado el epicentro del fraude, es un tipo muy peculiar. Quienes conocen su trayectoria en la Junta de Andalucía admiten que durante dos años, en su última etapa como alto cargo, sufrió adicciones que le llevaron a someterse a un tratamiento de desintoxicación. Él siempre lo ha negado. En la comisión de investigación abierta en el Parlamento aseguró que ni era “un putero” ni se dedicaba “a la drogodependencia”.

"Sé lo que vale un paquete de Marlboro, un gin-tonic y ya está. No me ha dado por comprar un porro", dejó escrito en el diario de la Cámara. También fue memorable su salida de la cárcel. Frente al deterioro físico visible de otros imputados que pasaron meses entre rejas, como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, Guerrero salió tranquilo y con ganas de conversar. Se había dedicado a leer, hacer ejercicio y participar en tertulias, declaró. Ahora vuelve a sentarse ante la jueza. Esta vez no lo oirá “doña Mercedes”, como él mismo se refería a la magistrada, sino Núñez Bolaños. Y su versión será otra. Había norma y las ayudas, explican desde el entorno del imputado, eran “completamente legales”.