La 'guardia de corps' de la fiscal de Sevilla sienta en el banquillo al jefe de la Policía Local

El grupo de policías locales que realiza funciones de investigación judicial para la Fiscalía de Sevilla ha conseguido finalmente sentar en el banquillo al jefe de la Policía Local de la capital hispalense, Juan José García Sánchez, y al resto de procesados en el caso del presunto amaño de las oposiciones a agente municipal celebradas en 2012.

En concreto, el titular del Juzgado número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el máximo responsable policial y otros 45 procesados, entre los que se encuentran 38 aspirantes que aprobaron las oposiciones, cinco miembros del tribunal, un empresario y un miembro de la junta de personal del Ayuntamiento de Sevilla por dos convocatorias -de 47 y 56 plazas de policía local- que habían sido anunciadas en 2011 y 2008.

El magistrado les procesó a todos el pasado 28 de agosto a través de un auto que les achacaba los delitos de revelación de secretos y, en algunos casos, también de prevaricación e incluso cohecho, al entender que varios de los acusados filtraron la plantilla de corrección de una de las partes del examen de oposición antes de que este se celebrara.

Pero la decisión del juez García Vélez rebosa polémica, no solo por implicar al máximo responsable de la Policía Local, sino también por la dudosa ortodoxia del marco jurídico en el que actúan los propios investigadores, un grupo de tres agentes elegidos a dedo directamente por la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, que les ha habilitado como policía judicial por la vía de los hechos.

Ninguno de ellos ha recibido formación para investigar; sin embargo, los tres conforman el denominado Grupo Especial de Policía Local (Gepol), que en la práctica funciona como unidad de asuntos internos y desarrolla pesquisas judiciales, a pesar de que sus plazas no están recogidas en el catálogo municipal de puestos de trabajo. Esta situación extraordinaria -que ya el exalcalde Juan Ignacio Zoido se negó a calificar de alegal- ha sido denunciada por la junta de personal del Ayuntamiento de Sevilla ante la Fiscalía general del Estado.

El denunciante argumentaba ante el departamento dirigido por Consuelo Madrigal que el consistorio hispalense no se ha adherido tampoco al convenio firmado por el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), único acuerdo válido que permite habilitar a un cuerpo local para ejercer labores de policía judicial y dirigir las pesquisas que se desarrollen en el marco de un proceso penal.

La queja de la junta de personal, sin embargo, fue desestimada por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, que cerró el expediente que había abierto después de dar por bueno el argumento supuestamente esgrimido por Segarra, quien aseguró que Gepol actuaba como policía judicial al amparo del convenio suscrito con el Ministerio del Interior.

La resolución de la Fiscalía ha sido ahora recurrida por el denunciante al entender que la fiscal jefe de Sevilla no ha informado adecuadamente a sus superiores sobre la realidad, ya que hoy por hoy no existe acuerdo del Ayuntamiento con el ministerio. Los denunciantes, de hecho, recuerdan en su recurso que el pasado 8 de mayo el presidente del Comité Técnico de la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial, Manuel García Castellón, remitió un escrito a la mencionada comisión en el que aclaraba que "solo aquellas policías locales de grandes municipios que se hayan acogido al convenio de colaboración entre Interior y la FEMP de 2007 podrán actuar como policía judicial" y únicamente en determinadas infracciones y delitos menos graves.

El escrito de García Castellón, que el magistrado redacta tras ser consultado por la Policía Nacional y los Mossos -que requirieron una aclaración de competencias-, refleja también que es la Fiscalía, de hecho, la que debe recurrir aquellas resoluciones judiciales que se basen en la actuación de policías locales no habilitados y debe hacerlo "nada más tener conocimiento de las mismas".

El magistrado les procesó a todos por delitos de revelación de secretos y, en algunos casos, también prevaricación e incluso cohecho

Además del recurso interpuesto ante la Fiscalía General, la Junta de Personal del Ayuntamiento ha elevado esa misma queja ante el Consejo General del Poder Judicial con el fin de denunciar lo que a su juicio es una ilegalidad. El órgano de gobierno de los jueces, sin embargo, aún no se ha pronunciado sobre este extremo.

Tanto en este recurso como en otro escrito que también se encuentra a la espera de respuesta -esta vez ante el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Manuel Damián Álvarez, que además preside la Comisión Provincial de Policía Judicial- y que fue remitido por el presidente de la junta de personal, Luis Manuel Val, el pasado julio, los funcionarios denuncian que la fiscal jefe ha "encargado trabajos" a los tres agentes de Gepol que "no tienen relación unos con otros ni se deben a tipos delictivos similares".

Val añade que los tres policías llevan ya cinco años fuera de sus destinos, que en ningún momento el ministerio público solicita al alcalde agentes especializados y que utiliza a los de Gepol saltándose la jerarquía. Esta práctica, de ser cierta, contrastaría de hecho con la tendencia clara que siguen la Policía Nacional y la Guardia Civil hacia la especialización de los agentes que componen las unidades de investigación judicial (delitos económicos, fiscales, corrupción, blanqueo de capitales, delitos tecnológicos, etc.).