La Junta y el PSOE respiran aliviados con la salida de la temida Alaya de los ERE

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de crear solo una comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla supone de alguna manera el fin del estrellato mediático de Alaya. Todo apunta a que el Consejo General del Poder Judicial ratificará la decisión de la sala de gobierno del TSJA adoptada ayer por unanimidad.

¿Hay consecuencias políticas? La Junta de Andalucía y el PSOE respiran aliviados con la marcha de Mercedes Alaya de la instrucción de los ERE, un mayúsculo escándalo de corrupción. Alaya era la bestia negra de la Administración autonómica, que vio cómo la jueza imputaba y llevaba a prisión a exconsejeros como Antonio Fernández y, sobre todo, elevaba la causa al Tribunal Supremo con Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la picota. El Alto Tribunal los imputó formalmente.

María Ángeles Núñez Bolaños es del agrado de la Administración autonómica. Los socialistas andaluces admitieron la amistad de Núñez Bolaños con el consejero de Justicia y de Interior, Emilio de Llera, fiscal en excedencia. Alaya lo había denunciado y al PSOE no le quedó más remedio que reconocerlo. En un informe del pasado mes de julio decía esto: “Se da la circunstancia de que la prensa en general, cuestión que expongo como mero lector sin la menor certeza, pero que a la vez me inquieta, pone de manifiesto que la señora Núñez Bolaños mantiene una estrecha amistad con el consejero de Justicia, don Emilio de Llera, notorio detractor del trabajo de esta instructora". De Llera llegó a decir de Alaya: “Y encima sigue igual de guapa tras trabajar tanto”.

Pero Alaya nunca ha sido un submarino del PP, a pesar de que algunos autos y señalamientos judiciales beneficiaban sin duda los intereses electorales de los populares andaluces. Ella ha ido a su aire. El pique nada disimulado -no solo profesional, sino personal- con Núñez Bolaños, su sucesora en el juzgado, tampoco ha sido nada beneficioso para sus intereses. Ya fuera de cobertura en los ERE (salvo sorpresa extraordinaria del CGPJ), la magistrada sevillana verá desde su plaza de la Audiencia cómo el caso que ella ha instruido con tantos altibajos, a impulsos, con horarios de madrugada y llevándose trabajo a su casa en su famosa 'trolley', puede diluirse ante la prescripción de los presuntos delitos de algunos de los imputados.

Una instrucción desmontada y un fiasco judicial

La polémica jueza también ha visto cómo uno de los imputados en la trama, el abogado Carlos Leal, desmontaba su instrucción en los ERE. “Los jueces deben conocer el BOE”, señala Leal en declaraciones a este diario. “¿Dónde están los 855 millones que se han cifrado como el fraude de los ERE?". Primero, relata, se creía que ese dinero “se había robado”. Leal sostiene que el 90% de lo defraudado lo poseen los prejubilados y el 10% corresponde a ayudas directas a empresas -que habrá que examinar una por una-, intrusos y las supuestas sobrecomisiones.

Para Leal, existe un error de 151 millones de euros en el cálculo de Alaya, que recoge las partidas abonadas en vez de tener en cuenta las de las empresas o Gobierno central. Su cálculo es que entonces serían 700 y no 855 millones de euros. “Había una presión mediática brutal y todo el mundo pensaba que se habían perdido 800 millones”, explicó el letrado sevillano. Su tesis la ha corroborado el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro.

En este fiasco judicial que se ha convertido el caso de los ERE quedan aún muchas variantes y flecos por determinar. ¿Influirá la jueza Alaya desde su puesto en la Audiencia en alguna de las decisiones que podría tomar Núñez Bolaños? La actual magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla va a trocear el caso evitando una macrocausa. Esta medida, que podría haber agilizado todo el proceso si Alaya la hubiera puesto en marcha nada más iniciar las primeras diligencias, podría ahora ser contraproducente, no solo por la prescripción de los delitos, sino por la posibilidad de fuga, como ha ocurrido con el banquero Eduardo Pascual, imputado clave, y fugado de la justicia.