Guadalquivir: 'Premian' al excomisario imputado por estafa y prevaricación

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha premiado con una plaza en la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Córdoba a Rafael Álvarez Giménez, excomisario de Aguas del organismo, tras estar imputado en dos procesos judiciales. Álvarez Giménez renunció el pasado mes de julio a su cargo, pero no fue destituido. “La plaza de Córdoba [su ciudad natal y donde reside] la puede tener de por vida, hasta que se jubile. Es el Ministerio quien lo ha autorizado”, subrayó a El Confidencial un alto funcionario de la confederación que no quiere identificarse por miedo a represalias.

La primera imputación del excomisario, que ha adjudicado más de tres millones de euros a empresas amigas, es por prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente por los vertidos de Albolote (Granada) y la presunta emisión de aguas fecales de la cárcel granadina a un barranco y arroyo de la zona. En este asunto también está imputado el presidente de la CHG, Manuel Romero Ortiz, íntimo amigo de Álvarez Giménez y de la secretaria general de la confederación, Consolación Vera; el ‘triunvirato’ que ha capitaneado la etapa con más irregularidades en la historia del organismo y que ha provocado un demoledor informe de la Auditoría del Estado que avanzó este diario el pasado 22 de septiembre. Este diario lleva publicando desde julio de 2014 todas las anomalías en la gestión del organismo, con adjudicaciones a dedo.

Un informe del embalse de La Breña (Córdoba) fue la causa de la segunda imputación de Álvarez Giménez. El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla le acusa de un delito de estafa procesal en grado de tentativa como cooperador necesario por haber intentado beneficiar a la empresa de dos socios de Agustín Pastor Turullols, exjefe de la Oficina de Planificación Hidrológica y exjefe de servicio de Inspección de Presas de la confederación con el que podían reclamar 15 millones de euros en un pleito contra la Administración. El excomisario tendrá que declarar en el juzgado el 15 de enero de 2016. Álvarez Giménez, que no quiso hablar con este diario, también está acusado por presunta prevaricación en Doñana tras una denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva al considerar que "no actúa contra las extracciones ilegales" del acuífero de Doñana.

El excomisario, investigado también por inflar las obras de la limpieza del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, ha conseguido esta plaza, “con formas caprichosamente legales que dañan los principios de igualdad y de transparencia para el resto de empleados públicos”, señalan fuentes del organismo, a pesar de que no es funcionario de la Administración General del Estado, sino de la Junta de Andalucía. La plaza que ha obtenido Álvarez Giménez en la CHG es en adscripción provisional; no se publica en el BOE e impide el control jurisdiccional.

Álvarez Giménez fue gerente en Córdoba de la Agencia Andaluza del Agua. En su etapa de número dos de la confederación mantuvo abierto de modo permanente un despacho en Córdoba a pesar de que no existía ningún precedente en el organismo de que un comisario de Aguas contara con un despacho en su lugar de residencia habitual.

“No tengo ni idea: suponía que era funcionario”

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, en declaraciones a El Confidencial, afirmó desconocer el nuevo puesto de trabajo en Córdoba de Álvarez Giménez. “No tengo ni idea. Suponía que era funcionario del Estado. Voy a interesarme a ver qué ocurre”, destacó, tras precisar que el Ministerio no había hablado con él del excomisario. “Conmigo no lo han consultado”, puntualizó. Sanz se negó a hablar de la gestión del presidente de la confederación, vinculado al PP de Granada: “Yo no tengo que valorar nada”.

El representante del Gobierno Central en la comunidad andaluz, que fue secretario general del PP andaluz con Javier Arenas, tampoco quiso hacer ningún comentario sobre la imputación de Romero Ortiz, ni sobre la auditoría del Estado que calificaba como “opinión desfavorable” las cuentas presentadas por la entidad, además de no existir información sobre los contratos menores, ni balance de resultados ni informe de gestión. Fuentes de la confederación no se explican cómo Sanz desconoce la situación laboral de Álvarez Giménez. También dudan que el presidente no le hubiera informado. En las últimas semanas han comparecido varias veces ante los medios de comunicación, como en el anuncio de una inversión de 10 millones de euros de la CHG en Granada.

Fuentes oficiales del Ministerio ofrecen a El Confidencial esta explicación: "Se ha cumplido la Ley de Función Pública en todo momento, que establece que al cese de un puesto de libre designación se le deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración".

"Damos por hecho que hay algo raro que no se nos cuenta. ¿Por qué lo dejan en Córdoba y le dan todo lo que quiere? ¿Le tienen miedo a lo que pueda contar? Si no es así, no tiene explicación ninguna”, explicó un ingeniero del organismo, que relata a este diario cómo el excomisario, que figura todavía en el organigrama de la confederación, según la propia web corporativa, se niega a comunicarse de manera directa con el jefe de zona de la confederación en Córdoba y reporta directamente con la secretaria general para que le asignen un funcionario. “Nadie quiere trabajar con él”, remarcan estas mismas fuentes.

En la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba trabajan media docena de ingenieros. “No hace falta tanto personal en ese área”, apuntaron. Otro funcionario del organismo consultado por este diario revela que en lo que lleva de año el organismo ha carecido de laboratorio de aguas para las muestras de los vertidos.

Sin suspensión provisional de sus funciones

Ni a Álvarez Giménez ni a Romero Ortiz se les ha procedido a la suspensión provisional de funciones, que viene expresamente reconocida en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -EBEP-, que prevé la situación de suspensión provisional del empleado público en el ejercicio de sus funciones [artículos 85.1 e) y 90.1], la cual podrá acordarse con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial (artículos 90.4 y 98.3).

"Esta claro que por trato de favor a ninguno de los imputados se les ha suspendido del ejercicio de sus funciones a pesar que por la presunta gravedad de los hechos que pudieran imputarse firmemente, particularmente a Álvarez Giménez tanto por la Breña, como por Albolote. La presencia de este funcionario en el centro de trabajo en Córdoba, en Dirección Técnica, llevando presas y su explotación no sólo de Córdoba sino también de Jaén, podría ocasionar un grave perjuicio para el servicio público”, resaltan a este diario empleados públicos de la confederación.

Medio Ambiente debería haber adoptado medidas provisionales o cautelares contra Álvarez Giménez suspendiendo las funciones como permite la ley, máxime cuando fuentes ministeriales indican que la investigación se inició a instancias de Medio Ambiente, que fue “quien puso en conocimiento de la Fiscalía las sospechas de actuaciones irregulares y quien cesó a los sospechosos de sus puestos de confianza”.

Según fuentes ministeriales, no ha existido “trato de favor” con el excomisario. “El Ministerio no ha suspendido de sus funciones a los funcionarios mencionados dado que las investigaciones se encuentran en fase inicial, en aras a la presunción de inocencia podría ser muy precipitado adoptar este tipo de decisiones”, explican en el Ministerio de Medio Ambiente.