Ciudadanos se estrena en la comisión de los cursos sin aclarar si llamará a Susana Díaz

Dos años después de que estallara la investigación policial sobre los fondos de formación en Andalucía y 400 arrestos más tarde, entre ellos de 37 ex altos cargos de la Junta, arranca la décima comisión de investigación de la historia del Parlamento andaluz. Ha comenzado a trabajar con la elección de su presidente como primer punto. Sin sorpresas.

Será el diputado de Ciudadanos Julio Díaz, exmilitante socialista, el encargado de controlar los trabajos encaminados a depurar responsabilidades políticas sobre un presunto fraude con los fondos de formación que ya investigan 18 juzgados andaluces y tienen bajo la lupa policial 3.500 millones de euros. Para ello contó solo con los votos del PSOE. El diputado de Ciudadanos, que fue ocho años concejal socialista en La Palma del Condado (Huelva), no se siente cuestionado. “Tengo mucha tranquilidad. Sé por qué abandoné la política y por qué volví de la mano de Ciudadanos, estoy aquí para regenerar las instituciones”, sostuvo.

PP, Podemos e IU han rechazado que Ciudadanos presida la comisión, habiendo señalado un pacto encubierto con los socialistas para blindar y proteger al Gobierno de Susana Díaz. El diputado de Ciudadanos se estrenó eludiendo responder sobre si su partido pedirá la comparecencia de la presidenta de la Junta. Albert Rivera ya lo anunció públicamente en una entrevista en La Sexta, contradiciendo a su portavoz andaluz, Juan Marín, que había desechado esa comparecencia.

El presidente de la comisión evitó contestar pese a las reiteradas preguntas al respecto. “Nadie va a condicionar nuestro voto ni nuestra forma de trabajar. Ciudadanos pedirá la comparecencia de toda persona que ayude a esclarecer y aportar luz sobre este caso. Afrontamos este reto con responsabilidad y estamos muy seguros de lo que estamos haciendo", repitió. ¿Se precipitó entonces Rivera al anunciar que pedirán la comparecencia de Díaz? “Rivera no se precipita nunca, siempre es muy contundente en todo lo que dice”. Ni por equivocación afirmó que Ciudadanos sentará a Susana Díaz en la comisión.

A Susana Díaz se le complica la campaña

La presidenta de la Junta ya ha avanzado que hará lo que diga el Parlamento pero señala su comparecencia como un intento de “dañarla” personalmente. Sostiene que ella llegó al Gobierno en 2012 como consejera de Presidencia y que las ayudas se dejaron de dar en 2011. Sin embargo, la investigación parlamentaria abarca “desde 2002 hasta la actualidad”, según su propio enunciado.

A la presidenta de la Junta se le multiplican los frentes. Hoy, ‘ABC’ publica una entrevista con Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en los ERE y al que su chófer acusó de gastar el dinero de los parados en cocaína. El exdirector general de Trabajo de la Junta acusa a Susana Díaz de conocer el fondo de los ERE como secretaria de Organización del PSOE de Sevilla con José Antonio Viera.

La Junta, en una investigación interna que aún no ha concluido y que arrancó al estallar el escándalo de los cursos en abril de 2014, cifra en 72 millones el dinero presuntamente desviado. Hay riesgo de prescripción de delitos. Solo el clan Ojeda, como se conoce al entramado empresarial del exconsejero andaluz Ángel Ojeda, captó 75 millones de euros de formación. Según avanzó El Confidencial, el exsocialista desvió hasta 10 millones de euros a Chile y tenía otros siete millones en una cuenta en Luxemburgo.

De nuevo, como en los ERE, la comisión parlamentaria arranca con la investigación judicial en marcha, y muchos imputados serán posiblemente llamados y pedirán acogerse a su derecho a no contestar a las preguntas de los diputados. Desde Podemos, el diputado Juan Ignacio Moreno Yagüe aseguró que la elección del presidente “huele” mientras que el portavoz del PP, Carlos Rojas, apeló directamente a Albert Rivera para que explique “qué está pasando con su partido en Andalucía”, tras considerar que se ha consumado “un bipartito”.

La comisión arranca en mitad de la precampaña electoral y posiblemente llegará hasta después de los comicios. No está claro si se suspenderán los trabajos en los 15 días previos a las elecciones generales. Así lo ha pedido el PSOE para evitar que el ruido de la investigación distorsione la campaña. Curiosamente, el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, avaló esta tesis. Pero no es el único elemento que condicionará la comisión parlamentaria.

La crispación se ha adueñado del Parlamento andaluz tras el veto a las iniciativas de la oposición por parte del PSOE y con el silencio crucial de Ciudadanos. Este asunto volvió a centrar la actividad de la Cámara. Su presidente, el socialista Juan Pablo Durán, defendió la actuación de la mesa del Parlamento pese a las advertencias de un informe del letrado mayor que señala las posibles responsabilidades jurídicas individuales de los diputados ante los tribunales de justicia por dilatar o bloquear las iniciativas de la oposición. A su juicio, no hay nada que temer. El PP ya ha anunciado que acudirá al Constitucional y habla de un posible delito de “prevaricación”.

Juan Marín sí conocía el informe del letrado

El presidente del Parlamento anunció que el próximo lunes se celebrará una reunión extraordinaria que posiblemente levante el veto a las leyes de Podemos y PP. Ciudadanos ya comunicó su cambio de posición. Pasarán de la abstención al sí a estas iniciativas, lo que desbloqueará el empate y permitirá que lleguen a la Cámara. Su portavoz en Andalucía, Juan Marín, sostuvo este miércoles que no conocían el informe del letrado mayor cuando volvieron a inclinarse por la abstención.

Tanto el presidente de la Cámara como el propio diputado de Ciudadanos que pertenece a la mesa, de nuevo Julio Díaz, admitieron que sí tenían ese informe desde primera hora de la mañana, lo que desmienten las explicaciones del responsable de Ciudadanos en Andalucía. El diputado de Rivera pidió no dar “más trascendencia” al asunto y alegó que maneja “carritos de documentación”, por lo que no pudo leerlo en detalle.

Una vez que se levante el veto a las iniciativas de la oposición, las leyes deberán de nuevo arrancar su tramitación, puesto que a la vez se ha aprobado, con los votos de PSOE y Ciudadanos, una resolución del presidente de la Cámara que con carácter retroactivo obliga a acompañar las iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios de varios informes de impacto de género o coste económico. Ahí ve la oposición la trampa. Durán se mostró muy enfadado cuando se le preguntó sobre si esto era “una maniobra dilatoria” para posponer la tramitación de estas leyes hasta el próximo periodo de sesiones, ya en febrero.

Esto supondría que estos proyectos deberían de referirse a 2017, puesto que no se puede modificar el presupuesto en curso. Se mostró indignado: “Como pregunte así no nos vamos a llevar bien”, respondió a este periódico. Acto seguido defendió que esos informes pueden estar listos en 15 días y que las iniciativas llegarían al pleno del Parlamento este mismo mes de octubre. Sobre las peticiones de dimisión formuladas por la oposición, las inscribió dentro de la campaña electoral de las generales. La oposición considera que ha ganado el pulso al PSOE pero sigue convencida de que hay trampa e intentos ilegales de dilatar estas leyes.