Un exsocialista ahora en Ciudadanos presidirá la comisión del fraude de los cursos

Dos años después de que el Partido Popular pidiera por primera vez en el Parlamento andaluz una investigación sobre el fraude de los cursos de formación la comisión ha visto la luz casi por unanimidad. El PSOE de Susana Díaz, que sostiene un Gobierno en minoría, no ha podido evitar en esta nueva etapa política que se cerquen las responsabilidades políticas sobre este escándalo y ha votado sí a la propuesta de Ciudadanos. Tras conversaciones abiertas los últimos días y capitaneadas por el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios con el portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, la formación naranja se quedará con la presidencia de la comisión, lo que le permitirá controlar las comparecencias y la agenda de los trabajos. El diputado de Ciudadanos Julio Díaz, que fue durante ocho años concejal socialista en la localidad de la Palma del Condado (Huelva), estará al frente de la comisión. Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida están totalmente en contra de que un exsocialista dirija la comisión. Tras el pacto de investidura, este sería el segundo gran acuerdo de Susana Díaz y Albert Rivera en Andalucía. 108 votos a favor y un ‘no’ por error acaba de confirmar el acuerdo.

Como golpe de efecto, los socialistas han anunciado su intención de extender esta comisión como una mancha de aceite por todas las comunidades donde se investigan irregularidades en estos fondos de formación. Llevarán al Congreso una comisión de ámbito nacional donde junto a Andalucía se investigue el presunto fraude en la comunidad de Madrid y Galicia, donde aseguran que está directamente afectado el presidente Alberto Núñez Feijoo, uno de los delfines mejor posicionados de Mariano Rajoy. El PSOE pone el foco también en los últimos avisos del Tribunal de Cuentas sobre irregularidades en los fondos estatales y avanzan que pedirán la comparecencia de la ministra Fátima Báñez en la Cámara andaluza.

El PSOE ha enchufado el ventilador pero no podrá evitar asumir el coste de una comisión de investigación entorno a un fraude que investigan en paralelo 18 juzgados andaluces, Policía Nacional y Guardia Civil y que tiene bajo sospecha el reparto de casi 3.000 millones de euros de fondos públicos destinados a la formación de los parados andaluces. Eso sí, puede que gracias a Albert Rivera amortigüen daños. Los socialistas, que habían venido avanzando estos días su abstención para no bloquear que se abra una investigación en el Parlamento, acaban de confirmar su ‘sí’. No ocultan su deseo de que la comisión quede en manos de Ciudadanos, que ya dicho que quiere la presidencia, lo que le permitiría controlar los trabajos y la agenda. Hay hasta nombre, el del diputado de la formación naranja Julio Díaz. Todavía ninguno lo admite públicamente pero ha habido negociaciones para cerrar un pacto, lo que confirmaría la denuncia del resto de la oposición de una “comisión blanda y amañada” para hacer el menor daño posible al actual Gobierno socialista.

Ahora queda por ver si la presidenta Susana Díaz puede evitar acudir a dar explicaciones sobre este fraude. El PP y Podemos lo consideran imprescindible, Ciudadanos no lo vetará pero no lo cree necesario. El objetivo de salvar a Díaz de este escándalo ha llevado al Gobierno andaluz a asegurar que su presencia en esta comisión es “estrambótica” puesto que ella llegó a la presidencia en 2013 y los ayudas de los cursos dejaron de repartirse en 2011, cuando en el Gobierno saltaron las primeras alarmas y comenzaron a amontonarse expedientes sin justificar. El PP asegura que debe dar explicaciones por las cientos de exoneraciones firmadas para ahorrar a muchos beneficiarios la rendición de cuentas sobre estos fondos. También como máxima responsable de un Gobierno que lleva dos años analizando los expedientes de formación y que ha pedido 79 millones de euros en reintegros por falta de justificación de las ayudas. Y por último porque desde el PP vinculan al marido de Susana Díaz con el escándalo, asegurando que fue tutor de cursos impartidos por una fundación de UGT. Ella siempre lo ha negado y desde su Gobierno insisten en que solo trabajaba en esa fundación con un contrato de administrativo y como fijo discontinuo.