Andalucía quiere imponer la igualdad en empresas privadas con multas de 120.000€

El Gobierno andaluz se dotará a través de la nueva ley de igualdad de poder para sancionar hasta con 120.000 euros a las empresas privadas que discriminen a las mujeres en sus salarios o por razones de su maternidad o embarazo. Será uno de los capítulo de nuevo cuño más polémicos de la futura ley andaluza, cuyo borrador ha pasado este martes el primer filtro del Ejecutivo de Susana Díaz, que precisamente en estos momentos disfruta de su baja de maternidad. La potestad para imponer multas en el sector privado recaerá en la titular del Instituto Andaluz de la Mujer, la Consejería de Igualdad o el propio Consejo de Gobierno, según la cuantía de la multa. Las sanciones se impondrán siempre que no haya sentencia judicial o el caso no esté en los tribunales. El borrador de la ley refuerza el papel del Instituto Andaluz de la Mujer como un órgano destinado a la negociación con las empresas, el asesoramiento de las mujeres que se sientan víctimas de discriminación de o la investigación de casos sin necesidad de denuncias previas. Una potestad que hasta ahora recaía exclusivamente en la autoridad laboral y la inspección de Trabajo o el Defensor del Pueblo.

La llamada ley de promoción de la igualdad de género en Andalucía modifica parcialmente la norma de 2007 que se aprobó en la comunidad al calor de la ley de José Luis Rodríguez Zapatero. Por primera vez el Gobierno andaluz salta de las recomendaciones a las sanciones en el sector privado. Como novedades se exige la construcción de guarderías en todos aquellos centros de trabajo que sumen más de 500 trabajadores. Además de las multas, la Junta sancionará a las empresas prohibiéndoles que accedan a ayudas públicas durante tres años o inhabilitándolas para prestar servicios públicos. Se consideran sanciones leves obstruir la labor “ de investigación o inspección” del Instituto Andaluz de la Mujer o “no tener planes de igualdad si han sido exigidos por la autoridad laboral”. Se catalogan como graves las prácticas laborales discriminatorias, el uso del cuerpo o la imagen de la mujer como reclamo publicitario o asociándola a comportamientos que inciten a la violencia o la prostitución y la discriminación en pruebas deportivas. Serán sanciones muy graves las prácticas que creen un ambiente discriminatorio, ofensivo o degradante o cualquier represalia laboral tras haber presentado una queja.

Como novedades se exige la construcción de guarderías en todos aquellos centros de trabajo que sumen más de 500 trabajadores

Los medios de comunicación que reciban subvenciones públicas, incluida la publicidad, también están en el punto de mira. La Junta vigilará el lenguaje sexista o el uso de estereotipos que provoquen desigualdad e incluso exige una presencia equilibrada de hombres y mujeres en sus órganos de dirección. El Gobierno autonómico se reserva también el derecho a suspender de forma automática ayudas y bonificaciones. Todas las multas se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La futura ley andaluza todavía tiene que llegar al Parlamento y su recorrido será largo. La patronal no ha querido de momento valorar esta norma. Otra de las guerras que emprenderá el Gobierno andaluz será contra la brecha salarial. Se creará un registro de planes de igualdad de las empresas y se vigilarán los convenios colectivos. Además habrá “auditorías” a las empresas y el Instituto Andaluz de la Mujer podrá castigar a aquellas que discriminen en sus salarios. En el sector público, la Junta también introduce algunas novedades para sus empleados. Habrá planes de “sensibilización” y “formación” para los altos cargos en igualdad y se podrá discriminar a favor de las mujeres en los procesos de selección si su presencia está por debajo del 40% en esa categoría laboral. Además se reservará un 40% de las plazas en cursos de formación para los funcionarios que se acaben de incorporar de un permiso de maternidad o paternidad o bien de una licencia para el cuidado de dependientes a su cargo.

La Junta vincula toda su ley de igualdad a la lucha contra la lacra de la violencia de género y vuelve a hacer especial hincapié en los colegios. Los libros de texto que se usen en centros públicos o concertados deberán “hacer visible el papel de la mujer en la historia, la ciencia, la política o la cultura” y se creará “una comisión de expertos” que examinarán estos materiales. La norma incluye medidas para que los niños aprendan a “compartir las tareas domésticas”. La Junta también incluye a las universidades en su ley y redacta varios artículos para obligar a la inclusión de mujeres en los equipos de investigación. Incluso se legisla en materia “urbanística y de transportes” para “facilitar la organización de la vida familiar” o en la “industria del ocio”, fijando un control de los contenidos de los videojuegos.