Andalucía pelea los fondos extranjeros que huyen de otras CCAA por el efecto Podemos

El mensaje del Gobierno de Susana Díaz es claro. En Andalucía, venden, sí que hay “estabilidad política y seguridad jurídica”. “Frente a otras, esta sí es una tierra agradable y atractiva para las inversiones extranjeras”, presume el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado. “Andalucía es un caso único en España y Europa”, asegura este responsable económico del Ejecutivo andaluz que se jacta de tres décadas largas de gobiernos socialistas. Es el nuevo eslogan después de que en los últimos años los propios empresarios hayan alertado reiteradamente del daño que los escándalos de corrupción y la inseguridad jurídica que conllevan podían tener para atraer a los inversores. Tras estas palabras está el convencimiento de los responsables económicos del Ejecutivo andaluz de que el efecto Podemos en ciudades como Madrid o Barcelona o la Comunidad Valenciana puede suponer un revulsivo que sitúe por delante a Andalucía a la hora de convencer a los inversores internacionales.

La consigna no es gratuita. Susana Díaz quiere aprovechar el efecto que el ascenso de Podemos genera en los centros de poder económico para captar nuevos proyectos. Su objetivo prioritario: los grandes bancos y los fondos de inversión extranjeros, según confirmaron fuentes del área económica de su Gobierno. Incluso se repasan proyectos que hayan quedado en el aire en otras regiones y que pudieran recalar en Andalucía en los últimos meses. Se resisten a poner nombres sobre la mesa pero la Junta confía en tener resultados a finales de año. El cortejo ya está en marcha, confirman.

Cuando el Partido Popular asume con fuerza el discurso que sitúa al PSOE de Pedro Sánchez en la radicalidad política, Susana Díaz, que es de las que está cómoda con el hecho de que su partido se envuelva en la bandera española, continúa con su cortejo a los bancos y el club del Ibex 35. La sesión de fotos y reuniones con los principales poderes económicos del país en su despacho de San Telmo forman parte esencial del álbum de su primer mandato político. Esa hoja de ruta sigue adelante. La dirigente socialista insiste en situar a Andalucía en el centro del tablero político tras alcanzar un pacto con Ciudadanos que le evitó concesiones a Podemos. El partido de Pablo Iglesias exigía una expeditiva medida de presión a la banca contra los desahucios. Reclamaban la retirada de todos los fondos públicos de las entidades financieras que no se comprometieran a parar los desalojos. La socialista se plantó contra esta exigencia asegurando que era ilegal. Podemos se quejó de que anteponía su política de buenas relaciones con los banqueros del país.

La última medida adoptada por Díaz convence mucho más a las entidades financieras. De hecho tiene su visto bueno. En Andalucía se ha pasado de expropiar pisos a la banca, en una ley tumbada por el Constitucional y que nació de puño y letra de IU, a la compra preferente de viviendas en manos de las entidades financieras en casos de desahucios. IU y Podemos han coincidido en criticar con dureza esta nueva medida que creen que beneficia a los bancos y les ayuda a deshacerse de su stock de viviendas vacías. Díaz hace oídos sordos y en su primera reunión fuera de su despacho irá este miércoles a visitar al principal referente municipal del PP, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con la lucha contra los desahucios como primer punto de la agenda. Todo está calculado. Es llamativa esta reunión cuando el PSOE andaluz ha pactado con marcas blancas de Podemos en cuatro de las principales ciudades de Andalucía para desbancar al PP y ha permitido la investidura del alcalde de Cádiz, José María González Kichi.

Otra mudanza de los expedientes de la formación

Susana Díaz ha confiado la política económica y de empleo, en una comunidad con las tasas de paro más altas de España y en para la que los expertos barajan tasas de crecimiento por debajo de la media del país, a dos personalidades muy diferentes en las formas aunque ambos con currículums de prestigio universitario. El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, se ha estrenado este martes junto al titular de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado en una reunión tripartita con empresarios y sindicatos. La cartera de Economía ostenta todas las competencias de más relumbrón mientras que Sánchez Maldonado, al que muchos daban por quemado tras escándalos como el de Aznalcóllar o después de lidiar en la anterior legislatura con los ERE o las ayudas irregulares a UGT, bailará con la más fea. Su departamento tendrá que gestionar el escándalo de los cursos de formación, una patata caliente que todos rehuyen. Los expedientes investigados por la justicia salen de Educación y vuelven a sus manos tras varias mudanzas internas desde que estalló el caso. El propósito es que los escándalos de corrupción no vuelvan a tragarse la gestión de su departamento.

Diversificar la economía andaluza y primar la industria para que deje de depender del ladrillo y el turismo es un mantra desde que estalló la crisis

Durante los 80 días que ha estado bloqueada Susana Díaz se granjeó el apoyo de sindicatos y patronal. En una de sus primeras reuniones en San Telmo, Díaz recibió este martes en un encuentro tripartito a los agentes sociales y económicos. Las conclusiones del encuentro no fueron nada del otro mundo. Sellar la paz social y empujar unidos en busca de inversiones. La necesidad de diversificar la economía andaluza y primar la industria para que deje de depender del ladrillo y el turismo es un mantra desde que estalló la crisis. Las cifras desmienten que se hayan asentado bases de un nuevo modelo productivo en los últimos años. Y si el ojo de los inversores extranjeros se posa en Andalucía para construir hoteles o al calor de nuevas operaciones urbanísticas, desde luego no será la Junta la que les haga ascos, admiten desde el Ejecutivo. La consigna, en una comunidad con más de un millón de parados, es que hay que sumar y no restar.

El presidente de la patronal andaluza, siempre muy moderado en sus intervenciones, negó que haya inversiones en peligro en Andalucía por la llegada de nuevos actores políticos al poder municipal. Aseguró no tener constancia de ningún inversor que le haya trasladado su preocupación o que haya tanteado la posibilidad de frenar algún proyecto. Su mensaje coordinado con el Gobierno andaluz, incide en la estabilidad política. Su única preocupación, expresó, son los meses de 2015 que ha perdido Andalucía desde las elecciones. “No hay prejuicios hacia Podemos ni hacia otra formación política”, concluyó, confiando en la colaboración del alcalde de Cádiz, José María González Kichi, con los inversiones industriales que podrían recalar en esta provincia.