La Junta acorralada por la justicia: tendrá que recolocar a 700 despedidos en Empleo

El tortuoso calvario comenzó el 30 de septiembre de 2012. 31 meses después, el Gobierno andaluz se ve forzado a readmitir a 787 técnicos de empleo con la amenaza de ser acusados de desobediencia judicial y acorralados por la vía penal. Deberá abonar además 65 millones en salarios de tramitación. 70.000 euros al día desde que comenzó el conflicto. Tienen derecho a cobrar aunque no les hayan dejado realizar su trabajo en una comunidad que no desciende del millón de parados. Los afectados se lamentan. Les están costando dinero a los andaluces sin hacer nada. El Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y distintos juzgados de lo social en Andalucía han advertido de que aquellos despidos fueron improcedentes y que la Junta cayó en “fraude de ley” y “desviación de poder”. La cascada de sentencias no para.

Los conocidos como Alpes, agentes locales de promoción de empleo, forman parte habitual del paisaje en las protestas contra distintos representantes del Gobierno andaluz. No han bajado la guardia en sus reivindicaciones a pesar de que han vivido una auténtica pesadilla. Varios han perdido sus casas y la mayoría sobreviven con los 400 euros de prestación que cobran tras haber agotado su paro. Es el caso de Reme, que fue directora de uno de los consorcios en la comarca de Ronda (Málaga). “Que nadie se crea que como directora cobraba mucho. Eran 1.400 euros netos al mes con las extras prorrateadas”, explica. No aguanta y al final de la conversación la indignación le entrecorta la voz. “¿Qué les hemos hecho? ¿Por qué?”, se pregunta con amargura. Su antigüedad se remonta a 1995. La reordenación del sector público andaluz tiene en estos trabajadores sus víctimas. La Junta decidió el cierre de los consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), participados por la Consejería de Economía, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y por entidades locales. Alegó que la supresión de los fondos que se destinaban desde el Gobierno central en políticas de empleo hacía inviable integrar al colectivo en el Servicio Andaluz de Empleo. Los despidió. 606 trabajadores cuentan hoy con una sentencia que avala la nulidad de estos despidos dictadas por distintas instancias judiciales.

Javier Urbano, uno de los portavoces del colectivo, sigue sin creerse el compromiso público adquirido por el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, de readmitir a este personal. Las sentencias son firmes. Cree que es una nueva maniobra política para desactivar sus protestas ante la próxima campaña de las municipales y en plena operación política de investidura de Susana Díaz. “Nos han hecho la misma promesa más de una vez y siempre coincidiendo con campaña electoral”, asegura. Fueron los que corrieron peor suerte. Por ejemplo las 1.139 personas de la famosa Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en el punto de mira del fraude de los cursos de formación, se integraron en el Servicio Andaluz de Empleo.

Que nadie se crea que como directora cobraba mucho. Eran 1.400 euros netos al mes con las extras prorrateadas

Los trabajadores aseguran que el mensaje político para apaciguar los ánimos no coincide con la estrategia legal que sigue desarrollando la Junta o con la negativa a provisionar fondos presupuestarios para asumir sus reincorporaciones. Mientras que prometen la readmisión siguen recurriendo las sentencias. “Creemos que son solo argucias para evitar la vía penal, que en muchos casos se va a abrir ya de oficio”, sostiene Urbano. En un comunicado, el Gobierno andaluz señala que serán los jueces quienes dicten donde tendrá que ser recolocado cada uno de los trabajadores. El colectivo habla de otra “maniobra dilatoria”. Bastaría, señalan, una firma del director general de Empleo y gerente del SAE para reubicarlos. Señalan a este alto cargo directamente como el mayor responsable de que se sigan sin cumplir las sentencias. El Gobierno andaluz insiste en que es “un tema complejo” y que los servicios jurídicos han tenido que “trabajar muy duro”. Reiteran su voluntad de cumplir las resoluciones judiciales.

Después de las pasadas elecciones europeas, los alpes lograron que se abriera una mesa de negociación con la Consejería de Economía. Relatan que las conversaciones no han servido para nada. Incluso en una de las últimas reuniones aseguran que se forzó a la secretaria a “falsificar” las actas de los acuerdos que se habían adoptado. El documento muestra con firma la disconformidad de los despedidos y la relación de acuerdos que supuestamente habían sido omitidos.

Hay compañeros que han perdido su casa, otros a los que la indemnización por despido todavía no se les ha llegado a pagar

Javier Urbano cuenta como tras ser despedidos en 2012 fueron “vetados” en cualquier oposición o programa que se abriera en el SAE o la Consejería de Empleo. “Nuestro código fue vetado”, asegura. “Hay compañeros que han perdido su casa, otros a los que la indemnización por despido todavía no se les ha llegado a pagar”, explica. Él es licenciado en Geografía y fue contratado como técnico superior tras pasar un proceso selectivo público. “No somos enchufados, ni hemos entrado a dedo”, se defiende. Fueron convocatorias públicas y presentaron su solicitud en las oficinas del SAE, ayuntamientos, mancomunidades y consorcios. Tras el baremo de méritos pasaron por el examen, escrito y oral según los casos, ante un tribunal compuesto por funcionarios de las distintas administraciones que participan los consorcios y miembros de los sindicatos y la patronal. Él comenzó a trabajar en la administración en noviembre de 2004 y se incorporó como técnico de empleo en 2007. Reme confía en que se puedan “comer los polvorones” reincorporadas a sus puestos de trabajo. Han llegado a todos sitios. Hasta la Reina Letizia intentó mediar con la Junta después de que Leyre, hija de una de las despedidas le enviara una carta: “Le pido por favor que hable con Susana Díaz para poner solución a este lío. Muchas gracias y un beso”. La carta fue remitida por la Casa Real a la Junta el pasado mes de septiembre.