Susana Díaz calla ahora pese a llevar sus listas municipales salpicadas de imputados

Un reguero de candidatos socialistas en las municipales están siendo imputados por la justicia en varias causas de diversa índole e importancia en las últimas horas. La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, se pasó toda la campaña de las autonómicas repitiendo por activa y por pasiva que no llevarían ningún imputado en sus listas electorales, y va a incumplir su máxima. El alcalde y candidato de Albox (Almería), Rogelio Mena, y el de Granada, Francisco Cuenca, junto a otros cinco concejales de su grupo que van en las listas, además del alcaldable de Estepona (Málaga), David Valadez, se sentarán en el banquillo días antes de la cita electoral. En la provincia malagueña, los socialistas tienen otros tres candidatos imputados, el de Manilva, Diego José Jiménez, que días atrás declaró en un caso por enchufismo y los de Fuente de Piedra, Francisco Hidalgo, y Almogía, Cristóbal Torreblanca. Once imputados en las candidaturas de las municipales.

La respuesta de la dirección del PSOE andaluz dista mucho de la expulsión inmediata que decretó Susana Díaz en las autonómicas. Ahora aseguran que no se tomarán medidas porque las denuncias no están ligadas a ningún delito de corrupción. En el caso de la capital granadina, el candidato y otros siete ediles –cinco de ellos repiten en las listas– se sentarán ante el juez los próximos días 5 y 6 de mayo por un posible delito de denuncia falsa. Los socialistas presentaron una denuncia contra el alcalde, José Torres Hurtado (PP), por presunta prevaricación urbanística que fue archivada. Como respuesta, el regidor se ha querellado. El número tres del PSOE andaluz, Francisco Conejo, también acusado de prevaricación por la construcción de una piscina ilegal en su casa, defendió que están imputados por ejercer su labor de oposición y defendió su honestidad. Fuentes de la ejecutiva regional descartaron que vayan a tomar medidas.

El caso del alcalde y candidato de Albox tiene mucha más enjundia. Será enjuiciado en junio por supuestamente denegar información a la oposición sobre facturas y expedientes de contratación a varias empresas. La Fiscalía pide dos años y seis meses de inhabilitación y la Audiencia Provincial de Almería ha respaldado la apertura de juicio oral. Rogelio Mena, que formaba parte de la ejecutiva regional de Susana Díaz, dejó su cargo en la dirección del partido al estallar el caso, pero repite en las listas y, de momento, se descarta que vaya a ser apartado.

Susana Díaz, acosada por el caso ERE y la imputación de los expresidentes y exconsejeros ante el Supremo, se lanzó a la campaña electoral de las andaluzas con la promesa firme de que limpiaría de imputados sus listas electorales. Con este argumento replicaba al PP cada vez que le sacaban a colación la corrupción. Los populares sí habían incluido en sus candidaturas a varios encausados. Pocos días antes de la campaña electoral, Díaz se vio obligada a forzar la retirada del número cinco en la lista por Málaga, Javier Carnero. El exalcalde de Benalmádena había sido imputado en un caso por presuntas irregularidades en el patrocinio de tres clubes deportivos locales. A principios de abril, el juzgado decidió archivar la causa. La dirigente socialista tuvo que imponer su criterio a la dirección del PSOE malagueño y fue un mal trago para los responsables provinciales.

Públicamente, Díaz ha admitido que fue una decisión “dolorosa” porque era su “amigo”, pero sostuvo que volvería a hacer lo mismo. Coló su reflexión al hilo de una pregunta sobre la condición de Podemos y Ciudadanos para facilitar su investidura. Exigen las dimisiones de Chaves y Griñán. Díaz insiste en que en el momento en el que Supremo decida, en el caso de que haya imputación de delitos y la causa siga adelante será “la primera” en pedir que abandonen sus actas de diputados. Muchos en el PSOE se revolvieron cuando marcó esta raya meses atrás y siguen estando muy lejos de compartir las tesis de que la simple imputación conlleve la suspensión automática de las responsabilidades públicas. Hasta ahora el código del PSOE fijaba la línea en la apertura de juicio oral y ha cambiado cuatro veces de criterio en los últimos meses.

Ahora, a la luz de los últimos casos, vuelve a variar para las municipales. A pocas semanas de la cita electoral se descartan cambios en las listas. El momento político sigue siendo delicado para Díaz, que se enfrenta con muchas dificultades a la dura tarea de salvar su investidura y convencer al resto de partidos de que se abstengan para que le dejen formar gobierno. El discurso de Ciudadanos y Podemos es muy duro en este punto. El partido de Albert Rivera ha expulsado a uno de sus candidatos tras publicar este periódico que llevaba a un condenado en sus listas. No cederán, advierten, frente a su exigencia de que las listas se barran de imputados.

También el Partido Popular ha subido el tono, aunque su punto de partida es muy diferente. Defendió la presencia de imputados en las listas andaluzas y mantiene la misma posición en las municipales. El caso más llamativo es el aval de la dirección de Juan Manuel Moreno Bonilla a la alcaldesa y candidata de Rota (Cádiz), Eva Corrales, que suma tres procesamientos abiertos por varias causas, la mayoría relacionadas con presuntos delitos con su anterior socio de gobierno de Roteños Unidos, un partido local. Aunque el PP fija la expulsión en la apertura de juicio oral, la alcaldesa roteña ya se ha sentado en el banquillo y no se han depurado responsabilidades políticas. Ahora alegan que son delitos “administrativos”.

La suerte judicial está corriendo en contra del PSOE en los últimos días y a favor del PP. Días atrás, el Supremo devolvió la causa contra el alcalde de Tomares (Sevilla) y senador, José Luis Sanz, al no ver indicios de delitos en el conocido como caso de los informes de una línea, al no apreciar indicios de prevaricación ni malversación. Sanz, ex número dos del partido, estuvo bien situado y era el candidato de Cospedal a dirigir el PP andaluz. Ayer un juez de Jerez notificó el archivo del caso por el presunto rescate irregular de la concesión del transporte urbano en la ciudad. En esta pieza sobreseída estaban implicados la alcaldesa, María José García Pelayo, y cuatro ediles, entre ellos el ahora diputado andaluz Antonio Saldaña, que concurrió en las listas autonómicas como imputado.