Pienso para caballos y cava para campeonatos: el despilfarro de los cursos

El sumario judicial del presunto fraude de los cursos de formación revela que el dinero para cualificar a los parados andaluces fue a parar al patrocinio de equipaciones de fútbol, la compra de barajas de cartas y cuelgabolsos en concepto de material para clases, regalos y caramelos para una Cabalgata de Reyes o cava para un campeonato de doma.

Ana María Orihuela saltó del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), donde era concejal socialista, al cargo de directora gerente del consorcio de formación Formades, próximo al Parque Nacional de Doñana, que ocupó durante siete años, de 2005 a 2012. No daba el perfil técnico para este puesto. Le bastó el carné socialista. En este ente público se fraccionaron fraudulentamente contratos y se prorrogaron durante años a pesar de que la ley lo prohibía. La gerente contrató a su hijo y a sus sobrinos. Se adjudicó irregularmente el servicio de veterinario para los caballos del centro formativo y las facturas de suministro de piensos para los animales desvelan que se pagaba a 600 euros la tonelada cuando el precio medio del mercado era de 300. Las tropelías relatadas en la investigación judicial sobre la supuesta estafa son innumerables.

Su gestión, aireada en los mil folios de sumario que instruye la juez Mercedes Alaya sobre el supuesto fraude, retrata el despilfarro durante años mientras la Junta, sostienen los investigadores, miraba hacia otro lado. Finalmente el Gobierno andaluz en 2012 cesó a la gerente, reclamó el reintegro de 1,7 millones de euros antes de proceder a la disolución del consorcio y llevó el caso a la Fiscalía.

La Junta presume en su web de que lleva 20 años apostando por 'la creación de un modelo formativo de excelencia'

La Junta de Andalucía presume hoy en su web de que lleva 20 años apostando por “la creación de un modelo formativo de excelencia que dinamice la inserción laboral de la población activa andaluza y genere empleo de calidad a través del programa de Consorcios Escuela de Formación para el Empleo”. Hay 14 en la comunidad autónoma. Aquí reside una de las “bolsas de fraude” investigadas por Alaya. El organigrama de estos consorcios estaba diseñado para que fuera el propio director general de formación de la Consejería de Empleo quien presidiera estos entes públicos.

Dietas, almuerzos y locomoción

El de Formades no es el único caso. En otro consorcio público de Málaga, Ciomijas, la gestión se subcontrató a una UTE dirigida por María de la O Ustarán Muela. La juez Alaya señala sus “importantes relaciones” con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Desde los años 80, Federico Muela, ex vicepresidente de la CEA, formó parte del núcleo duro del expresidente Santiago Herrero y otros amigos y dirigentes de la patronal andaluza que acapararon a través de sus empresas cientos de millones para la formación de parados. En el caso del consorcio de Mijas, recibió en tres años -2008, 2009 y 2010- 8,6 millones de euros y destinó 6,3 millones a la empresa subcontratada, que justificó como gastos de acciones formativas solo 1,2 millones de euros. El resto del dinero sirvió para sufragar, según consta en la investigación policial, gastos protocolarios, dietas y gastos de locomoción, almuerzos... Incluso desde este consorcio se financió un Observatorio de Recursos Humanos en materia turística cuya actividad, según apunta la Guardia Civil, no está acreditada.

En los consorcios está uno de los agujeros negros del dinero de cursos de formación. Otros doce entes públicos permanecen aún bajo secreto judicial aunque ya se apunta que, por ejemplo, en un consorcio de Sevilla con el dinero de los cursos se pagaron jamones. Hoy hay 733 millones de euros pendientes de justificación, según ha apuntado la Junta forzada por las revelaciones judiciales, después de un año de investigación interna durante el que se ha resistido a hacer pública esa cantidad. El sumario incluye un cuadro elaborado por la propia Intervención General en el que figuran 3.015 millones de euros desde 2005 a 2013 en subvenciones cuyo destino final no se ha acreditado. La cifra varía considerablemente porque en la segunda cantidad se van sumando año a año las subvenciones pendientes para las que no había respuesta.

¿Cómo se pudo llegar a que una cifra de esa magnitud no tuviera control? Según declara la ex directora general de Formación Teresa Florida, imputada en la causa y cuñada de uno de los mayores beneficiarios de esta trama, el exconsejero socialista Ángel Ojeda, la Junta llegó a acumular en el verano de 2011 un total de “15.000 expedientes de subvenciones pendientes de justificar de 2005 en adelante”. Su sucesor señaló “950 millones de euros sin justificar fuera de plazo”.

El último golpe policial llevó ante la juez a un total de 14 ex altos cargos de la Junta que están en libertad sin fianza e imputados de prevaricación y malversación de fondos públicos. Todos alegan que dieron órdenes para que se agilizara el control de las subvenciones y la falta de medios técnicos y humanos. Sí hubo fianzas millonarias para los responsables de los consorcios escuelas.

Objetivo, según Alaya: clientelismo político

Alaya deja clara su hipótesis delictiva y de nuevo, como en el caso de los ERE, escribe sobre la teoría de un “delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones con una finalidad y un objetivo: el clientelismo político”. La piedra angular de sus acusaciones son los propios informes elaborados por la Intervención General de la Junta y sus filiales provinciales así como la auditoría de la Cámara de Cuentas.

Se aplicó la exoneración, que permitía seguir optando a ayudas aunque no se hubiera acreditado el uso de subvenciones anteriores

Las subvenciones no se comprobaban, no había valoración técnica de los proyectos que se iban a poner en marcha y la adjudicaciones “presuntamente respondían a criterios arbitarios”, señala la magistrada. Se aplicó “con carácter general” la figura de la exoneración, que permitía seguir optando a ayudas públicas aunque no se hubiera acreditado el uso de subvenciones de anteriores convocatorias. “Las exoneraciones se produjeron sin la necesaria motivación y convirtiendo lo que debe ser excepcional en un uso habitual por parte de la Administración en detrimento del erario público”, advierte la instructora.

Los beneficiarios recibían el 75% de la subvención y quedaba pendiente el 25% restante hasta acreditar que se habían celebrado los cursos. La norma era que ese porcentaje final quedara sin abonar porque la mayoría de los expedientes ni siquiera se culminaban. “Por desidia o dolo”, según declara uno de los interventores de la Junta, ni siquiera se abrían desde la Consejería los expedientes para exigir el reintegro o devolución de las cantidades no justificadas.

La reclamación caducaba a los cuatro años y todavía hoy no se sabe -la Junta no da el dato- cuánto dinero se ha perdido. Había “graves irregularidades” en todas las fases, desde la adjudicación de la subvención hasta la inspección y seguimiento de los cursos o la etapa de justificación, donde Empleo supuestamente firmaba certificados acreditando las subvenciones sin hacer comprobaciones reales de los expedientes o bien directamente acudía a las exoneraciones. No se controlaba el porcentaje de alumnos que encontraban empleo, aunque debía ser del 60% para seguir optando a ayudas.

“Todas estas irregularidades, tanto a nivel central como provincial, habrían sido facilitadas por la actuación coordinada de los responsables del Servicio Andaluz de Empleo”, señala Alaya, “de forma que de manera uniforme, siguiendo el mismo patrón en todas las provincias, estos habrían posibilitado la comisión de este fraude”.

En 2011 la Junta frenó las subvenciones. En 2013 las competencias pasaron de Empleo a Educación. Ya había indicios de fraude. La Intervención General de la Junta, que ha colaborado estrechamente con Alaya en la instrucción, relata que a mediados de 2013 ya hubo informes provinciales que revelaban “graves irregularidades”. Curiosamente el informe que inspeccionó al Servicio Andaluz de Empleo “defraudó en su contenido”, según aseguran los funcionarios. La alarma saltó en Huelva. En febrero de 2015 se pidió al interventor de esta provincia un informe de actuación, que habría obligado a la presidenta de la Junta a tomar medidas. No se ha hecho. La decisión depende del órgano central y se paró porque “el tema ya estaba judicializado”, explican los testigos.

Aún están bajo secreto las investigaciones sobre la extinta fundación de Empleo Faffe, donde supuestamente podría estar el nudo gordiano de la estafa: sindicatos, patronal y el entramado empresarial. No se sabe si Alaya tendrá tiempo para culminar la instrucción. Otros juzgados, como el de Granada o Cádiz, se han inhibido a su favor. La trama puede seguir sumando ceros a la cantidad que se ha defraudado. Andalucía tiene hoy más de un millón de parados.