Griñán se desvincula de los ERE y recuerda que el Parlamento aprobó todas las partidas

José Antonio Griñán fue primero consejero de Hacienda y después presidente de la Junta de Andalucía. En ninguno de estos dos puestos tuvo conocimiento de las partidas ilegales en las ayudas socioeconómicas concedidas en la comunidad autónoma durante más de una década. Y no lo tuvo simplemente porque no era su competencia, según explicó ayer al magistrado que instruye la causa de los ERE relativa a los aforados nacionales en el Tribunal Supremo.

La línea de su declaración estuvo centrada en varias ideas básicas. Como consejero de Hacienda, la responsabilidad de su departamento era autorizar el gasto de cada Consejería y cada una de estas era la encargada de gestionar el dinero presupuestario. Es decir, Hacienda entregaba el dinero pero no controlaba el uso que se hacía de este.

“Velar por la ejecución del presupuesto no es lo mismo que velar por la ejecución del gasto. El grado de cumplimiento del presupuesto no se refiere a cómo se gasta, sino a cuánto se gasta y cuánto se ingresa. Hacienda no tiene capacidad para interferir en la gestión concreta del gasto. Todas las actuaciones fueron a instancias de la Intervención; lo que propone la Intervención es lo que se hace, en este caso no propuso nada (...)”, recoge el acta de su comparecencia firmada por el propio imputado tras finalizar su interrogatorio.

En el caso de las ayudas sociolaborales puestas en entredicho, dependían de la Consejería de Empleo, cuyo titular durante una época, José Antonio Viera, declaró este martes ante el mismo magistrado, descargando la responsabilidad en sus subordinados. Por ahora, los interrogatorios están consistiendo en eludir responsabilidades en otros.

Según relató al magistrado Jorge Alberto Barreiro, tal y como consta en la comparecencia firmada por el imputado, la Consejería de Hacienda concedía una partida presupuestaría a Empleo y después esta transfería dinero al Instituto de Fomento de Andalucía (después IDEA) desde la que se materializaban las ayudas. Los presupuestos concedidos por la Consejería de Hacienda iban avalados por el Parlamento andaluz, que en último término es el que autoriza el gasto. Después, la consejería que recibe el dinero –no la que lo concede– es la que debe determinar cómo emplearlo. “La gestión del gasto les corresponde a los entes correspondientes”, recoge la comparecencia.

Las ilegalidades no llegaron a su conocimiento

No sólo Griñán no participó en esta estructura fraudulenta, sino que el tiempo que estuvo como consejero, entre 2004 y 2009, incrementó el control financiero para solventar las deficiencias detectadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA), según su versión ante el juez. Ahí es otro punto clave de su interrogatorio: el papel de la Intervención. En contra del criterio mantenido por la juez que lleva este asunto en Sevilla, Mercedes Alaya, para el imputado la Intervención “nunca dijo que el método de las transferencias fuera ilegal”, sino que había que mejorar el control financiero, como así se hizo, según consta en el acta de su declaración.

Griñán, que abandonó la presidencia por responsabilidad política y no porque tuviera ninguna implicación –según le dijo al juez– explica que en 2009 la IGJA recoge en un informe una discrepancia contable a la hora de regular la encomienda de gestión, extremo que, según el imputado, se subsanó. Respecto de un informe anterior en el que se alertaba supuestamente por parte de la Intervención de una serie de incumplimientos normativos –entre 2004 y 2006–, el senador aseguró que ese documento fue notificado a su viceconsejero pero “no llegó a su conocimiento” porque en ningún momento el organismo le requiere que actúe, sino que se lo manda con carácter únicamente informativo. “La propia intervención es la que tiene que actuar y, si no le hace caso, lo eleva a través del consejero. En ese informe lo que se detecta es un incumplimiento normativo en la fase de ejecución del gasto”, es decir, responsabilidad de la Consejería de Empleo, no de la suya.

El interventor no vio ninguna ilegalidad

Es el interventor quien, a juicio del exministro de Trabajo, debe actuar en caso de ver irregularidades y si no lo hizo fue porque no vio ninguna ilegalidad. Así, recalcó al magistrado que él como consejero de Hacienda no tenía competencias para actuar sobre otras consejerías si no se lo proponía la Intervención a través del informe correspondiente. Sin embargo, en este caso, lo que hizo el interventor fue informar de los desajustes presupuestarios, no de incumplimientos. Respecto de informes externos que alertaron en 2008 y 2009 sobre los problemas de la mecánica del sistema de transferencias para cambiar este sistema, indicó que, habiendo en la Junta un gabinete jurídico o la Intervención General, no tenía por qué escuchar a agentes ajenos.

Griñán, que quiso dejar claro ante el juez que no pretende culpar al interventor de dejación de sus funciones, sí quiso dejar constancia que si el Gobierno andaluz no le dijo en su momento a ningún consejero que estaba incumpliendo la norma, a él, como titular de Hacienda, no se le puede señalar como responsable, cuando el propio Parlamento había dado el visto bueno a los presupuestos.

Estas partidas las aprueba el Parlamento “y todos tienen la memoria que se acompaña al presupuesto. Que la partida es para ayudas sociolaborales. Cómo se aplica y cómo se gestiona esa transferencia corresponde al departamento concreto. Todos los informes coinciden en que presupuestariamente no hay problema. Cuando se tienen noticias por los informes que hace Intervención que el procedimiento más adecuado es la encomienda de gestión, así se hace. No es un problema de presupuesto, sino de ejecución del gasto. La encomienda de gestión está regulada por ley. El problema no estaba en la presupuestación, sino en la ejecución del gasto”, concluye.