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El TSJA reprueba la política urbanística de la exdelegada del Gobierno en Andalucía
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RIGIÓ ADRA (ALMERÍA) ENTRE 2003 Y 2011

El TSJA reprueba la política urbanística de la exdelegada del Gobierno en Andalucía

Una sentencia del TSJA falla contra el Ayuntamiento de Adra, dirigido por la exdelegada del Gobierno en Andalucía, por la venta irregular de solares por un valor de seis millones de euros

Foto: La ministra de Fomento, Ana Pastor (i), junto a la candidata del PP al Parlamento Andaluz, Carmen Crespo. (EFE)
La ministra de Fomento, Ana Pastor (i), junto a la candidata del PP al Parlamento Andaluz, Carmen Crespo. (EFE)

Una sentencia del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) ha puesto en la picota la política de Urbanismo de Carmen Crespo, delegada de Gobierno en Andalucía hasta hace un mes, en su etapa de alcaldesa de Adra (Almería) entre 2003 y 2011. Este municipio vendió suelo público mediante subasta de una manera irregular por un valor de seis millones de euros. El TSJA argumenta que ese dinero no se destinó a crear VPO o a rehabilitar viviendas, como marcaba la reforma en 2003 de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía).

El fallo judicial contra la exdelegada del Gobierno se emitió el lunes 23 de marzo, justo el día después de las elecciones autonómicas. La candidatura de Crespo, número uno de la listas del PP por Almería de los comicios andaluces, fue la única que ganaron los populares. Los hechos enjuiciados por el Alto Tribunal Andaluz se originan en un contencioso administrativo de la Junta de Andalucía con Adra del año 2006.

Fuentes jurídicas próximas al caso explicaron a este diario que Crespo dejó un Ayuntamiento “casi en quiebra”, con una deuda de 30 millones de euros, según la Plataforma Ciudadana Abderitana. Para intentar remediar esta situación, tanto la exalcaldesa como su sucesor se dedicaron a recalificar suelo rústico por urbano “para cobrar más IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y justificar el plan de pago a proveedores del Gobierno”. Esta situación ha provocado que los dueños del terreno de los invernaderos se hayan encontrado con problemas de financiación bancaria. “Se ha producido un decaimiento de la oferta agraria. En Adra se está imponiendo todo el suelo urbano”, apuntan estas mismas fuentes.

“Este asunto no tiene nada que ver con ella. Es de hace muchísimo años y se trata de un mero contencioso administrativo entre dos Administraciones en las que cada una cree que lleva razón y se resuelve judicialmente”, destacaron fuentes próximas a la política almeriense. Las mismas fuentes destacaron que la subasta era “más transparente que un concurso”. Para el PP resulta “injustificable que no se cuente que existe una excepcionalidad en la ley (el artículo 76 de la LOUA) que permite destinar recursos obtenidos por la enajenación del patrimonio a solventar el déficit de infraestructuras de una ciudad como se hizo en Adra”.

Privatización del servicio de basuras

Esther Gómez, representante de la plataforma que se presentará a las elecciones municipales, explica a este diario que aún queda por resolverse otro asunto judicial de la etapa de Crespo al frente de la Alcaldía. Se trata de la privatización del servicio de basuras, impulsada en 2004, que ha costado seis millones de euros. Esta decisión ha supuesto "una peor prestación del servicio y un encarecimiento considerable de los recibos. Como en todas las decisiones del equipo de gobierno del PP, acaban siendo siempre para el perjuicio de nuestro vecinos que tienen que pagar más por un servicio con peor calidad", según declaró Teresa Piqueras, portavoz del PSOE local, a Diario de Almería.

Para Gómez la sentencia del TSJA tiene una clara consecuencia: “Más deudas para los vecinos, que ya están suficientemente endeudados por las políticas de despilfarro y subidas de impuestos de doce años del PP en el Ayuntamiento de Adra y el primer eslabón que recibe un fallo judicial de una cadena de ventas de patrimonio de los abderitanos que Crespo y el PP han ido creando en sus años de gobierno municipal”.

Una sentencia del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) ha puesto en la picota la política de Urbanismo de Carmen Crespo, delegada de Gobierno en Andalucía hasta hace un mes, en su etapa de alcaldesa de Adra (Almería) entre 2003 y 2011. Este municipio vendió suelo público mediante subasta de una manera irregular por un valor de seis millones de euros. El TSJA argumenta que ese dinero no se destinó a crear VPO o a rehabilitar viviendas, como marcaba la reforma en 2003 de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía).

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