El PSOE aplaza su decisión sobre el escaño de Griñán hasta después de la investidura

El PSOE abrirá las negociaciones con los distintos grupos políticos para lograr la investidura después de la Semana Santa. Los socialistas han tenido esta semana algunos contactos telefónicos para cerrar los interlocutores y fijar la primera ronda de conversaciones destinadas a lograr la mayoría suficiente para que Susana Díaz pueda ser investida presidenta de la Junta. La dirigente socialista ha confiado a su secretario de Organización, Juan Cornejo, y al hasta ahora portavoz parlamentario, Mario Jiménez, el peso de las negociaciones. Insisten en que ven posibilidades de acuerdo y dejan la puerta abierta a atender las condiciones que los distintos grupos políticos han puesto sobre la mesa. No descartan acuerdos con ninguno de los partidos, incluido el PP, a pesar de que la formación de Juan Manuel Moreno Bonilla se mantiene firme en el ‘no’ a la investidura de Díaz. Sólo hay, en principio, una línea roja: Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Hasta ahora, era norma general que la designación de senadores por la comunidad autónoma fuera una de las primeras en adoptarse tras la composición del Parlamento andaluz. En esta ocasión, esa propuesta adquiere una especial relevancia. Entre los actuales senadores en el cupo socialista están dos imputados ante el Tribunal Supremo en el caso ERE. Se trata del expresidente Griñán y la exconsejera de Presidencia Mar Moreno. Los socialistas tratarán de evitar cualquier decisión sobre estas actas antes de la investidura. Fuentes del PSOE andaluz aseguran que “los senadores siempre se eligen después de la investidura, incluso después del pleno de conformación de las comisiones”. Alegan que en 2012, la elección de senadores por la comunidad autónoma se produjo “casi un mes” después de que Griñán fuera investido presidente. Saben que en esta votación no se podrían permitir la renovación del padrino político de Díaz.

Estos son los planes del grupo socialista que, a pesar de que no cierran la puerta a ninguna de las propuestas que los partidos han puesto sobre la mesa, se niegan a hablar de la condición, reclamada al unísono por Ciudadanos, con 9 diputados, y Podemos, 15, de que Griñán y Chaves, dejen sus actas en el Senado y el Congreso para que Susana Díaz pueda contar con el apoyo de sus diputados, o al menos con su abstención, para ser investida presidenta de la Junta. Los nuevos partidos, que exigen estas dimisiones más allá de lo que diga el Supremo, por “responsabilidad política” en la trama de los ERE, aseguran que este será uno de los primeros asuntos que se pongan sobre la mesa. Hablan de “higiene democrática” y de la necesidad de un gesto político de enjundia que les facilite ante la ciudadanía una posición favorable a la composición del futuro Gobierno. Ninguno de los partidos quiere oír hablar de unas nuevas elecciones en septiembre, lo que ocurriría en el caso de que en sucesivas votaciones la candidata del PSOE, con 47 de los 109 escaños de la Cámara, no obtenga mayoría suficiente para acceder a la presidencia.

La negociación será dura y contra reloj. Muchos de los interlocutores son nuevos y desconocidos. Podemos ha dejado las conversaciones en manos del secretario de Organización, Sergio Pascual, que se sienta en la cúpula de Pablo Iglesias en Madrid. La candidata Teresa Rodríguez no participará en las mesas de diálogo y ha designado a una persona de su confianza, Manuel Garí. Llama la atención que ninguno de los dos sea diputado andaluz. Ciudadanos tiene pendiente designar a sus interlocutores, pero el candidato Juan Marín ya señaló que será el secretario de organización nacional, Fran Hervías, quien lleve el peso de las negociaciones. Queda claro que las estrategias de los dos partidos que pueden resultar claves están controladas directamente por Madrid. Los candidatos de Podemos y Ciudadanos a las generales y responsables políticos de estas formaciones, Pablo Iglesias y Albert Rivera, se reservan así la última palabra sobre una decisión que los retratará y puede tener un alto coste en su futuro político inmediato.

El Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla sentará en la mesa de diálogo con el PSOE al portavoz parlamentario, Carlos Rojas, y a la diputada malagueña Esperanza Oña. Los dos son firmes convencidos de que deben oponerse a la investidura de Díaz. Especialmente Oña, que fue una aguerrida portavoz parlamentaria en los tiempos de Javier Arenas y que siempre ha sonado como una de las posibles candidatas con más tirón en Andalucía. Además, dejó claro su rechazo a puerta cerrada en la reunión de la ejecutiva popular para analizar el hundimiento electoral de este partido. El PP ha puesto como condición para dar paso a la lista más votada, una oferta que lanzó reiteradamente durante la campaña electoral y que no encontró respuesta de Díaz, que debe alcanzarse un pacto “bidireccional” que afecte a las municipales. El PP se garantizaría así conservar algunas de las ocho capitales donde actualmente gobierna y las encuestas señalan que podría perder la mayoría absoluta que lograron en las últimas locales. Esta es la única de las ofertas sobre la mesa que Susana Díaz ha rechazado en público de forma tajante. Las vías de diálogo con el PP son muy estrechas, aunque fuentes del PSOE transmiten que no imaginan que en el caso de que sólo la abstención de los populares impidiera unas nuevas elecciones no habría cambio de postura. Cuentan con que Mariano Rajoy no permitirá esa foto fija, cuando es uno de los mayores defensores de la necesidad de estabilidad y diálogo entre los dos grandes partidos.

Fuentes del PSOE aseguran que Díaz no se plantea pedir a los expresidentes que dimitan de forma voluntaria para facilitarle con ese gesto la investidura

Izquierda Unida también se mantiene firme en su ‘no’ a Díaz, aunque su debacle electoral y sus cinco diputados convierten su posición en casi irrelevante. De hecho, este partido, que gobernó con el PSOE los últimos tres años, ni siquiera aparece entre las mayores preocupaciones de los negociadores de Díaz. Los socialistas tienen poco claro cómo funcionarán sus interlocutores de Podemos y Ciudadanos, novatos y fuera del Parlamento. Creen que el partido de Pablo Iglesias emite señales positivas para el diálogo y está dispuesto a alcanzar acuerdos. Sobre las condiciones impuestas, que Madrid rebajó a propuestas y luego volvió a señalar como líneas rojas, los socialistas ven margen en cuanto a la exigencia de que se reduzcan altos cargos y se frenen los desahucios. Las señalan como “asumibles”. Sin embargo, no quieren ni oír hablar de las dimisiones de Chaves y Griñán. Podemos, con sus condiciones, ataca tres de los pilares del PSOE: a los mentores políticos de Susana Díaz y expresidentes del partido, a las relaciones de la Junta con la banca y a la Administración periférica, en la que en cuatro años la Junta no ha sido capaz de cumplir con su palabra de inventariar directivos y salarios, y poner orden.

Fuentes del PSOE aseguran que Díaz no se plantea pedir a los expresidentes que dimitan de forma voluntaria para facilitarle con ese gesto la investidura. La presión es fuerte y Ferraz tampoco será un aliado después de que la dirigente andaluza haya dejado claro que decidirá con autonomía y sin atender las directrices del PSOE nacional sobre su política de pactos y alianzas. La posición de la candidata socialista en este punto es firme. Aseguran que no se moverá ni un milímetro y que sólo reclamará la dimisión de Chaves y Griñán, citados a declarar ante el Supremo el 9 y 14 de abril, justo antes de la constitución del Parlamento andaluz, si el juez decide seguir adelante con la causa y los imputa de delitos concretos. Fuentes del PSOE informan, además, de que ninguno de los históricos socialistas ha ofrecido de forma voluntaria su renuncia para allanar la encrucijada del Gobierno andaluz. Esto podría suponer que quedaran desaforados y por tanto en manos de la juez Mercedes Alaya. Además, ambos están plenamente convencidos de su inocencia y no creen justo que se ponga sobre ellos el foco de las negociaciones. El PSOE tratará, por tanto, de desviar la atención sobre otras medidas, aseguran, que “afecten directamente a la vida de los ciudadanos” y se alejarán de lo que consideran estrategias “partidistas”. Digan lo que digan, las condiciones de Ciudadanos y Podemos están ahí. Alguien tendrá que ceder.