La Junta cuelga 200.000 contratos y subvenciones limitados a la etapa de Díaz

Cualquier contrato público o subvención concedida por el Gobierno andaluz a partir de enero de 2014 está ya a golpe de un clic de ratón en el portal de la transparencia. Esta ha sido una de las grandes promesas de la presidenta Susana Díaz ante la mancha de corrupción que el caso de los ERE y el del fraude de los cursos de formación ha extendido sobre la administración andaluza.

Sin embargo, ninguna de la información que afecta a estos presuntos fraudes, que están en manos de los tribunales, podrá ser consultada. La transparencia se limitará, de momento, al Ejecutivo presidido por Susana Díaz, que asumió la presidencia en septiembre de 2013. No habrá carácter retroactivo. Las informaciones relativas a los gobiernos de sus antecesores, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, no serán de acceso público en el portal recién estrenado, según aclararon fuentes del Gobierno andaluz, que alegan problemas técnicos para volcar toda esa información.

Estos casi 200.000 datos sobre subvenciones y contratos públicos están ya publicados y en sucesivas actualizaciones, hasta el 30 de junio. La Junta acabará de desnudarse con datos eternamente reclamados como el número de altos cargos y directivos de sus empresas públicas, así como sus salarios o quiénes cobran cesantías y a cuánto ascienden tras dejar el cargo. No dan fechas concretas.

En plena negociación de su próxima investidura, Díaz ha activado la puesta en marcha de este portal que vinculó a la ley de transparencia aprobada el pasado junio por unanimidad de todos los partidos del arco parlamentario el pasado mes de junio. Entre las condiciones que Podemos, partido clave para allanar su investidura, ha puesto sobre la mesa para negociar con el PSOE está la exigencia de que se conozcan todos los altos cargos y asesores de las consejerías y los entes instrumentales de la Junta. El partido de Pablo Iglesias exige que se recorten en estos puestos de libre designación y se amplíen las plantillas de educación, sanidad y servicios sociales.

El Gobierno andaluz ha desvinculado este portal de la transparencia de las negociaciones políticas abiertas para alcanzar la presidencia de la Junta, sin embargo no es casual que este gesto llegue justo cuando están a punto de arrancar unas conversaciones que tendrán que tener conclusiones poco después del 16 de abril, fecha prevista para la constitución del nuevo Parlamento salido de las urnas el pasado 22 de marzo. El portal ha costado 43.000 euros y ha contado con el trabajo de 50 funcionarios y asesores externos.

El nuevo portal de la transparencia, según el compromiso adquirido por el actual consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, también dará cuenta de las exoneraciones aprobadas para los beneficiarios de subvenciones públicas. Tras estallar el escándalo de los cursos de formación, la Junta admitió que en 2012 firmó 1.162 exoneraciones a empresas, consorcios, asociaciones, ONG, ayuntamientos, sindicatos y patronal, que habían gestionados estos fondos públicos. Esa autorización masiva expresa de la Consejería de Economía que justificó “por interés social” hizo general una práctica legal pero restringida a casos muy específicos.

Todos estos beneficiarios pudieron acogerse a nuevas órdenes de ayudas públicas sin acreditar que habían gastado correctamente los fondos recibidos para la formación a parados en convocatorias anteriores. Entre las empresas exoneradas estaban por ejemplo las del ex consejero Ángel Ojeda, principal imputado en esta trama y que acaparó casi 50 millones de euros públicos. Ese paso de la Junta creó gran malestar entre muchas empresas, que aseguraron que su documentación estaba presentada y en regla y que fue la Junta la que no cumplió con sus obligaciones. Desde entonces, el Gobierno andaluz no ha vuelto a dar datos concretos, con nombres y apellidos, sobre los expedientes con irregularidades.

La ley de transparencia incluye a toda la administración periférica de la Junta, donde existe más oscurantismo. La Consejería de Hacienda lleva ya cuatro años adoptando medidas para controlar a todo su sector público, integrado por empresas, agencias, fundaciones, consorcios y sociedades participadas. En el último Presupuesto aprobado, la Junta volvía a exigir a sus entes públicos que dieran detalles en sus memorias anuales del personal, cargos directivos y remuneraciones.

Será el portal de la transparencia, en los próximos meses, el que por fin desvele estos datos y arroje una radiografía de la llamada administración paralela de la Junta, que se lleva un asignación en 2015 de 871 millones de euros, contando hospitales públicos o la agencia de la dependencia. Todavía no hay fecha comprometida. La ley obliga a que todo esté colgado en la red en junio, al año de la entrada en vigor de la norma. Para los ayuntamientos la moratoria es más larga y cuentan con dos años para facilitar todos estos datos.

La ley de transparencia, aprobada poco después de la norma nacional, fija sanciones de entre 100 y 400.000 euros para quienes bloqueen la rendición de cuentas. Se contempla también la inhabilitación en cargos públicos para quien no facilite en tiempo y forma la información. Tras la publicación de subvenciones y contratos públicos, queda por ver hasta dónde llegarán los datos que se cuelguen en internet. Cualquier organismo que se financie en más de un 40% de fondos públicos, incluida la Iglesia o los colegios y hospitales concertados, deberán de facilitar todos sus datos. Otras instituciones como las universidades públicas andaluzas, que normalmente proporcionan información de sus presupuestos pero no de sus fundaciones y organismos anexos, tendrán también que terminar con la opacidad de estos gastos.

No se sabe la información que estará colgada y se actualizará de forma trimestral y lo que cualquier ciudadano tendrá que pedir de forma expresa, con compromiso de una respuesta en un plazo máximo de 20 días. Por ejemplo, ante la pregunta de si el uso de tarjetas bancarias con fondos públicos figurará en la red, la Junta aún no ofrece respuesta. Habrá un Consejo de Transparencia y Protección de datos, con un director con salario que deberá de nombrar el Parlamento por mayoría simple, para velar por el cumplimiento de la ley. Cada consejería tendrá además una unidad de transparencia.