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Andalucía presiona por otra prórroga para las rentas antiguas de pequeños comercios
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LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS

Andalucía presiona por otra prórroga para las rentas antiguas de pequeños comercios

La Junta asume las reivindicaciones del sector y abre una negociación con el Ministerio de Fomento para que se actualicen los precios gradualmente en diez años

Foto: La presidenta de la Junta, Susana Díaz. (EFE)
La presidenta de la Junta, Susana Díaz. (EFE)

El Gobierno andaluz presiona para que se fije una nueva prórroga a las rentas antiguas de los pequeños comercios que verán elevarse considerablemente sus alquileres con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Izquierda Unida ha asumido las reivindicaciones de la plataforma integrada por patronal, sindicatos y comerciantes y ha abierto una negociación con la ministra de Fomento, Ana Pastor, que de momento no ha dado ningún fruto.

El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez (IU), ha anunciado que pedirán una nueva moratoria al Gobierno central ante una situación que afecta, según sus estimaciones, a entre 20.000 y 30.000 tiendas tradicionales en Andalucía. Otras comunidades como Galicia, Valencia o Cataluña cuentan con plataformas similares a la andaluza, pero no con el respaldo de sus Gobiernos autonómicos.

El margen para la negociación es estrecho. La moratoria de la que ahora mismo disfrutan estos alquileres de renta antigua expira el 31 de diciembre. En esa fecha, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 prevé la desaparición de la mayoría de los contratos comerciales de renta antigua firmados antes de 1985. Los grandes locales ya fueron liberalizados. La nueva situación afecta a locales de pequeño tamaño, de no más de 2.500 metros cuadrados. Las consultoras estiman que muchas rentas pasarán de los 4.500 euros anuales a los 15.000, aunque el precio podría subir mucho más en enclaves emblemáticos como los cascos históricos de las grandes ciudades.

placeholder La ministra de Fomento, Ana Pastor. (EFE)
La ministra de Fomento, Ana Pastor. (EFE)

El Gobierno andaluz asume que la mayoría de estos empresarios se verán abocados a cerrar sus negocios y los espacios quedarán en manos de franquicias de grandes multinacionales. Anuncian una guerra política. No hay estimaciones oficiales del impacto en el empleo.

La pelea que asumirá la Junta de Andalucía insta a fijar otra moratoria de diez años más en los que las rentas, según explican, deberían ir acercándose a los precios reales del mercado inmobiliario de forma progresiva. No cabe recurso ni batalla judicial. La única arma es la negociación política, aunque el Partido Popular ha descartado ya modificar la legislación. Hace un mes el consejero andaluz del ramo envió una carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y le solicitó una reunión para abordar este asunto. A día de hoy no ha recibido respuesta. A la vez los afectados, reunidos en la plataforma ‘No al cerrojazo’, han abierto reuniones con los distintos grupos parlamentarios para presionar por otra prórroga.

El Gobierno andaluz sostiene que sólo haría falta introducir una nueva disposición a la norma que podría incluirse como enmienda urgente en cualquier proyecto legal que se tramite en el Congreso. Los afectados alegan que en un momento de crisis económica como el actual y cuando la renta familiar disponible para el consumo ha caído en picado, la mayoría de los comercios tendrían que echar el cierre. Aceptan actualizar sus alquileres, pero de forma progresiva. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) apoya la reivindicación.

Sin noticias del impuesto a las grandes superficies

El apoyo al pequeño y mediano comercio es una de las banderas de Izquierda Unida dentro del Gobierno andaluz. De hecho, este partido defiende, en contra de los socialistas, un nuevo impuesto para las grandes superficies que tiene muy difícil ver la luz. Cataluña sí lo ha aprobado. Hace un año, este partido inició una campaña de recogida de firmas ciudadanas a favor de esta tasa, que gravaría a los grandes comercios y que permitiría recaudar de las 400 grandes firmas que están instaladas en Andalucía entre 15 y 20 millones de euros anuales.

El pulso por este nuevo impuesto parece ya casi abandonado por parte de IU. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, siempre ha antepuesto los empleos generados por estas grandes superficies, con las que ha firmado varios acuerdos comerciales para promocionar la marca Andalucía. Las reuniones de la dirigente socialista con los grandes del Ibex 35 y su defensa de las grandes superficies han sido fuente de conflicto casi permanente durante los dos últimos años entre los socios de gobierno. En un momento en el que las relaciones vuelven a tensarse, IU no hace gala, de momento, de presionar por este gravamen.

La Junta aprobó ayer un nuevo plan comercial que protege al pequeño y mediano comercio, que supone el 93% del sector en Andalucía, según los datos oficiales. La proclama es que el Gobierno andaluz “no es neutral” y protegerá a los más pequeños. El documento prevé una inversión de 94 millones de euros hasta 2017, aunque la Junta aspira a recibir nuevos fondos europeos y eleva las ayudas hasta 115 millones de euros. Estiman que el pequeño comercio se ha convertido en un “sector refugio” en un momento de dificultades económicas y defienden que en la comunidad andaluza, al contrario de lo que ocurre en otras regiones, se contabilizan 1.616 establecimientos comerciales más desde 2010.

Las rentas antiguas del comercio tradicional no son el primer frente entre Gobierno y Junta. Andalucía también recurrió en julio de 2012 la ampliación de horarios comerciales aprobada por el ministerio de Luis de Guindos. El Gobierno abrió la mano con los periodos de rebaja y las aperturas en domingos y festivos, elevando el mínimo de ocho a diez aperturas festivas anuales. Mientras que comunidades como Madrid han instaurado la liberalización total para los horarios comerciales, en Andalucía el máximo permitido se fija en diez al año. La Junta sigue a la espera de que el Tribunal Constitucional dictamine sobre su recurso.

El Gobierno andaluz presiona para que se fije una nueva prórroga a las rentas antiguas de los pequeños comercios que verán elevarse considerablemente sus alquileres con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Izquierda Unida ha asumido las reivindicaciones de la plataforma integrada por patronal, sindicatos y comerciantes y ha abierto una negociación con la ministra de Fomento, Ana Pastor, que de momento no ha dado ningún fruto.

Izquierda Unida Susana Díaz
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