Las fianzas millonarias de Alaya arruinan a los ex altos cargos de la Junta imputados

Las millonarias fianzas de responsabilidad civil impuestas a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía imputados en el caso ERE están abocando a muchos de estos responsables políticos que ocupaban asientos en el tercer escalón de la Administración a situaciones de verdadera penuria económica. Así lo confirman varios abogados del caso que instruye la juez Mercedes Alaya tras una semana en la que el juzgado número 6 de Sevilla ha vuelto a activar más de una veintena de órdenes de embargo que estaban pendientes de tramitar. Cuentas bancarias bloqueadas, viviendas y coches confiscados y la opción de hipotecar las propiedades de familiares cercanos a los imputados para hacer frente a la fianza conforman el panorama habitual, según los letrados.

Las órdenes de embargo dictadas se corresponden en su mayor parte con los encausados en la primera semana de septiembre, cuando Alaya alcanzó la cifra de los 227 imputados en este macroproceso y señaló en la trama a nuevos ex altos cargos. También afectan a las cúpulas de la agencia IDEA y la extinta empresa pública IFA, organismos que actuaron como pagadores de las ayudas sociolaborales presuntamente fraudulentas. La mayoría de sus responsables, con rango de directores generales y adscritos a la Consejería de Economía, resultaron imputados en junio, justo antes de que Alaya empezara a preparar el envío de la causa al Supremo.

Con fecha de 3 de diciembre, el juzgado ha dictado varios decretos de embargo, a los que ha tenido acceso El Confidencial, que afectan a quien fue responsable de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río Muñoz, el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez y dos exdirectores de IDEA, Antonio Valverde y Francisco Mencía, así como al exviceconsejero de Innovación, Gonzalo Suárez. En total, sus fianzas suman casi nueve millones de euros. Se decreta el embargo de trece viviendas, un garaje, ocho vehículos y el bloqueo de sus cuentas bancarias, así como de las devoluciones pendientes de la Agencia Tributaria.

La fianza más abultada, de 3,4 millones de euros, es para el exinterventor de la Junta, cuyas declaraciones ante Alaya fueron definitivas para señalar en la causa a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al insistir en que trasladó en hasta quince informes las irregularidades a sus superiores. Los expresidentes aseguran que nunca tuvieron constancia del fraude en las partidas de Empleo, que la juez eleva a 855 millones de euros.

Estas órdenes se suman a otras cursadas también esta semana en lo que varios abogados aseguran que es un “goteo incesante y habitual” en la macrocausa. La reincorporación al juzgado de una de las funcionarias que habitualmente se encargan de notificar los embargos y que estaba de baja explica que esta semana los despachos de abogados que se ocupan de los ERE acumulen un listado de más de una veintena de embargos a exresponsables de la Administración autonómica. Tendrán cinco días para presentar sus recursos contra la decisión judicial.

Según confirman fuentes judiciales, sólo algunos de los imputados, como es el caso del presidente de Unicaja, Braulio Medel, han podido hacer frente a la fianza decretada por Alaya, de 482.790 euros, y que se formalizó el pasado octubre. En ese mismo auto se decretó también fianza civil de cuatro millones de euros al exconsejero de Innovación Martín Soler, que se encuentra igualmente entre los embargados.

Magdalena Álvarez, el precedente

Para la mayoría de los casi treinta ex altos cargos imputados en los ERE, la situación de ruina es total. El bloqueo de las cuentas bancarias impide que puedan desarrollar cualquier actividad habitual. Uno de los casos más sonados fue el de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, que vio embargados todos sus bienes. El pasado octubre la Audiencia de Sevilla anuló la fianza de 29,5 millones de euros impuesta a la también exministra y que le embargó varios inmuebles y sus cuentas bancarias.

Su entorno más cercano narra cómo durante meses tuvo que ir personalmente a la ventanilla de su sucursal bancaria para entregar el dinero de la hipoteca porque cualquier ingreso era bloqueado por el banco. La Audiencia de Sevilla abrió con Álvarez la puerta para que muchas otras fianzas civiles millonarias sean revocadas.

Esta realidad está muy relacionada con el episodio vivido hace un par de semanas, cuando la Agencia IDEA aprobó una provisión de fondos, 900.000 euros, que preveía hacerse cargo de las defensas de sus ex altos cargos imputados si el pleito emprendido con las aseguradoras no prosperaba. IU frenó en seco esta operación, lo que ha desencadenado fuertes roces en el seno del Gobierno andaluz. La agencia paga desde hace décadas un seguro de responsabilidad civil obligatorio para todas las empresas públicas, pero las compañías se niegan ahora a asumir los costes de las defensas de los ERE. La Junta no abona en este momento, insisten fuentes del Gobierno andaluz, ningún abogado a los imputados y seguirá sin hacerlo.

La instrucción de los ERE, que se alarga desde diciembre de 2010 y que está en una parte ante el Tribunal Supremo, se prolonga durante más de tres años y los abogados alertan de los problemas que originan estas macrocausas para los procesados, que siguen a la espera de juicio y una sentencia firme. “El problema no está en estos embargos concretos, sino en la perversión que supone que se arruine la vida para muchos de los imputados”, que previsiblemente al final saldrán absueltos o con penas muy inferiores a las fianzas fijadas, indica uno de los letrados del proceso.

Ha ocurrido con otros grandes macroprocesos juidiciales en España. Las fianzas civiles impuestas por Alaya hasta el momento exceden ya los 3.000 millones de euros, confirman fuentes judiciales, una cantidad que triplica la cuantificación del fraude que hace la propia magistrada.

Pero no sólo los ex altos cargos están arruinados por el caso de los ERE. El Parlamento andaluz vivió ayer otro episodio de enfrentamiento entre el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, y el grupo parlamentario de IU. La causa son los inocentes afectados por el ERE fraudulento de Hitemasa, una empresa textil de Málaga. Tras el estallido del caso, la Junta no abona las pólizas de los 194 prejubilados de forma regular en este expediente de empleo, en el que se detectaron intrusos. IU exige una solución para estas familias y amenaza con acudir a los tribunales si no se resuelve el conflicto.