Andalucía desinfla su renta básica y la restringe a parados sin ingresos

Es uno de los grandes acuerdos incluidos en el pacto de coalición sellado entre PSOE e IU en 2012 en Andalucía. Esta promesa política, que lleva meses dando tumbos en una comisión del Parlamento andaluz, no tiene dotación económica ni muchas posibilidades de ver la luz en un maltrecho presupuesto. Una estimación a la baja habla de 300 millones de euros anuales para sufragar esta norma. Sin embargo, el Gobierno andaluz no desiste de prometer que habrá una ley inminente que articule el derecho a esta prestación antes de las próximas elecciones.

Aunque en Andalucía se habla de renta básica, no tiene carácter universal ni la podrán cobrar todos los ciudadanos independientemente de sus ingresos. Sería absolutamente inviable. El modelo andaluz define más bien una prestación social o un subsidio dirigido a familias en situación límite y sin ingresos. Y además la parte socialista del Gobierno dibujó un salario vinculado a un trabajo o una prestación para la sociedad. Para muchos es una necesidad imperiosa en una comunidad con 200.000 familias sin ningún ingreso mensual. Para otro es un nuevo PER urbano que solo alimentará la cultura del subsidio con la que se identifica a Andalucía.

Ahora que Podemos ha descabalgado por imposible la renta básica universal de su programa económico, Izquierda Unida parece más que dispuesta a reivindicar una norma en Andalucía que la articule. Hay consenso en el grupo de trabajo abierto en febrero de este año y que ya va por la segunda prórroga. Han sido unos ocho meses de debate en los que han opinado organizaciones sociales, ayuntamientos o universidades. La mayoría de los pronunciamientos han sido a favor, aunque otros como la Universidad Loyola han advertido del peligro de una renta que disuada de buscar un empleo. El objetivo era fijar el alcance y las condiciones de un derecho recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Los tres partidos políticos en el Parlamento andaluz, PP, PSOE e IU, coinciden en la necesidad de articular esta renta básica. Hay consenso pero con muchos matices.

El Presupuesto actual destina al salario social 90 millones de euros anuales. El Ingreso Mínimo de Solidaridad actualmente lo cobran en Andalucía unos 130.000 andaluces. Asciende a 397,67 euros mensuales que pueden incrementarse en 51 por cada miembro de la familia hasta un máximo de 641 euros que se perciben por un tiempo máximo de seis meses. Existe el compromiso legal de resolver las solicitudes en un tiempo máximo de tres meses, aunque el defensor del pueblo ha alertado de demoras que se extienden hasta un año para familias que están en situación límite. Desde 2007, la Junta ha visto cómo se duplicaba el número de solicitudes de esta ayuda.

Cada vez surgen más dudas sobre qué diferenciará este salario social que ya existe con la llamada renta básica que articulará una futura ley. El diputado de IU Manuel Baena, miembro del grupo de trabajo del Parlamento andaluz, admite que se trata más bien de fijar de forma generalizada una renta para todas aquellas personas que carecen de ingresos, modificando la cantidad a percibir según criterios como los miembros de la familia sin ingresos o el número de menores o dependientes a su cargo. La única diferencia con el actual salario social reside en que la futura renta básica no tendría límite temporal y se prolongaría durante todo el tiempo que la familia permaneciera en situación de riesgo o exclusión.

Baena señala que se trataría de aunar todas las ayudas sociales que ahora mismo dispone la Junta en su presupuesto y fijar una ventanilla única que tramite este subsidio en un tiempo máximo de quince días desde su solicitud. Si se integran todas las partidas sociales actualmente existentes, tampoco haría falta un esfuerzo presupuestario imposible de asumir, asegura este diputado. Y tampoco sería hacer realidad la promesa tanto tiempo sostenida por el Gobierno andaluz.

El último plan de inclusión social de la Junta de Andalucía perfila claramente el camino que quiere fijar el PSOE para esta renta básica. Por primera vez desde 1991, con carácter de ensayo, el salario social se vincula a un itinerario laboral. La Junta bonifica a ayuntamientos y empresas de la economía social para que contraten a parados de larga duración. Esos contratos se harán imprescindibles para cobrar esta prestación en algunos casos. Este es el modelo que quieren plasmar en la futura ley de renta básica. IU no parece estar del todo de acuerdo.

El Partido Popular en Andalucía también se ha mostrado a favor de una renta básica que, según organizaciones como Cáritas, no serviría, limitándose a sumar todas las ayudas que ahora mismo hay sobre la mesa y que supondría triplicar el actual presupuesto hasta un mínimo de 300 o 400 millones. Después de tres años desde que PSOE e IU sellaron este compromiso en su pacto de Gobierno, las organizaciones sociales y los sindicatos se han cansado de esperar la ley y promueven su propia iniciativa legislativa popular. Ahora mismo están en plena recogida de firmas para alcanzar las 40.000 necesarias que permitirían promover este debate en el Parlamento andaluz. El tiempo se agota y la renta básica entra en su recta final.

Cáritas advierte de que ya está bien de tanto debate teórico y exigen medidas urgentes. Han ido ya tres veces a dar su opinión a la Cámara andaluza, pero los partidos siguen sin decidirse. Según el último informe de la Fundación Foessa, en Andalucía más de dos millones de personas, el 25% de la población, vivieron en 2013 una situación de exclusión social. Cerca de 697.000 hogares. La mitad son clasificados en riesgo y situación grave. Eso sí, la alta tasa de paro, 35%, es el principal problema y eso no lo soluciona ningún subsidio social, coinciden los expertos.