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El ‘número dos’ del Guadalquivir infló en 1,3 millones la limpieza del río en Córdoba
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A UNA EMPRESA AMIGA, SIN CONVENIO NI INFORME AMBIENTAL

El ‘número dos’ del Guadalquivir infló en 1,3 millones la limpieza del río en Córdoba

Rafael Álvarez Giménez infló en 1,3 millones la limpieza del río a su paso por Córdoba “para corregir los daños causados por las excepcionales precipitaciones”

Foto: Foto de archivo del Guadalquivir a su paso por Córdoba. (EFE)
Foto de archivo del Guadalquivir a su paso por Córdoba. (EFE)

El comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Rafael Álvarez Giménez, número dos del organismo, infló en 1,3 millones la limpieza del río a su paso por Córdoba “para corregir los daños causados por las excepcionales precipitaciones”, según anunció el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el pasado mes de mayo. Álvarez Giménez encargó esta obra, localizada en ocho hectáreas, a una empresa amiga: Viguecons Estévez. Costó 1,8 millones de euros frente a la mitad que podría haber costado según las tarifas de Tragsa, el holding público especializado en obras dependiente de la SEPI.

La retirada de los sedimentos (áridos) debe realizarse previa autorización de la confederación y a un vertedero autorizado. No fue así. Los áridos se trasladaron a una parcela particular propiedad de la empresa Viguecons Estévez SL quien realizó la obra con la empresa Caminos y Cauces SA. Viguecons Estévez SL, que ha conseguido el último Proyecto de Red de Saneamiento del entorno de Doñana. Fase V Fondos FEDER por 4,2 millones de euros, es propiedad de Francisco Rafael Estévez, adjudicataria de numerosas obras para la Diputación y Ayuntamiento de Córdoba por su amistad con Rafael Ruiz Giménez, director general de Infraestructuras del Ayuntamiento. Ruiz Giménez es primo hermano del comisario de aguas y fue enlace entre ambos, La amistad de Estévez con el comisario de Aguas está detrás de este jugoso contrato.

En realidad no se trataba de una obra de emergencia sino de una restauración (adecuación y recuperación) que debería ejecutar el propio Ayuntamiento de Córdoba, que es quien tiene las competencias. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, muy buena amiga del presidente de la confederación, Manuel Romero Ortiz, con quien almuerza con frecuencia en restaurantes de Sevilla, anunció en diciembre de 2013 que la obra en el Guadalquivir a su paso por Córdoba “demostraba el compromiso del Gobierno de España” con la confederación al incrementar la inversión en un 15% hasta alcanzar los 145 millones de euros. El coste de esta obra se incluiría en esta cantidad.

La “toma en razón”, esto es, el visto bueno del presupuesto de la obra, se produjo nueve meses después del inicio del proyecto. Así, se incumplió el plazo que marca la legislación Articulo 113 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público. En el Consejo Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba tampoco existe informe ambiental realizado por el propio consejo. El informe debe ser anterior al inicio de las obras y a realizar por los técnicos funcionarios del Ayuntamiento.

Tres millones de euros a dedo

Las obras no han servido para nada. La vegetación frondosa ha regresado al Guadalquivir cuando apenas han pasado 11 meses de la actuación que permitió la limpieza en el cauce del río a su paso por Córdoba. El tiempo ha tardado muy poco en invalidar la actuación y en dejar un paisaje muy parecido al mes de septiembre de 2013. Está previsto que la próxima semana las asociaciones vecinales se reúnan con los implicados en la obra del río para preguntar cuánto dinero más va a seguir invirtiendo la confederación en este proyecto.

Álvarez Giménez asumió la Comisaría de Aguas gracias a su amistad personal con la secretaria general del organismo, Consolación Vera. El número dos de la confederación fue gerente en Córdoba de la extinguida Agencia Andaluza del Agua, durante la transferencia del Guadalquivir a la Junta de Andalucía. Su cargo y sus relaciones de amistad con diversos contratistas, empresarios y cargos públicos de la capital cordobesa le ha llevado a que en esta nueva etapa lleve ya adjudicados más de tres millones de euros a dedo a empresas amigas, como ya publicó El Confidencial el pasado 29 de septiembre.

Como ya denunciaron al Ministerio los empleados públicos de la confederación en sus escritos de 10 de febrero de 2014 y también de febrero de 2013, que ya tiene en su poder la senadora socialista Fuensanta Coves, que provocó una intervención de la ministra en la Cámara Alta, el comisario de Aguas ha paralizado los trabajos que realizaban los funcionarios sobre los expedientes no resueltos por la Junta de Andalucía. Estaba prevista su tramitación a empresarios amigos con la excusa de agilizarlos. “Estas labores sirven para preservar la transparencia en el procedimiento y deben ser realizadas por funcionarios del organismo. A fecha de hoy el grueso de los expedientes siguen sin resolverse”, según critican fuentes de la confederación consultadas por este diario.

Expedientes sin resolver

El comisario de Aguas se jacta en conversaciones con técnicos de la confederación de que el escándalo de las adjudicaciones que lleva publicando El Confidencial desde el pasado mes de julio no le afecta. La Inspección de Servicios del Ministerio continúa con su investigación a fondo de los pliegos de obras y servicios que afectan al presidente, a la secretaria general y al comisario. Los empleados del organismo esperan el informe de la Inspección. “No está contando con el Ministerio y eso nunca había pasado en la confederación, siempre hemos sido muy disciplinados con Madrid. Romero Ortiz, que desconfía de todos los funcionarios, va por libre y la directora general del Agua no lo aguanta”.

El presidente, vinculado al PP de Granada, alardea de su “vieja amiga” Carolina González Vigo, granadina, parlamentaria de los populares andaluces por la provincia de Sevilla, próxima a Javier Arenas. La pareja de González-Vigo, José Luis Calvo Borrego, es el dueño de Isotrol, que se ha llevado la adjudicación de la seguridad de las presas y sustituyó a Abengoa en el sistema para evitar inundaciones en el Guadalquivir.

El comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Rafael Álvarez Giménez, número dos del organismo, infló en 1,3 millones la limpieza del río a su paso por Córdoba “para corregir los daños causados por las excepcionales precipitaciones”, según anunció el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el pasado mes de mayo. Álvarez Giménez encargó esta obra, localizada en ocho hectáreas, a una empresa amiga: Viguecons Estévez. Costó 1,8 millones de euros frente a la mitad que podría haber costado según las tarifas de Tragsa, el holding público especializado en obras dependiente de la SEPI.

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