Los diputados andaluces y sus parejas harán públicas sus rentas en la web del Parlamento

Los diputados andaluces harán públicas en la web del Parlamento de Andalucía sus declaraciones anuales de la renta y las de sus parejas. En el caso de los cónyuges, ninguna ley puede obligar a que se hagan públicas. Será solo opcional. PSOE e IU sí darán instrucciones en sus grupos parlamentarios para que la medida se cumpla. El PP avisa de que el gesto será “voluntario”. Es una de las medidas recogidas en el pacto político por la transparencia que han alcanzado hoy los tres partidos de la Cámara. El acuerdo, que supondrá la reforma del Reglamento por lectura única, obligará además a los diputados a hacer públicas sus agendas dentro y fuera del hemiciclo, dispone sanciones en caso de faltas injustificadas y habilita julio como mes hábil en el que habrá sesiones plenarios, como ya avanzó El Confidencial. Las medidas se aprobarán en el primer pleno de diciembre y serán efectivas con carácter inmediato.

Las negociaciones lideradas por el presidente del Parlamento, el socialista Manuel Gracia, se han extendido casi un año. Finalmente, justo cuando Congreso y Senado caminan también hacia nuevas medidas que permitan mayor control de los ciudadanos de la actividad y el gasto parlamentario, se ha cerrado un acuerdo. El debate sobre si las parejas de los diputados y cargos públicos andaluces deben de publicar sus rentas no es nuevo. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, adoptó esta medida al llegar al cargo y dio orden de que todos los cargos socialistas imitarán el gesto. Están en la web de la Junta. No todos, ni siquiera en las filas socialistas, comparten que sea necesaria la medida. El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, sí publicó su renta pero se negó a hacerlo con la de su mujer, alegando que no tenía ninguna responsabilidad pública.

Hasta ahora las rentas de los diputados estaban en el Parlamento pero no se podían ver. Las custodiaban los letrados. A partir de que el nuevo Reglamento de la Cámara entré en vigor se podrán visitar en la web oficial. Las declaraciones de bienes e intereses, que recogen ingresos y patrimonio, sí eran ya de acceso público.

Los diputados que falten injustificadamente a los plenos y comisiones serán sancionados y se les restará automáticamente la parte correspondiente en su salario mensual. Los grupos parlamentarios quedan obligados a publicar anualmente las asignaciones económicas que reciban y lo que cobre cada diputado. La transparencia también se extenderá al Presupuesto del Parlamento y los contratos públicos que realice. Gracia se mostró convencido de que la Cámara andaluza se sitúa como líder en transparencia respecto al resto de España y confió en que se “abra camino”. No obstante, los partidos descartaron que estas medidas deban de ser asumidas por sus partidos en el Congreso o el Senado o que sean extrapolables.

Examenes de idoneidad

PSOE, PP e IU también han acordado que los candidatos a ocupar puestos en los órganos de extracción parlamentaria deben de pasar un examen de idoneidad. Serán sometidos por los diputados a una prueba antes de acceder al cargo, que será pública. Deberán exponer su trayectoria profesional y estarán sujetos a preguntas y aclaraciones de los distintos partidos políticos. Además los ciudadanos podrán participar en la elaboración de leyes, presentando enmiendas que deberán ser asumidas por alguno de los grupos parlamentarios.

Pese al pacto unánime, muchos asuntos se han quedado fuera. Los partidos no han logrado cerrar un acuerdo para facilitar la creación de comisiones de investigación y el PP no ha conseguido que prosperen nuevas medidas de control al Gobierno o que se adopten sanciones en caso de que no cumplan con su obligación de responder a las preguntas de la oposición.

Ninguno de los partidos ha promovido cambios en las remuneraciones y dietas de los diputados. El presidente del Parlamento ha dejado claro que no cree que fuera objeto de esta reforma y ha insistido en que en Andalucía “no se cobran dietas sino indemnizaciones por asistencia y desplazamiento a los plenos”. UPyD ha reclamado que se devuelvan las dietas cobradas durante los meses sin actividad y que suman unos 140.000 euros. Tampoco variarán los salarios cobrados o las asignaciones por desplazamientos. Los grupos políticos insisten en que nada tiene que ver lo que ocurre en el Parlamento andaluz con los viajes en el Congreso y el Senado, donde se han tomado medidas tras el caso Monago.

El Presupuesto del Parlamento andaluz para 2015 ascenderá, según figura en la ley remitida por el Gobierno andaluz, a 43,6 millones de euros, un 1,9% más que en 2014 para restablecer las pagas extraordinarias de su personal. Se congelan las retribuciones e indemnizaciones de los diputados. 38,4 millones corresponden estrictamente a la Cámara andaluza y el Defensor del Pueblo Andaluz ejecutará de cinco millones. El sueldo base de un diputado andaluz está en 3.020 euros brutos mensuales, con complementos, en función del cargo, que oscilan entre los 1.537 euros del presidente de la Cámara a los 175 euros del secretario de una comisión parlamentaria. Sus señorías cobran además gastos de desplazamiento y dietas de entre 200 y 500 euros y disponen de móvil y tableta digital o portátil.

El acuerdo político a tres bandas para reformar el Reglamento del Parlamento es uno de los pocos pactos políticos de PSOE, PP e IU en esta legislatura. También hubo unanimidad al votar la ley de transparencia andaluza. El otro pacto parlamentario se cerró en secreto en mayo de 2013, cuando pese a la dura crisis económica, los partidos acordaron mejorar sus salarios subiendo linealmente sus complementos. Al trascender la noticia y tras una dura respuesta social, los diputados se vieron obligados a rectificar su decisión y volver a los salarios originales.

En la mesa de la negociación política quedan otros asuntos ligados a la regeneración política como la reforma de la Cámara de Cuentas, para aumentar el poder de auditar y sancionar de este órgano, o la redacción de una nueva ley que regule los altos cargos en la administración autonómica, donde no se sabe aún si se dictarán normas claras para poner orden en las empresas públicas. La Junta se ha comprometido a hacer públicos los salarios de todos los directivos de sus entes instrumentales y de vigilar que se cumpla la ley y ninguno de estos responsables cobre por encima del salario de la presidenta de la Junta (63.808 euros anuales).