Alaya insiste en extender el caso ERE hasta 2012, con Susana Díaz ya en el Gobierno

La juez Mercedes Alaya ha dado una nueva sorpresa y reclama ahora las actas de las reuniones de los ‘consejillos’, los foros preparatorios de los Consejos de Gobierno, integradas por los viceconsejeros y presididas por los consejeros de la Presidencia. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, Alaya, dentro del caso ERE, da un plazo de diez días a la Junta para que aporte estos documentos “desde el año 2001 hasta el 18 de octubre de 2012”.

En ese periodo los consejeros de Presidencia fueron sucesivamente los socialistas Gaspar Zarrías, Antonio Ávila, Mar Moreno y Susana Díaz, que se incorporó al Ejecutivo de José Antonio Griñán en mayo de 2012. La fecha que utiliza como límite al fraude coincide con la aprobación del nuevo decreto que cambió el sistema de concesión de las ayudas bajo sospecha e instauró el pago directo desde el Gobierno, suprimiendo las comisiones que se habían abonado hasta entonces. La juez tiene el caso en sus manos desde 2010.

Los letrados que representan a la Junta en este macroproceso ya presentaron alegaciones en contra de esta petición que hicieron los abogados del PP personados en el caso y que ahora Alaya retoma. La juez exige esos documentos internos para valorar si existía “conocimiento generalizado entre las más altas instancias de la Junta de Andalucía” sobre la “ilegalidad” de la “concesión y pago” de las ayudas sociolaborales. Reclama “poder investigar cuantas cuestiones eran analizadas en los citados Consejos”.

Todos los consejeros de Presidencia afectados por esta petición están actualmente en manos del Tribunal Supremo en su condición de aforados, señalados por la juez en el caso ERE y pendientes de que el Alto Tribunal decida, junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sobre una posible imputación.

Alaya incluyó en el último momento a los consejeros de la Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno en la exposición con la que elevó el caso al Supremo. Una maniobra en la que muchos socialistas leyeron la posibilidad de que el objetivo real de Alaya fuera Susana Díaz. Ahora, tras una semana especialmente complicada para la juez, insiste en rastrear el conocimiento de los consejeros de la Presidencia en esta trama fraudulenta y que ponen bajo la lupa judicial 855 millones de euros de fondos públicos.

En el inicio de la instrucción de los ERE, la juez ya libró un duro pulso con el Gobierno andaluz por las actas del Consejo de Gobierno en el que finalmente decidió el Tribunal Supremo en septiembre de 2011 dando la razón a la instructora. Alaya tuvo acceso a las 480 actas de las reuniones semanales del Gobierno andaluz durante una década tras considerar el Alto Tribunal que eran documentos públicos. La petición tres años después es muy similar.

Las reuniones del llamado consejillo son encuentros semanales para preparar los Consejos de Gobierno y tienen un carácter muy técnico, sin que se adopten decisiones políticas. Varias fuentes consultadas por este medio insisten en que no habrá nada de interés para la juez en estos documentos y muestran “total tranquilidad” frente a esta petición. Su rastreo en las actas de los Consejos de Gobierno no dio frutos en la búsqueda de pruebas directas para implicar a los máximos responsables de la Junta.

El Ejecutivo andaluz, ante esta nueva petición, insiste en “la colaboración” con la justicia y espera poder estudiar detenidamente el auto emitido el pasado 22 de octubre. Desde el PSOE andaluz han asegurado que se entregará la documentación solo si la petición está “bien fundamentada”.

El enésimo giro de Alaya al caso ERE, que sigue instruyendo a pesar de estar en el Supremo, llega en una semana especialmente complicada para la magistrada. La competencia de la juez en el nuevo macroproceso que está componiendo con los cursos de formación ha sido puesta en duda después de que el principal testigo, el funcionario Teodoro Montes, admitiera que había acudido un año antes a las puertas de su juzgado a poner su denuncia y que fue enviado a la Guardia Civil, que después puso el caso en manos de Alaya conectándolo con los ERE y a pesar de que otros tribunales ya investigaran este presunto fraude, según evidenciaron los letrados de la Junta.

La juez ha preguntado sobre la presunta financiación ilegal del PSOE a través de los cursos de formación, recibiendo como respuesta una queja de los socialistas andaluces ante el Consejo General del Poder Judicial. Alaya ha advertido de que tomará medidas personalmente frente a intentos de “coacción o amenazas” a su testigo y después de que varios de los perjudicados por el relato de Montes hayan anunciado acciones judiciales por falso testimonio. El fiscal Anticorrupción amparó a la magistrada y decretó para el funcionario la condición de testigo protegido. De momento, el Gobierno andaluz no ha movido ficha.