El indulto a 20.000 viviendas ilegales abre otra brecha en el Gobierno andaluz

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, comunicó en verano en una reunión informal a alcaldes de su partido en Almería y Málaga, las provincias más afectadas, que iba a modificar la ley urbanística de Andalucía para dar salida a un problema eterno en suelo andaluz: las viviendas ilegales. Después, se lo trasladó al embajador de Reino Unido en España, que había pedido abordar este problema con el Gobierno. Miles de los 300.000 propietarios de casas en suelo no urbanizable son británicos. Este tema incluso ha sido objeto de campaña electoral con la colonia inglesa. Sólo tras tomar la decisión de que iba a legalizar unas 25.000 viviendas ilegales ubicadas en la Axarquía y la costa almeriense, Díaz se lo comunicó a sus socios de Gobierno de IU. En el círculo político de la presidenta admiten que fue una negociación dura y con muchos tirones, pero estaban convencidos de que sus socios minoritarios, empujados también por muchos alcaldes del partido afectados por este problema, iban a apoyar la legalización masiva antes de las próximas municipales.

La sorpresa llegó en el Parlamento andaluz, cuando la bancada de los 12 diputados de IU se mostró en rojo al votar esta reforma urbanística que los socialistas habían incluido en las resoluciones del debate de la comunidad. IU se niega a aceptar una medida que va en contra de todo su argumentario a favor de la construcción sostenible y en contra del ladrillo ilegal. El apoyo del PP ha permitido a Susana Díaz sacar adelante esa amnistía al ladrillo en suelo no urbanizable. El asunto ha abierto un nueva brecha entre PSOE e Izquierda Unida en el seno del Gobierno cuando la inestabilidad política en el Ejecutivo andaluz comienza a ser ya una evidencia innegable.

La lectura política del bando socialista es clara. Creen que sus socios castigan esta medida que, insisten, estaba previamente pactada, porque la presidenta no ha zanjado de una vez por todas el ruido de adelanto electoral. El coordinador regional de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, dijo públicamente que tenía la palabra de la dirigente socialista de que en el debate de la comunidad iba a apostar por agotar la legislatura y llevar las elecciones a marzo de 2016. Susana Díaz se negó a jugar esa carta política y se movió en la ambigüedad. Sobre todo, insisten fuentes próximas a la presidenta, porque aún no tiene una hoja de ruta clara y sería absurdo, de momento, comprometer su palabra en algo que no sabe si va a poder cumplir.

Reunión en días

Es cierto que IU, antes incluso de saber si Díaz iba a comprometerse o no a agotar la legislatura, acogió con mucha frialdad el anuncio de esta legalización masiva de viviendas. A Maíllo pudo escuchársele decir que en este asunto se había precipitado y que iban a llevar la reforma urbanística al comité de enlace, el órgano político de ambos partidos que vela por el pacto de Gobierno, el próximo lunes. IU reclama “cautela” y advierte de que la presidenta se ha “precipitado”. Quieren más información, advierten, para saber si van a permitir que la reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía salga del Consejo de Gobierno.

El tema puede parecer menor, pero no lo es. El nuevo frente llega en un momento de tensión entre los socios de Gobierno por las dificultades para elaborar el próximo Presupuesto andaluz de 2015 y por la desconfianza creciente de una IU que ve con recelo la posibilidad de que Díaz convoque elecciones en cualquier momento. Los de Cayo Lara y Antonio Maíllo no quieren. Están nerviosos por el efecto Podemos que arrojan las encuestas y no quieren probar los primeros el daño que supuestamente les puede infligir el partido de Pablo Iglesias. Han abierto canales de interlocución con Podemos y otros partidos como Ganemos para concurrir de forma conjunta a las municipales. Unas autonómicas ahora mismo romperían toda esta estrategia.

Vuelta a la confrontación

Aunque la socialista Susana Díaz se ha afanado en dotarse en el debate de la comunidad de un relato político para este adelanto electoral, acusando al Gobierno central de “asfixiar” a Andalucía, abanderando la oposición a Mariano Rajoy y resucitando los tiempos más duros de la confrontación, los roces entre PSOE e IU siguen estando sobre la mesa. El estallido puede producirse en cualquier momento. El realojo de una veintena de familias okupas de la Corrala Utopía en Sevilla por parte de la Consejería de Fomento, de IU, hace cinco meses abocó al pacto de Gobierno a un callejón sin salida. Susana Díaz revocó competencias de vivienda a sus socios y confesó semanas después que había barajado seriamente convocar elecciones por este pulso político en el que ambos protagonistas se encargaron de poner altavoces a su pelea interna.

Las viviendas ilegales también han costado algún que otro disgusto al Gobierno andaluz, cuando, tras destaparlo El Confidencial, tuvo que dimitir el director general de Energía de la Junta por tener una casa sin licencia enganchada de forma pirata a los suministros oficiales de luz y agua. La Consejería de Medio Ambiente, competente en la reforma urbanística, asegura que no se trata de una amnistía y que la de legalizar algo más de 20.000 viviendas ilegales es una decisión que se lleva madurando desde hace mucho tiempo en el Gobierno andaluz. Aún está por definir qué casas entrarán en el indulto. Se las dotará de legalidad, aunque la naturaleza de suelo no urbanizable no cambiará. Serán viviendas de propietarios individuales, nunca grandes promociones o ladrillo en manos de bancos o inmobiliarias, aseguran desde el Ejecutivo andaluz. Ahora IU tiene que dar el visto bueno. O callarse y mirar hacia otro lado. O tensar la cuerda en un momento en el que, políticamente, no le interesa ningún enfrentamiento que pueda romper el Gobierno.