Alaya eleva al Supremo la causa contra Chaves y Griñán por el caso de los ERE

Al Supremo. La juez Mercedes Alaya ha elevado al Alto Tribunal la causa contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE falsos, con 201 imputados, y que lleva ya más de tres años de instrucción. Alaya preimputó a Chaves y Griñán el 10 de septiembre de 2013 en un polémico auto judicial. La Audiencia Provincial de Sevilla desestimó este escrito. Y la juez contraatacó en diciembre insistiendo en la preimputación de Chaves y Griñán.

Para confirmar la preimputación, la juez se remitió a las declaraciones del exconsejero de Empleo Antonio Fernández quien destacó que el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, tenía que tener “conocimiento del sistema de concesión de ayudas, al igual que el resto de los miembros del Consejo de Gobierno”. Alaya recuerda que Fernández dijo que un consejero nunca actuaba “en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta”.

Tal y como publicó El Confidencial el pasado 9 de abril, Alaya burlaba la Constitución y dos leyes (Orgánica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Criminal) con la decisión de preimputar a Chaves y Griñán y los exconsejeros aforados. “La preimputación es una figura jurídica desconocida y una actuación sin precedentes ni en España ni en otro país de la Unión Europea”, según declararon a este diario fuentes de un Alto Tribunal tras dejar agentes de la Guardia Civil vestidos de paisano y con armas la preimputación en el Congreso de los Diputados.

La juez ya había anunciado en autos recientes el "inminente fin" de la instrucción, aunque en ningún momento había dado pistas de una posible fecha. Eso sí, por el momento apenas se ha investigado el 5% de las 401 ayudas bajo sospecha y quedan por practicar importantes pruebas como la declaración de los cuatro auditores de la Intervención General del Estado en cuyo informe se basará la futura imputación a los aforados.

La Fiscalía Anticorrupción ya le había pedido a la magistrada que abriera una pieza separada por cada una de las ayudas investigadas contra Chaves y Griñán, además de cinco exconsejeros aforados y ahora también imputados como José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, todos ellos aforados. Alaya se niega a trocear la macrocausa judicial que mantiene vinculaciones con la trama de las facturas falsas de UGT e incluso con la estafa de los cursos de formación.

La magistrada llevaba preparando el escrito desde hace varios meses y lo ha terminado ahora justo antes de irse de vacaciones este mes de agosto. Hace apenas unos días el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla había solicitado cajas a la Junta de Andalucía para introducir el cuantioso sumario que incluye 180 tomos y más de 300.000 folios.

Las coincidencias y el ¿fin? de su carrera judicial

Mercedes Alaya se ha planteado abandonar la magistratura tras acabar la tortuosa instrucción de los ERE salpicada de recursos de letrados, de Anticorrupción y resoluciones a favor y en contra de la Audiencia Provincial de Sevilla a sus resoluciones. También de coincidencias que han beneficiado el calendario político del Partido Popular, como envío a prisión de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, al cierre del primer día de la campaña de las elecciones autonómicas.

Hay más casos: Juan Francisco Trujillo, ex conductor de Guerrero, más conocido como el chófer de la cocaína, declaró apenas cinco días antes de la celebración de las elecciones autonómicas. El caso más evidente fue el auto de preimputación de Chaves y Griñán que se dio a conocer justo el día de la toma de posesión del Ejecutivo de Susana Díaz: Tras conocerse la noticia, Emilio de Llera, consejero de Interior y Justicia de la Junta, se mostró incrédulo: “¿Es verdad que lo ha sacado [el auto de imputación] hoy? Será otra casualidad. Yo no conozco el auto. Me parece increíble. Hoy el protagonismo es del Gobierno, no de la juez. El Gobierno es más importante que cualquier juez de Andalucía”.